Iglesia Católica en Argentina dejará de recibir financiamiento del Estado
A pesar de que la cantidad de fondos recibidos por la Iglesia constituía solo un 7 % de su presupuesto total, la decisión de financiarla generaba polémica al considerarse un privilegio hacia una religión específica en un Estado no confesional.
ARGENTINA.- A través de un comunicado difundido este miércoles, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció que la Iglesia Católica ha concluido el proceso de renuncia a los fondos provistos por la Ley 21.950, que otorgaba una asignación mensual a obispos y arzobispos. Esta decisión, que se gestó a partir de 2018 y se hizo efectiva el 1 de enero de 2024, marca un hito en la relación histórica entre la Iglesia y el Estado en Argentina.
El portavoz presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, confirmó en una conferencia de prensa que la renuncia a la asignación mensual coincide con la política de austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto del gobierno actual. Esta medida refleja la posición de que el Estado no debe otorgar un trato desigual a diferentes religiones o cultos.
La asignación económica, que ascendía a unos 55 mil dólares al mes, se aplicaba en virtud del artículo 2º de la Constitución de la Nación Argentina, que establecía que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". Sin embargo, la decisión de prescindir de estos fondos se gestó durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018, en un contexto de debate sobre la legalización del aborto.
A pesar de que la cantidad de fondos recibidos por la Iglesia constituía solo un 7 % de su presupuesto total, la decisión de financiarla generaba polémica al considerarse un privilegio hacia una religión específica en un Estado no confesional. Este privilegio se basaba en disposiciones constitucionales y legales que datan de la última dictadura, otorgando una asignación mensual a obispos y arzobispos.
A partir de enero de 2024, estos cargos eclesiásticos dejarán de percibir la asignación mensual, marcando el final de décadas de financiamiento estatal. La CEA ha aclarado que aquellos que hayan cesado en sus funciones por razones de edad o invalidez podrán solicitar de manera particular el beneficio de la asignación prevista, que asciende actualmente a 98.000 pesos (alrededor de 120 dólares).
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Este proceso de prescindir del financiamiento estatal es parte de una serie de medidas implementadas por la Iglesia en los últimos años, que incluyeron una reducción del 30 % en la asignación a obispos, sacerdotes y seminaristas en 2019, y la implementación del Programa Fe en 2020, destinado a generar financiamiento propio a través de campañas de donación, poniendo en manos de los fieles la responsabilidad económica de su religión.
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