Trump busca reformar sistema electoral en EU: Esto se sabe

ESTADOS UNIDOS.- Este martes el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permita implementar cambios significativos en el sistema electoral estadounidense.

De acuerdo a The Associated Press esto incluye la exigencia de prueba documental de ciudadanía para el registro de votantes en elecciones federales y la obligatoriedad de recibir todas las papeletas antes del día de los comicios.

La orden sostiene que Estados Unidos no ha aplicado “protecciones electorales básicas y necesarias” e insta a los estados a colaborar con agencias federales para compartir listas de votantes y procesar delitos electorales.

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Además, advierte que los estados que no cumplan con las nuevas directrices podrían perder financiamiento federal.

La medida se alinea con las constantes afirmaciones de Trump sobre supuestas irregularidades en los procesos electorales.

Desde Biden, Trump ha denunciado fraude

Desde su derrota en 2020 ante Joe Biden, Trump ha insistido en la existencia de fraude electoral, pese a la falta de pruebas contundentes.

Uno de los puntos clave de la orden ejecutiva es la restricción del voto por correo, un método que Trump ha criticado reiteradamente, argumentando sin pruebas que facilita el fraude.

Sin embargo, investigaciones han demostrado que los casos de fraude electoral en Estados Unidos son extremadamente raros y suelen ser procesados judicialmente.

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La exigencia de presentar prueba de ciudadanía sugiere que Trump no esperará a que el Congreso apruebe la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (Ley SAVE), una iniciativa republicana con objetivos similares.

Reacciones y posibles desafíos legales

Los republicanos defienden estas medidas como una forma de restaurar la confianza pública en el sistema electoral, aunque votar sin ser ciudadano ya es ilegal y puede conllevar cargos penales y deportación.

Grupos defensores de los derechos electorales han criticado la orden y se espera que presenten impugnaciones en los tribunales, argumentando que las nuevas restricciones podrían afectar el acceso al voto, especialmente en comunidades vulnerables.