Juez da golpe a Trump y prohíbe revocar estatus legal de estudiantes extranjeros

WASHINGTON, D.C. — Un juez federal en California emitió una orden que impide temporalmente al gobierno de Donald Trump revocar el estatus legal de miles de estudiantes internacionales, mientras se resuelve una demanda que cuestiona la legalidad de terminaciones previas.

La decisión fue tomada por el juez Jeffrey S. White, con sede en Oakland, quien determinó que el gobierno no podrá arrestar, detener ni trasladar a estos estudiantes a otro lugar únicamente por su estatus migratorio hasta que el litigio se resuelva, reportan medios como AP.

¿Esta orden impide detenciones entre estudiantes?

Sin embargo, la orden no impide detenciones por otros motivos ni protege a los estudiantes si son condenados por delitos violentos que conlleven sentencias mayores a un año de prisión.

Mientras otros tribunales han ofrecido protección únicamente a los demandantes directos, White decidió extender su medida a nivel nacional, afirmando que las acciones de la administración “han causado estragos no solo en las vidas de los demandantes aquí, sino también en los no inmigrantes F-1 en situaciones similares en Estados Unidos y continúan haciéndolo”.

La demanda fue presentada por un grupo de alrededor de dos docenas de estudiantes cuyos permisos para permanecer en el país fueron cancelados abruptamente a principios de abril por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Esta cancelación fue parte de una serie de acciones impulsadas por la administración Trump dirigidas a restringir la presencia de extranjeros en EEUU, que afectó a más de 4,700 estudiantes en la primavera, muchos de los cuales recibieron escasa notificación o justificación.

Cotejan nombres de estudiantes con sospechosos y personas arrestadas

Durante las audiencias judiciales, representantes del Departamento de Seguridad Nacional explicaron que habían cotejado los nombres de los estudiantes con una base de datos del FBI que incluye tanto a sospechosos como a personas arrestadas, incluso en casos donde los cargos fueron retirados o nunca formalizados.

Ante la incertidumbre, algunos estudiantes optaron por abandonar el país voluntariamente, para evitar una posible deportación a un tercer país.

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Por su parte, los abogados del gobierno argumentaron que la administración actuó dentro de sus facultades bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y que la agencia ya había restaurado el estatus legal de los estudiantes afectados, además de enviarles notificaciones para informarles de esta reactivación.

A pesar de ello, el juez White consideró que estas medidas no resolvían el daño, señalando que la cancelación inicial aún figuraba en los registros migratorios de los estudiantes, lo que podría dificultarles obtener futuras visas o modificar su estatus.

Advirtió también que algunos siguen enfrentando las secuelas de las terminaciones previas y que no existe ninguna garantía de que no vuelvan a ser blanco de cancelaciones arbitrarias.

Juez critica la forma en la que EEUU ha introducido cambios a sus políticas

El juez también criticó duramente la forma en que el gobierno ha introducido cambios a sus políticas en medio del proceso legal.

No está claro cómo terminará este juego de golpear al topo, a menos que se prohíba a los Demandados eludir sus propias regulaciones obligatorias”.

La controversia se da en un momento en que las políticas de inmigración relacionadas con estudiantes internacionales están bajo el escrutinio de la opinión pública.

La mayoría de estadounidenses se oponen a revocar visas a estudiantes

Una encuesta reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC reveló que la mayoría de los estadounidenses se oponen a revocar visas a estudiantes por participar en protestas pro-palestinas.

Según el sondeo, aproximadamente la mitad de los adultos rechazan esa política, y solo 3 de cada 10 la respaldan.

La oposición es mayor entre quienes tienen estudios universitarios: 6 de cada 10 están en contra, frente a 4 de cada 10 entre quienes no cuentan con un título universitario.