Solicitan renuncia a 28 delegados

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la justificación de atender las medidas de austeridad que ordena el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó la renuncia a 28 de los 32 Delegados que permanecían en funciones. 

Los otros cuatro funcionarios de Profepa, en Baja California, Nuevo León, Morelos y Querétaro, habían presentando su renuncia desde diciembre. 

De acuerdo con delegados que fueron despedidos y actualmente están proceso de entrega-recepción, el pasado 13 de mayo recibieron una llamada telefónica de la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Mendoza Vera, en la que les solicitó a cada uno presentar su renuncia con fecha del 15 de mayo de 2019. 

Previamente, cada uno de los delegados recibió el Memorándum emitido el 3 de mayo por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que detalla las medidas de austeridad a las que se apegará su Gobierno. 

"El lunes 13 de mayo nos empezó a marcar la Procuradora y nos dijo que ella ya no podía hacer nada más, que por instrucciones del Presidente nos estaba pidiendo la renuncia a los Delegados.

"No hubo ninguna otra instrucción, lo único que dijo es que tenía que nombrar a un encargado y que le diera el nombre de esa persona porque sería encargado de la entrega-recepción", contó uno de los trabajadores que llevaba más de nueve años en la institución. 

López Obrador anunció, el pasado 20 de mayo, que no habrá delegados del Gobierno Federal y que la demanda se atenderá con trabajadores de base y sindicalizados. 

En el caso de la Profepa, los Delegados percibían un sueldo quincenal de 33 mil pesos bajo la categoría de trabajadores de confianza y fungían como los responsables de implementar las estrategias de procuración de justicia ambiental en los estados.

Entre sus funciones, tenían la responsabilidad de emitir las órdenes que les permite a los inspectores implementar operativos y realizar inspecciones en materia de industria, tala clandestina, cambio de uso de suelo, impacto ambiental, entre otras. 

Durante las temporadas de incendios forestales, como la que actualmente vive el país, eran los encargados de movilizar a los inspectores a la zona para investigar quién era el responsable del siniestro e iniciar un expediente de investigación para acreditar la posible comisión de un delito ambiental.

También eran responsables de promover acuerdos de cooperación con otras dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con la Secretaría de Seguridad Pública para realizar operativos conjuntos en zonas de riesgo.

Pero con el cambio de Administración Federal, se interrumpieron los acuerdos de colaboración entre la Profepa y estas dependencias, lo que ocasionó que se frenaran los operativos ambientales de alto impacto, principalmente aquellos relacionados con el combate a la tala ilegal en zonas identificadas como "altamente críticas".

"Yo quise hacer un operativo pero el General responsable de la zona militar me contestó que, por indicaciones presidenciales, ellos ya no intervendrían en los operativos de la Profepa", narró un ex Delegado que llevaba ocho años en la institución.