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México Ildefonso Guajardo

Guajardo declararía en caso de planta chatarra

Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha dicho que está dispuesto a informar sobre su participación en el caso de la compra de la planta Agro Nitrogenados, considerada como chatarra.

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Por El Imparcial

Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha dicho que está dispuesto a informar sobre su participación en el caso de la compra de la planta Agro Nitrogenados, considerada como chatarra.(AP)

Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha dicho que está dispuesto a informar sobre su participación en el caso de la compra de la planta Agro Nitrogenados, considerada como chatarra. | AP

CIUDAD DE MÉXCIO.-Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha dicho que está dispuesto a informar sobre su participación en el caso de la compra de la planta Agro Nitrogenados, considerada como chatarra.

“Por diversos medios se me ha mencionado en relación a la responsabilidad que como Secretario de Economía tuve en el Consejo de Administración de @Pemex. Manifiesto mi disposición a informar el papel de la @SE_mx durante el periodo de mi responsabilidad en dicho Consejo (sic)”, dijo el ex funcionario.

Esta declaración se da casi al mismo que la de Pedro Joaquín Coldwell, quien fuera el titular de la Secretaría de Energía y miembro también del Consejo de Administración de Pemex y quien pidió a la Fiscalía General de la República que lo cite a declarar sobre el caso.

Coldwell indicó que fue a través de los medios de comunicación que se enteró que su nombre igualmente está siendo relacionado con las indagatorias que realiza la FGR en torno a la adquisición de la planta.

Recientemente las autoridades mexicanas emitieron una orden de arresto contra el ex director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en lo que parece ser hasta ahora la medida anticorrupción más ambiciosa del nuevo gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre con la promesa de combatir la corrupción pública, pero sin enfocarse en exfuncionarios del gobierno, defendió el miércoles el caso diciendo que era la continuación de una investigación que comenzó durante el gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

“No hay persecución política”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina. “Son hechos, presuntos delitos, que se tienen que perseguir”.

El fiscal general Alejandro Gertz dijo el miércoles a la cadena Televisa que no se ha podido localizar a Lozoya, pero que existen pruebas contundentes en su contra. También a través de Televisa, el abogado personal de Lozoya, Javier Coello, insinuó que Peña Nieto debía ser interrogado.

Lozoya administró la campaña presidencial de Peña Nieto antes de dirigir Pemex de 2012 a 2016.

El caso contra Lozoya se enfoca en la venta en 2015 de una planta de fertilizantes por parte de la acerera Altos Hornos Mexicanos S.A. (AHMSA) a Pemex por un precio que los auditores consideran inflado.

Según los investigadores, aparentemente Lozoya recibió un pago importante por facilitar la compra a costa de los contribuyentes. Las autoridades congelaron sus cuentas.

Por otra parte, el presidente de AHMSA, Alonso Ancira, fue detenido en España el martes, aunque las cuentas de la siderúrgica fueron descongeladas el miércoles para que la empresa, que tiene más de 20 mil trabajadores, pueda seguir operando.

Coello dijo en un comunicado el martes que había interpuesto recursos contra la congelación de cuentas y contra cualquier posible orden de arresto contra Lozoya. Un juez de la Ciudad de México emitió el miércoles una suspensión provisional contra su arresto. En México generalmente se usan recursos de amparo para evitar arrestos.

Liliana Veloz, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que lo que todavía falta por ver es si la investigación se mantendrá o si Lozoya y Ancira se convertirán en los “peces gordos” que son detenidos y posteriormente puestos en libertad, algo que serviría como un truco político para el nuevo gobierno.

Las órdenes de arresto son una forma para que el gobierno transmita que “sí hay una idea de poder desmantelar grandes redes de corrupción”, comentó. Más allá de medidas punitivas, lo que el gobierno necesita es evitar que haya corrupción, agregó.

“La corrupción ha permeado en todos los ámbitos públicos”, puntualizó Veloz.

Con información de AP

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