Trump obtiene PERMISO de la Suprema Corte de EEUU para reanudar deportaciones express a países ajenos al origen de migrantes
Críticos advierten riesgos de tortura y muerte para migrantes enviados a “terceros países” sin vínculos previos ni oportunidad de apelar.
ESTADOS UNIDOS.- — En una decisión sin firma y sin justificación escrita, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno de Donald Trump a reanudar deportaciones inmediatas de migrantes a países distintos a sus lugares de origen, incluso si no se les ofrece la oportunidad de demostrar el peligro que enfrentan en esos destinos.
¿Qué orden se levantó?
La Corte anuló provisionalmente una decisión emitida en abril por el juez Murphy, quien había ordenado al gobierno:
- Notificar a los migrantes si serían enviados a un país distinto al de origen.
- Otorgar al menos 10 días para que pudieran presentar un reclamo si temían persecución o tortura.
- Evitar traslados sin la posibilidad de una audiencia previa.
Deportaciones sin aviso, incluso a zonas en guerra
El fallo permite que la administración envíe migrantes a países como Sudán del Sur, donde persisten conflictos armados y graves riesgos para la seguridad.
Estos traslados son posibles gracias a acuerdos bilaterales con países “terceros”, como Panamá, Costa Rica o Sudán del Sur, firmados con el propósito de facilitar expulsiones cuando los países de origen se niegan a recibir a personas condenadas por delitos graves, como explicó el procurador D. John Sauer.
Con este fallo, la administración Trump puede:
- Deportar rápidamente a migrantes a países con los que tiene acuerdos, aunque estos no tengan vínculo previo con las personas.
- Evitar procesos legales como audiencias o reclamos previos, incluso en casos de riesgo.
- Justificar los traslados con “garantías diplomáticas” de que el país receptor no causará daño al deportado.
Supreme Court rules President Trump can resume third country removals without limited notice.
— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 23, 2025
It was a 6-3 decision with the usual dissenters.
This ruling means that illegals can be deported to countries that are not of their origin.
Big win for mass deportations and America! pic.twitter.com/zCMuO8DOFQ
¿Quiénes son los afectados?
La demanda fue presentada en representación de migrantes procedentes de:
- Cuba
- Honduras
- Ecuador
- Guatemala
Todos ellos ya tienen órdenes de deportación, pero no pueden ser enviados a sus países de origen por diversas razones legales o diplomáticas. La disputa no se enfoca en impedir las deportaciones, sino en garantizar un proceso justo antes de ejecutarlas.
Críticas dentro de la Corte
La votación no fue unánime. Los tres jueces liberales (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson) disintieron enérgicamente.
Según Sotomayor, “miles sufrirán violencia en lugares lejanos”, pero a la mayoría conservadora del tribunal eso le parece más aceptable que la posibilidad remota de que un juez “haya excedido su autoridad”.
En su opinión de 19 páginas, Sotomayor advirtió:
“La decisión de hoy expone a miles al riesgo de tortura o muerte. El gobierno ha dejado claro que no se siente obligado por la ley y que se cree libre de deportar a cualquier persona a cualquier lugar, sin aviso ni audiencia”.
También señaló que la Corte está “recompensando la ilegalidad” del gobierno al levantar la orden de un juez que, según ella, actuó conforme a la Constitución.
“La Corte está recompensando la ilegalidad al permitir que el gobierno viole los derechos al debido proceso de los migrantes”, escribió.
El caso que detonó la batalla legal
La disputa inició tras una orden de Murphy, juez federal en Boston, que exigía avisar a los migrantes y permitirles al menos 10 días para presentar un reclamo si temían ser deportados a un tercer país.
Esta resolución surgió luego de que el gobierno de Trump intentara enviar en mayo a ocho migrantes a Sudán del Sur, lo que el juez consideró una violación directa a su orden.
Ante la intervención de Murphy, el avión que trasladaba a los migrantes fue desviado a una base militar en Yibuti, donde los detenidos permanecieron en condiciones precarias dentro de un contenedor adaptado, mientras se desarrollaba el litigio.
Los migrantes en el vuelo provenían de Myanmar, Cuba, México, Laos y Vietnam, y tenían antecedentes penales en Estados Unidos. El gobierno justificó la urgencia de su deportación alegando que habían cometido crímenes “atroces” como asesinato, robo armado o incendio intencional.
¿Cuál es la justificación del gobierno?
Según el procurador D. John Sauer, los procedimientos establecidos por Murphy:
- Eran excesivos y limitaban el poder del presidente en política exterior.
- Impedían deportar a migrantes que habían cometido “los peores crímenes” como asesinato, incendio intencional o robo armado.
- Forzaban negociaciones diplomáticas “delicadas” con países reacios a recibirlos.
El caso de O.C.G., símbolo del riesgo
Otro de los casos más alarmantes es el de O.C.G., un guatemalteco gay que fue:
- Deportado sin previo aviso a México, país no designado como receptor.
- Secuestrado y violado en México, donde ya había sufrido agresiones.
- Enviado a Guatemala, donde vivía escondido por temor a represalias.
- Finalmente repatriado a Estados Unidos tras la intervención del juez Murphy.
El pasado 4 de junio, la administración de Trump lo devolvió a Estados Unidos tras una orden de Murphy, en lo que se considera la primera repatriación de un migrante deportado durante el actual mandato de Trump.
Organizaciones denuncian consecuencias “horrorosas”
“Las ramificaciones de la decisión de la Corte Suprema serán horribles; elimina protecciones clave del debido proceso que han salvado a nuestros representados de la tortura y la muerte”, declaró Trina Realmuto, directora de la National Immigration Litigation Alliance, una de las organizaciones que impulsó la demanda colectiva.
Según la legislación migratoria, el gobierno solo puede deportar a una persona a un tercer país si es “impracticable, inadmisible o imposible” enviarla a su país de origen o a los destinos previamente acordados.
No obstante, con esta nueva decisión, la administración puede evitar ofrecer procesos mínimos de defensa, siempre que obtenga “garantías diplomáticas creíbles” de que el país receptor no torturará ni perseguirá al migrante, según una guía emitida en marzo.
Antecedentes de una política cada vez más agresiva
Esta decisión representa otro triunfo legal para Trump, quien ha prometido una ofensiva sin precedentes contra la migración durante su segundo mandato.
La Corte Suprema ya había fallado en mayo a su favor para terminar programas humanitarios temporales que protegían a cientos de miles de migrantes. Sin embargo, también ha advertido que ciertas acciones de su administración violan el derecho al debido proceso constitucional.
La Casa Blanca no tardó en atacar públicamente al juez Murphy, a quien calificó como un “juez activista de izquierda”, parte de una estrategia habitual del gobierno para deslegitimar decisiones judiciales contrarias a su política.
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