Perú aprueba polémica ley que penaliza a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves
Nueva ley genera debate entre el Gobierno, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El Gobierno de Perú promulgó una controversial reforma legal que permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como sicariato, extorsión, homicidio calificado y violación sexual. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, ha desatado un fuerte rechazo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público, que la consideran inconstitucional y contraria a los derechos humanos.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La norma, impulsada por el Congreso peruano, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, eliminando la protección especial que tenían los menores de 18 años en casos de crímenes graves. Anteriormente, estos adolescentes solo recibían medidas socioeducativas, pero ahora podrían enfrentar penas similares a las de adultos.
Entre los delitos que ya no quedarán impunes para menores de 16 y 17 años se incluyen:
- Homicidio calificado
- Sicariato (asesinato por encargo)
- Extorsión
- Violación sexual
- Tráfico ilícito de drogas en banda organizada
Argumentos a favor: “Las bandas criminales reclutan jóvenes”
El congresista ultraconservador Alejandro Muñante, uno de los promotores de la ley, argumentó que en Perú los menores que cometían delitos graves solo eran tratados como “infractores de la ley penal”, recibiendo sanciones leves. “Se les da el mismo tratamiento de un niño”, criticó.
Por su parte, el exministro del Interior y parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi defendió la medida, asegurando que “las bandas criminales reclutan a jóvenes de 16 y 17 años para cometer delitos graves”, aprovechando su impunidad.
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El Poder Judicial y el Ministerio Público rechazan la norma
Tras su aprobación, el Poder Judicial emitió un comunicado rechazando la ley, argumentando que viola la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Según su postura, la reforma “desconoce la condición especial de los adolescentes” y adopta un “enfoque punitivo” en lugar de resocializador.
El Ministerio Público también se pronunció en contra, recordando que Perú ya cuenta con un sistema de medidas socioeducativas severas para adolescentes infractores, que incluye hasta 10 años de internamiento en casos extremos.
Ellos están en formación y necesitan rehabilitación, no solo castigo”, señaló.
¿Qué dice la Constitución y los derechos internacionales?
La oposición a la ley se basa en dos principios clave:
- Artículo 4 de la Constitución peruana, que exige protección especial para los adolescentes.
- Tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los menores deben ser juzgados bajo un sistema diferenciado.
¿Qué sigue ahora?
Mientras el Gobierno y el Congreso defienden la ley como una herramienta para combatir la delincuencia juvenil organizada, el Poder Judicial y el Ministerio Público podrían presentar recursos legales para frenar su aplicación. Organizaciones de derechos humanos también han anunciado movilizaciones contra lo que consideran un retroceso en la protección de menores.
¿Castigo o reinserción?
Este debate enfrenta dos visiones:
- Los que creen que endurecer las penas disuadirá el crimen juvenil.
- Los que argumentan que los adolescentes deben ser rehabilitados, no tratados como adultos.
La discusión seguirá abierta mientras se evalúan los impactos reales de esta polémica reforma.
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