Congresistas de California condenan redada de ICE en restaurante de San Diego por uso de armas, máscaras y granadas de humo contra trabajadores inmigrantes

San Diego — Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron un operativo en el restaurante italiano Enoteca Buona Forchetta, ubicado en una zona residencial de San Diego, California el pasado viernes. Según testigos y legisladores locales, los agentes llegaron enmascarados, armados con equipo táctico y lanzaron dos granadas de humo, provocando caos entre los comensales.

El objetivo del operativo fue detener a tres trabajadores mexicanos, entre ellos un ayudante de cocina, un mesero y un trabajador encargado de limpiar mesas. Uno de ellos fue arrestado por no contar con una identificación al momento. El hecho fue grabado por clientes del restaurante, quienes siguieron a los agentes hasta sus vehículos mientras les exigían que se retiraran. Los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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¿Qué dijeron los legisladores y autoridades locales?

El congresista Juan Vargas calificó el operativo como un “grave error” y criticó el momento y el lugar elegidos por ICE para realizar la redada. Señaló que la acción pareció más un intento de intimidación que una operación legítima. Por su parte, el congresista Scott Peters expresó que los agentes debieron centrarse en detener a personas con antecedentes criminales, no a trabajadores de un restaurante.

También la congresista Sara Jacobs y el alcalde de San Diego, Todd Gloria, se sumaron a las críticas. Los tres funcionarios informaron que se comunicaron con la oficina local de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI), que confirmó que la orden vino directamente desde Washington, D.C.

Jacobs aseguró que estas redadas están relacionadas con una meta impuesta por el asesor Stephen Miller, quien habría ordenado realizar alrededor de 3,000 arrestos diarios a nivel nacional.

La reacción de la comunidad y las consecuencias que hubo

Tras el operativo, la gerencia del restaurante decidió cerrar por dos días esa sucursal y otras en los condados de San Diego y Orange, al considerar el impacto emocional en sus empleados y clientes. La comunidad expresó molestia e indignación por lo ocurrido, especialmente al tratarse de un sitio frecuentado por familias y considerado tradicional en la zona.

Además, los legisladores llevaron a cabo una conferencia de prensa y una protesta frente a la corte federal en San Diego, a la que responsabilizaron de autorizar la operación. Señalaron que detener a personas sin antecedentes ni delitos constituye una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de EU, que protege a las personas contra detenciones arbitrarias.

¿Qué respondió ICE ante las críticas?

El director interino de ICE, Todd Lyons, defendió el uso de máscaras por parte de los agentes, argumentando que tanto ellos como sus familias han recibido amenazas de muerte a través de internet.

Durante una conferencia de prensa en Boston, donde anunció una operación que resultó en la detención de casi 1,500 inmigrantes en Massachusetts, Lyons expresó frustración hacia las llamadas “jurisdicciones santuario”, las cuales, según él, dificultan las acciones del ICE contra personas en situación migratoria irregular.

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Implicaciones legales de esta redada

Los legisladores que denunciaron el operativo señalaron que detener a personas sin una orden judicial o sin que hayan cometido un delito puede considerarse una violación a los derechos constitucionales. Hicieron énfasis en que los trabajadores detenidos no eran criminales, y que este tipo de operativos pueden tener consecuencias legales tanto para las autoridades que los ejecutan como para las cortes que los autorizan.

El caso ha reavivado el debate sobre las tácticas del ICE, los derechos de los inmigrantes y el papel de los tribunales en la implementación de estas políticas. La situación continúa bajo revisión por parte de autoridades locales y defensores de derechos civiles.

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