Solicita gobierno de Donald Trump 20 mil agentes más para deportaciones masivas

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha una orden ejecutiva en la que solicita la incorporación de 20 mil nuevos agentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intensificar la deportación de inmigrantes indocumentados.

Esta medida forma parte del llamado “Proyecto de Regreso a Casa”, una iniciativa que pretende ofrecer a los inmigrantes dos alternativas: abandonar el país de manera voluntaria con el respaldo del gobierno (incluyendo asistencia económica y logística, como viajes gratuitos) o enfrentarse a la deportación forzosa realizada por un ICE.

Su implementación requiere una reestructuración significativa en la forma en que se operan los controles migratorios. La orden ejecutiva instruye a la Secretaría de Seguridad Nacional a que, en un plazo máximo de 60 días, lleve a cabo la expansión de personal.

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Para lograrlo, se planea reclutar no solo a nuevos agentes federales, sino también a funcionarios provenientes de autoridades estatales y locales, así como a exfuncionarios de otras agencias.

Es importante destacar que, si bien ICE contaba con aproximadamente 21 mil empleados —de los cuales unos 6 mil 100 se dedicaban exclusivamente a tareas de deportación— la adición de 20 mil agentes significaría casi duplicar su capacidad operativa, lo cual plantea enormes desafíos en términos de financiamiento, capacitación y logística para reconfigurar las misiones de seguridad en un marco tan ambicioso.

El “Proyecto de Regreso a Casa” no solo se centra en aumentar la fuerza laboral de ICE, sino que también redefine el enfoque hacia la deportación. La iniciativa ofrece un “bono de salida”: los inmigrantes en situación irregular pueden optar por abandonar el país voluntariamente, recibiendo incentivos económicos y logísticos; de lo contrario, deben esperar las consecuencias de una deportación forzosa.

En lugares donde las autoridades locales han mantenido políticas de no cooperación con ICE, la reubicación de agentes estatales y federales hacia roles de deportación podría generar tensiones adicionales y afectar el funcionamiento general de la seguridad pública a nivel local.