Revés legal para Trump: jueces desestiman cargos contra más de 100 migrantes detenidos en zonas militares

El Paso, Texas, 16 de mayo de 2025. — La estrategia de la Administración Trump para frenar la migración indocumentada sufrió un duro revés esta semana, luego de que dos jueces federales desestimaran los cargos penales contra más de 110 migrantes acusados de ingresar a zonas militares recientemente establecidas en la frontera con México.

El juez Miguel Torres, en El Paso, rechazó las acusaciones contra 16 personas que habían sido detenidas por supuestamente traspasar un área militar. De acuerdo con el magistrado, el gobierno no logró demostrar que los inmigrantes fueron advertidos claramente de que estaban entrando en una zona bajo control del Departamento de Defensa.

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Gobierno de Trump se niega a informar sobre migrante salvadoreño deportado pese a tener estatus legal

La visibilidad es importante. La ubicación de las señales es importante. Su aspecto es importante,

—   argumentó Torres,

al cuestionar la colocación y claridad de los letreros instalados en el área.

Decisión similar en Nuevo México

En un fallo paralelo, el juez Gregory B. Wormuth desestimó los cargos contra 98 inmigrantes detenidos en la llamada Reserva Roosevelt, un tramo de 274 kilómetros militarizado en el estado de Nuevo México. Según el juez, no había evidencia suficiente de que los migrantes supieran que estaban entrando en territorio militar, como exige la ley para configurar un delito penal de esta naturaleza.

Ambos fallos debilitan los esfuerzos de la Casa Blanca por endurecer el control fronterizo a través de la militarización de ciertas franjas territoriales.

Militarización de la frontera bajo escrutinio

Como parte de esta política, el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el control militar de dos franjas fronterizas clave: una en Nuevo México y otra de 101 kilómetros en los condados de El Paso y Hudspeth, Texas. El objetivo era permitir que soldados estadounidenses detuvieran a personas migrantes, una atribución normalmente prohibida para el Ejército dentro del país.

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La nueva medida también pretendía imputar a los migrantes bajo cargos penales, como traspaso de propiedad federal de uso militar, una acusación más grave que el ingreso indocumentado habitual, de carácter civil.

Migrantes siguen bajo custodia

A pesar de la desestimación de los cargos penales, todos los migrantes permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias, a la espera de sus respectivos procesos administrativos por ingreso irregular al país.

Este revés legal abre un nuevo debate sobre los límites de la militarización de la frontera, el debido proceso y las garantías mínimas que deben respetarse incluso en contextos de control migratorio reforzado.