Corte de apelaciones de Estados Unidos bloquea intento de despidos masivos y reorganización del gobierno impulsados por Trump

Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos ha decidido mantener suspendidos los planes del presidente Donald Trump para despedir a decenas de miles de empleados públicos y reorganizar varias agencias gubernamentales. Esta resolución genera dudas sobre el futuro inmediato de la propuesta de reestructuración federal presentada por la administración Trump en conjunto con el empresario Elon Musk.

Este viernes 24 de mayo, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, se negó a suspender una orden emitida por la jueza de distrito Susan Illston. La orden impide al gobierno llevar a cabo despidos masivos en unas 20 agencias federales y realizar cambios estructurales sin la autorización del Congreso.

Por el momento, esta decisión impide que la administración Trump avance con sus planes de reducir personal, cerrar oficinas regionales y eliminar programas gubernamentales. El caso aún está en apelación, y la administración podría solicitar que la Corte Suprema intervenga.

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¿Qué buscaba la administración Trump?

En febrero, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para que las agencias federales colaboraran con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), liderado por Elon Musk, con el fin de identificar áreas donde realizar recortes de personal y simplificar procesos.

El objetivo declarado era reducir funciones duplicadas, eliminar niveles administrativos considerados innecesarios, automatizar tareas repetitivas y disminuir el uso de contratistas externos. Como parte de este plan, se anunciaron despidos masivos, incluyendo hasta 10 mil puestos en agencias de salud.

¿Por qué fue bloqueada la medida?

La jueza Susan Illston concluyó que el presidente no tiene autoridad para realizar cambios tan amplios en el funcionamiento del gobierno federal sin la aprobación del Congreso. También argumentó que implementar estas medidas podría causar daños irreparables.

Por ejemplo, citó que una oficina del Departamento de Trabajo en Pittsburgh, especializada en riesgos para trabajadores mineros, pasaría de 222 empleados a solo uno. También mencionó recortes severos en programas como Head Start (educación temprana), la Agencia de Servicios Agrícolas y la Administración del Seguro Social.

¿Qué dijeron los jueces de apelación?

El fallo del 9º Circuito fue emitido por una mayoría de dos jueces contra uno. El juez William Fletcher, designado por el expresidente Bill Clinton, afirmó en su opinión que “la orden ejecutiva excede con mucho los poderes del presidente según la Constitución”. Fue apoyado por la jueza Lucy Koh, nombrada por el presidente Joe Biden.

Por otro lado, la jueza Consuelo Callahan, designada por el presidente George W. Bush, disintió. En su opinión, la administración sí tenía posibilidades de ganar en la apelación y estaba siendo perjudicada al no poder aplicar sus políticas.

¿Qué opinan los involucrados?

Desde la Casa Blanca, se calificó la orden de la jueza como un intento inconstitucional de limitar el poder del Ejecutivo.

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La administración Trump luchará de inmediato contra esta orden absurda”, declaró el gobierno en un comunicado.

En contraste, el grupo de sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales que presentó la demanda celebró la decisión judicial. En un comunicado conjunto afirmaron que “la decisión del Noveno Circuito mantiene con razón el bloqueo a la reorganización ilegal y disruptiva del gobierno federal”.

¿Qué sigue ahora?

La administración Trump puede llevar el caso a la Suprema Corte para intentar revertir la decisión. Mientras tanto, la reestructuración del gobierno federal y los despidos masivos siguen en pausa.

Además, aún hay varias demandas activas contra DOGE, argumentando que sus acciones violan leyes laborales y de privacidad, y que ha actuado más allá de su autoridad. Los tribunales han dado fallos mixtos hasta ahora.

El propio Elon Musk, quien encabezó el proyecto de reestructuración, participó el viernes en un evento de despedida en la Casa Blanca junto a Trump, marcando el fin de su participación activa en el gobierno.

¿Cuál es el papel del Congreso en este tema?

Los demandantes sostienen que solo el Congreso tiene la facultad de crear agencias federales, definir sus funciones y decidir su financiamiento. Las decisiones sobre despidos masivos o cierres de programas deben pasar por ese poder legislativo.

Esta es la razón principal por la que las cortes están considerando que las acciones del Ejecutivo exceden su autoridad. En este contexto, cualquier reforma estructural de gran alcance requeriría un proceso legislativo, no solo una orden presidencial.