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México

¿Qué tan válido es intercambiar derechos y libertades por salud pública?

De acuerdo con la activista, la implementación de estas prácticas no es justificable, y pueden, incluso, retardar su desmantelamiento.

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Por UNAM Global

De acuerdo con la activista, la implementación de estas prácticas no es justificable, y pueden, incluso, retardar su desmantelamiento.(Pixabay)

De acuerdo con la activista, la implementación de estas prácticas no es justificable, y pueden, incluso, retardar su desmantelamiento. | Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO.-El punitivismo, la sanción, las medidas excepcionales de control, los arrestos, el sobreuso del Sistema de Justicia Penal no son una medida efectiva para el control de una pandemia, sentencian Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia (MUCD) y Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM.

Si bien es cierto que ante una realidad extraordinaria, los gobiernos deben tomar decisiones extraordinarias, los países tienen la obligación de establecer las formas de llevar a cabo estos estados de excepción o restricciones a ciertas libertades y derechos.

De acuerdo con la activista, la implementación de estas prácticas no es justificable, y pueden, incluso, retardar su desmantelamiento.

“Sólo alimentan la idea de que el mejor o único mecanismo de control social y organización que tenemos es el castigo”.

Pero ¿qué tan válido es intercambiar derechos y libertades por salud pública?

 Al respecto, el catedrático de la UNAM, en la mesa del día de Primer Movimiento de Radio UNAM, externó su preocupación en torno al estado de excepción que se está llevando a cabo en varios países del mundo. “Ya hay enfrentamientos abiertos entre poderes. Hay que ver lo que ocurre en El Salvador con la Suprema Corte y Bukele sobre las detenciones arbitrarias a personas que violan la cuarentena. Y eso se está dando en un entorno donde lo que no tenemos son contrapesos”.

En este sentido, los dos concuerdan en los deberes que tienen los gobiernos para con sus ciudadanos. Es decir, cualquier Estado que sancione la falta de cumplimiento de las medidas anunciadas, tendría que demostrar en mayor medida, la capacidad y efectividad que tiene para proveer los servicios de salud, y garantizar los derechos de las personas que estén enfermas o no de COVID-19.

“Los congresos y el Poder Judicial deben de estar listos para dar respuesta a las demandas que se interponen, sobre todo cuando las personas no están haciendo efectivo su derecho a la salud”.

Es por ello que, en situaciones como ésta, la sociedad civil, periodistas y la academia deben demandar a su gobierno el acceso y transparencia de datos en torno a cómo está llevando a cabo su gestión frente a la crisis.

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