García Luna contrató a despacho que defendió a dirigentes de la FIFA

CIUDAD DE MÉXICO.- Genaro García Luna será defendido en Estados Unidos por la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, despacho que ha sido contratado por algunos mexicanos.

Allegados al caso confirmaron que la defensa estará integrada por Lauren Dickie, ex fiscal del Departamento de Justicia; el colombo estadounidense Juan P. Morillo y el mexicano Martín Cano.

De acuerdo con su portal electrónico, dichos litigantes tienen una amplia experiencia en delitos de cuello blanco, incluidos fraudes contables, financieros, fiscales, lavado de dinero, corrupción y soborno, así como normas antimonopolios e inmigración.

También han defendido a clientes en investigaciones federales, estatales y del Congreso, así como casos de extradiciones y violación a la Ley de Reclamaciones Falsas, que sanciona los fraudes al gobierno.

No es un despacho que sea conocido por defender a personas acusadas de narcotráfico, como el caso del ex secretario de Seguridad Pública Federal de México, aunque sí ha representado a sujetos designados en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), litigios que son administrativos y no criminales.

La acusación contra García Luna ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, es por cuatro cargos de narcotráfico y declaraciones falsas, que tienen previstos una condena mínima de 10 años de prisión.

Quinn Emanuel es uno de los grandes despachos jurídicos de Estados Unidos y ha estado a cargo de casos de escala mundial como las investigaciones de corrupción contra dirigentes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), a la que representaba.

El bufete también ha sido contratado por algunos mexicanos como Gonzalo Gil White, el fundador de la empresa de servicios petroleros Oro Negro y quien se encuentra prófugo de la justicia en México.

Por el caso de Gil White, Quinn Emanuel contrató a la empresa de inteligencia israelí Black Cube para investigar y grabar a funcionarios de Pemex, con el propósito de acreditar una supuesta "conspiración" contra la compañía del hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Un grupo de inversionistas y acreedores de Oceanografía contrató los servicios del bufete para demandar a Citigroup Inc. por fraude y ocasionarles pérdidas de por lo menos mil 100 millones de dólares.