Privatizan penales con “jugosos” contratos en México, alista AMLO cancelaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- En sólo ocho centros penitenciarios privados con una población total de 12 mil 282 internos, tan solo en 2020 el Gobierno federal tuvo que pagar 15 mil 562 millones de pesos.

Y en los últimos nueve años el Gobierno ha tenido que desembolsar 75 mil 661 millones de pesos.

El costo promedio por interno, por ejemplo en el caso de Sonora donde opera un penal privatizado, es de 2 mil 558 pesos diarios, es decir un anual de 76 mil 758 pesos.

Los ocho centros penitenciarios privados están ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Femenil Morelos, Michoacán y Guanajuato.

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Los contratos fueron firmados durante la administración federal del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, siendo su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La presentación se realizó este miércoles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Presentaron estos casos como muestra de lo que calificaron como negocios bajo el amparo del poder público al privatizar los penales y cobrar excesivamente por la manutención de internos.

Las empresas provedoras de estos servicios actualmente son Exi Quantum S.A. de C.V. que opera dos penales (Sonora y Guanajuato), GIA S.A. de C.V. que opera uno (Oaxaca), Capital Inbursa administra dos (Chiapas y Femenil Morelos), DIP Concesionaria Duranguense que maneja uno (Durango), Black Rock S.A. de C.V. con uno (Guanajuato) y Concesionaria de Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A de C.V. que opera uno más (Michoacán).