"El MP mintió: no había pruebas en el caso Wendy", dice defensa legal de médico

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez Federico Mosco González no imputó el delito de violación agravada en el caso Wendy, porque el Ministerio Público de la procuraduría mintió en la imputación y "no [hubo] pruebas que lo acreditaran", explicó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y defensa legal del médico del IMSS, José Antonio Granados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, José Antonio Granados señaló que la decisión fue apegada a derecho, y negó la acusación de la asesora jurídica de la víctima, Mina Moreno, sobre la revictimización que presuntamente hizo durante la audiencia, toda vez que él leyó el dictamen sicológico que realizó la misma Procuraduría General de Justicia (PGJ) y que fue presentada como única prueba por parte del Ministerio Público local durante la audiencia de vinculación a proceso.

No negocié con ninguna autoridad para que no se hiciera la vinculación a proceso. El Ministerio Público no tuvo pruebas para acreditar el delito. Mintieron", comentó en entrevista el  también maestro en Derecho.

Explicó que un tribunal de alzada o segunda instancia del Poder Judicial local confirmó el auto de no vinculación a proceso contra Agustín "N", médico imputado, pues no encontraron pruebas que acreditaran el delito.

Comentó que la resolución de la segunda instancia se hizo luego de que la defensa de Wendy "N" y el Ministerio Público local presentaran un recurso de apelación en el que volvieron a argumentar el delito con base en las pruebas presentadas al juez Mosco, que consistieron en la imputación directa de la víctima y el dictamen sicológico.

Esta casa editorial dio a conocer el caso de Wendy, quien presuntamente fue violada en una clínica del IMSS, en donde se vertió la postura de la asesora jurídica, Mina Moreno, basada en las pruebas que ellos recabaron durante la investigación.

Según la versión del litigante, José Antonio Granados, el Ministerio Público de la PGJ le dijo antes de la audiencia que tenían "la línea de chinga$%#o".

También comentó que, para obtener la orden de aprehensión, el MP ocultó al juez de control un documento en el que se precisaba, según contó, que su cliente recibió su adscripción a la clínica 120 en noviembre de 2018, meses después de la presunta violación, en abril de ese año.

Aseguró que la determinación de no vincular a proceso a su cliente dejó el caso abierto, pues el Ministerio Público puede seguir investigando el caso, lo que, dijo, no han realizado, ya que "no tienen pruebas".

Pidió que la procuradora Ernestina Godoy revise el actuar de sus Ministerios Públicos y deje de culpar a los jueces.  "No vengo a hablar ni bien ni mal del juez [Federico Mosco], pero el Ministerio Público se intentó lavar las manos", expresó.

Con relación a los señalamientos que se han hecho luego de que el juez Federico Mosco  reclasificara el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar en el caso de Abril Cecilia "N", únicamente comentó que hubo un error del juzgador, pero que se debe revisar si la procuraduría capitalina, a través de su Ministerio Público, solicitó la prisión preventiva justificada después de escuchar la reclasificación del delito, ya que con las pruebas de las agresiones a la víctima, era su obligación salvaguardar su integridad.