Javier Milei copia a Donald Trump y sus deportaciones con reforma migratoria para Argentina
Su nuevo esquema facilitará las expulsiones de personas extranjeras con antecedentes penales.
BUENOS AIRES, Argentina.- — Inspirado nuevamente en Donald Trump, presidente de los Estados Unidos el mandatario ultraderechista de Argentina, Javier Milei anunció una nueva reforma migratoria centrada en deportaciones masivas.
De acuerdo con información de la agencia de noticias AP, Milei endurecerá los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, también adoptara medidas para facilitar la deportación de personas condenadas y el sistema de salud público dejará de ser gratis.
El Gobierno argentino oficializará en las próximas horas una reforma a su política migratoria a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Una vez publicado, el decreto tendrá vigencia inmediata, aunque la Constitución contempla que el Congreso puede dejarlo sin efecto si ambas cámaras lo rechazan.
Milei se alinea con políticas de Trump y las replica en Argentina
La iniciativa forma parte de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei en marzo pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde anticipó un endurecimiento en el control migratorio.
Esta medida se enmarca en una serie de cambios promovidos por el mandatario desde que asumió el poder a finales de 2023. Milei ha alineado sus políticas con las de gobiernos como los de Estados Unidos y El Salvador, conocidos por su postura firme frente a la inmigración irregular.
El anuncio ocurre pocos días antes de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza, el partido del presidente, busca arrebatarle terreno al PRO, la fuerza conservadora que ha gobernado la capital durante casi dos décadas.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, argumentó que la actual normativa migratoria “invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir al país de forma honrada”.
También explicó que el nuevo esquema facilitará las expulsiones de personas extranjeras con antecedentes penales y establecerá que quienes se encuentren en situación irregular o con residencia temporaria deberán cubrir los costos de la atención médica pública.
En un comunicado oficial, el Gobierno afirmó que “las facilidades extremas que hasta la fecha existían para ingresar a Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran un millón 700 mil extranjeros de forma irregular a nuestro territorio”, aunque no se especifica el estatus migratorio actual de estas personas.
Los datos del censo nacional de 2022 indican que casi 2 millones de personas nacidas en el extranjero residían en Argentina, lo que equivalía al 4,2% de la población. Las nacionalidades más frecuentes eran las de Paraguay, Bolivia y Venezuela.
La reforma, según el Ejecutivo, “busca instaurar orden” en un sistema que “debido a la complicidad de políticos populistas, había sido desvirtuado”, una crítica directa a las políticas migratorias más abiertas aplicadas por gestiones peronistas como la de Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015.
Te puede interesar: Trump parecía envidiar la riqueza de los árabes durante su visita Medio Oriente y se quejó de que su avión es pequeño: AP
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierten que es complejo estimar la cantidad exacta de inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, destacan que los diversos programas de regularización impulsados en los últimos años permitieron normalizar la situación de “alrededor de un millón de personas”.
Polémica con decreto sobre salud pública en Argentina
Uno de los ejes más polémicos del decreto es el relacionado con el acceso a la salud pública. El Ejecutivo sostiene que miles de personas cruzan las fronteras argentinas con el objetivo de recibir tratamientos médicos gratuitos, lo que representa una carga significativa para el sistema. Adorni denunció que existen “tours sanitarios” organizados por ciudadanos de países limítrofes que “vienen, se atienden y vuelven inmediatamente a su lugar de origen”.
Algunas jurisdicciones ya venían avanzando en esta dirección. Las provincias de Santa Cruz, Jujuy, Salta y Mendoza comenzaron en 2024 a cobrar por los servicios sanitarios a extranjeros con residencia precaria o provisoria. La ciudad de Buenos Aires se sumó a esta medida en marzo.
No obstante, la Ley de Migraciones sancionada en 2003 establece que “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud” a quienes lo necesiten, “cualquiera sea su situación migratoria”.
La misma norma aclara que los establecimientos de salud deben brindar asesoramiento para regularizar la situación migratoria de las personas atendidas.
Además, esa ley también prohíbe el ingreso y permanencia de personas que hayan cometido delitos castigados por la legislación argentina, una cláusula que ahora el Gobierno busca aplicar con mayor rigidez.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados