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Cámara de representantes de Colombia aprueba 'ley mordaza', que castiga a la prensa por denunciar corrupción

Diversos sectores de la población se han pronunciado en contra y denuncian la sanción a la libertad de expresión.

BOGOTÁ.- Medios locales confirmaron este martes que la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron durante un segundo debate un artículo de nueva ley anticorrupción que enmendará el Código penal y dará un aumento en las sentencias por los delitos de injurias y calumnias en contra de funcionarios públicos.

A última hora del lunes 73 congresistas rechazaron una proposición que buscaba eliminar el artículo número 68 del proyecto de ley anticorrupción, también llamada por varios ectores como "ley mordaza", que tiene las modificaciones en las penas y modifica el Código Penal,

"Erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa" Expuso Jorge Canahuati, presidente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Este Congreso sin escrupulos eligió únicamente a dos congresistas para conciliar el texto de la #LeyMordaza, ambos del partido Cambio Radical: Carlos Abraham Jiménez L y el abusador de mujeres y creativo del mico, Cesar Lorduy” escribió Catherine Juviano C.

Penas actuales

"El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses", dice el artículo de la futura ley anticorrupción, que sigue su trámite legislativo.

El Código Penal colombiano actualmente estipula la calumnia y la injuria de forma general y no solo para servidores públicos con penas de prisión de 16 a 72 meses, después de otra enmienda de 2004.

"No se había aprobado, en las últimas décadas, una disposición legal tan regresiva contra la prensa como la que aprobó la Cámara anoche", aseguró este lunes el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, que considera que "lo que votaron 73 congresistas abre la puerta a sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua".

¡Es censura; una vergüenza!", lamentó Bock. La FLIP ya había pedido que se eliminara dicho artículo del proyecto de ley anticorrupción porque "viola las garantías básicas de la libertad de expresión al impartir medidas penales desproporcionadas".

Fuero extraordinario

Esta organización considera que la ley "promueve el uso de la vía penal como sanción a la libertad de expresión", con penas de hasta 10 años, por lo que desalienta a los periodistas en sus investigaciones de funcionarios públicos que puedan estar incurriendo en actos de corrupción.

Además, la ley crea "un fuero extraordinario de protección de las y los funcionarios públicos, lo que resulta contrario al propósito de promover estrategias de transparencia", y que antes no existía.