Panamá suspende actividades escolares debido a protestas

PANAMÁ .- Desde hace días, el estado le había dado luz verde a la subsidiaria canadiense First Quantum Minerals (FQM), lo cual provocó severa indignación entre la población, lo que desembocó en protestas violentas en contra del gobierno panameño, pues la mina de cobre que será explotada por FQM, es la más grande de America Latina, lo cual resulta en una injusticia para los pobladores.

El ministerio educativo emitió el comunicado que da a entender que la suspensión de clases será a nivel nacional, y aplicará para escuelas públicas y privadas este 23 de octubre, esto con la finalidad de de no poner en peligro la integridad personal de los estudiantes de cualquier área del país.

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A su vez, la Universidad de Panamá (UP), la cual ha sido sede de manifestantes debido a su importante ubicación urbana, ya anunció la suspensión de labores los días lunes 23 y martes 24 de octubre, sin embargo, las autoridades pertinentes recomiendan la implementación de aulas virtuales para que no haya un retraso con el plan educativo de los alumnos.

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Sindicatos obreros y de educadores anunciaron nuevos bloqueos para este lunes en la capital y en algunas zonas del interior en rechazo a la aprobación, el pasado viernes, del contrato ley con la empresa Minera Panamá, que explota la mina Cobre Panamá y exporta el mineral desde junio 2019, especialmente para el mercado chino.

Este domingo grupos de estudiantes y de sociedad civil se movilizaron pacíficamente en el paseo marítimo capitalino para rechazar el contrato minero.

Una concesión controvertida

La mina Cobre Panamá, con una inversión de unos 10 mil millones de dólares, cuenta con 5 mil doscientos setenta y nueve trabajadores directos y genera cerca de 40 mil empleos indirectos, según datos del Gobierno y la empresa.

Su operación representa el 50 % de la producción global de First Quantum y el 3,5 % del producto interno bruto (PIB) panameño, según datos del Deutsche Bank difundidos en Panamá.

Activistas, sectores civiles y sindicatos rechazan el acuerdo aprobado el viernes por considerarlo lesivo a los intereses nacionales, y denuncian que mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior contrato fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2017, años después de que en 2009 el grupo ambientalista CIAM presentara un recurso en ese sentido.

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Pero el Gobierno de Cortizo alega que el nuevo contrato ley, que establece una concesión a 20 años prorrogables, cumple con las normas legales, establece un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, "10 veces más que el anterior", el pago de impuestos antes exentos, así como amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, entre otros.

Las protestas contra la mina se han venido realizando en los últimos meses, especialmente en la capital panameña, con saldo de heridos en enfrentamientos con la Policía, algunos de gravedad como un fotógrafo que perdió un ojo el jueves pasado.

La Defensoría del Pueblo denunció el viernes una "escalada en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional" contra los manifestantes y pidió a la Fiscalía una investigación, mientras que el director del organismo de seguridad, John Dornheim, ha dicho que los agentes están siendo atacados con objetos "contundentes" en las protestas.

El conflicto por el tema minero causa pérdidas millonarias a la economía nacional por los bloqueos, afirman los empresarios, que reconocen el derecho a la protesta pero piden otra forma de ejercerlo.