México

El ABC de la Estafa Maestra

Al menos 11 ex funcionarios participaron en la maquinación del desfalco de 4 mil 73.3 millones de pesos cometido desde Sedesol y Sedatu. 

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Por Reforma

Rosario Robles se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla por el caso de la Estafa Maestra.

Rosario Robles se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla por el caso de la Estafa Maestra.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la anuencia u omisión de la ex Secretaria Rosario Robles y la conducción intelectual del ex Oficial Mayor Emilia Zebadúa, un grupo de al menos 11 ex servidores públicos participaron en la maquinación del desfalco de 4 mil 73.3 millones de pesos cometido desde Sedesol y Sedatu. 

De acuerdo con declaraciones contenidas en distintas investigaciones administrativas y penales, no en todos los casos los involucrados tuvieron conocimiento del desfalco que se estaba realizando a través de universidades, entidades públicas y empresas fantasma.

El desvío de recursos comenzó a operar desde el 15 de febrero de 2013, cuando la Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio por 21.1 millones de pesos con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para que ésta instalara ventanillas de atención para el programa de adultos mayores.

A ese convenio se sumaron 24 más, el último firmado el 15 de diciembre de 2016, con otras 12 universidades y tecnológicos, así como tres sistemas de de radio y televisión de los estados de Hidalgo, Quintana Roo y Sonora.

El propósito de firmar convenios con las universidades y los centros estatales de radio y televisión fue evitar los procesos de licitación e intentar evadir la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) permite la contratación entre entes públicos siempre y cuando el contratado esté en capacidad de proveer lo solicitado sin subcontratar más del 49 por ciento de los trabajos a realizar.

Desde que la ASF comenzó a revisar estos convenios advirtió que en ellos había irregularidades, porque si bien estaban permitidos por la ley, no se ajustaban a lo establecido en la norma y las universidades no tenían la capacidad técnica ni de personal para cumplir con lo pactado.

Pese a ello, durante el paso de Robles y Zebadúa por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), firmaron los convenios y asignaron contratos para proveer distintos servicios, entre los que están la instalación de módulos, la realización de conciertos de rock, la elaboración de estudios, la planeación de campañas de difusión y la elaboración de spots.

En febrero de 2015, al dar a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2013, la ASF evidenció el esquema que se repetiría año con año: el pago millonario a universidades por la prestación de supuestos bienes y servicios, que en muchos de los casos no se realizaron, y la triangulación de la mayor parte de esos pagos a empresas fantasma.

"Se evidencian esquemas que permitieron eludir las licitaciones públicas, presumiblemente simular los servicios y las adquisiciones, subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios, y que éstos, a su vez, subcontrataran a otras empresas, que en algunos casos resultaron inexistentes o vinculadas", indicó en la auditoría forense DS-031.

Luego de que se daba la firma del convenio respectivo, el modus operandi que se seguía al interior de la Sedesol y Sedatu era que se acordaba con las universidades a qué empresas se debían transferir los recursos, se elaboraban supuestos entregables que justificaran los bienes prestados, se seguían los trámites para liberar los pagos y se pretendía solventar ante la ASF las observaciones con papeleo y pruebas hechizas.

Robles fue vinculada a proceso el 12 de agosto pasado por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito de servicio público, debido a que, pese a haber tenido conocimiento del desvío de recursos que se estaba llevando a cabo, no hizo nada para impedirlo ni informó de ello a su superior jerárquico, el Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la audiencia se reveló que José Antolino Orozco Martínez, Marcos Salvador Ibarra Infante y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex funcionarios de Sedesol y Sedatu, en distintas declaraciones ministeriales aseguraron que Robles estuvo al tanto del saqueo que se se estaba cometiendo.

"Si bien es cierto, se ha narrado que Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación informó a María del Rosario de las irregularidades que ocurrían, en aquella época, en la Secretaría de Desarrollo Social.

"La certeza que María del Rosario tenía conocimiento, se obtiene de la notificación que hizo la Auditoría Superior de la Federación, de los pliegos de observaciones; y posteriormente, de los dictámenes técnicos donde se desprende el posible daño a la Hacienda Pública en ambas dependencias", añadió el Juez.

Así, con su anuencia u omisión, de acuerdo con declaraciones de algunos implicados, sus subalternos operaron el desfalco:


Operadores

De acuerdo con el testimonio de algunos de los implicados este fue el rol que jugaron los investigados por la estafa:

Emilio Zebadúa

Oficial Mayor en Sedesol y Sedatu

Firmó convenios protocolarios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México que derivaron en seis convenios específicos por mil 195 millones de pesos.

Ha sido señalado como el autor intelectual de toda la trama y algunos ex servidores públicos han declarado que actuaron por instrucciones de él a través de sus operadores.

Francisco Báez Álvarez

Director de Programación y Presupuesto en Sedesol y Sedatu

Brazo derecho de Emilio Zebadúa. En su área se definían los convenios y contratos con las universidades, se falsificaban las firmas necesarias, se encargaba de liberar los recursos financieros y era el responsable de acordar la triangulación del dinero hacia empresas fantasma.

Enrique Prado Ordóñez

Director General de Adquisiciones y Contratos en Sedesol y Sedatu

Reclutó empresas que firmaron contratos con las universidades y creó, con familiares, compañías para recibir recursos. También presuntamente se encargaba de pagar sobornos a funcionarios de la hoy Fiscalía General de la República (FGR) para evitar que las denuncias presentadas prosperaran.

Humberto René Islas

Director General de Recurso Materiales en Sedesol y Sedatu

Era el encargado de la logística, traslado de efectivo y contratación de medios de transporte para asegurar los pagos a las universidades y empresas. Su área tenía bajo resguardo los convenios originales firmados con las universidades, los cuales desaparecieron tras el sismo de 2017.

Claudia Gabriel Morones Sánchez

Directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales de Sedesol

Fungió como enlace con las universidades, convenía con los representantes de éstas las reuniones y la fabricación de entregables en oficinas rentadas en Polanco y la Nueva Anzures. Aprovechando su experiencia contable y su paso por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), daba respuesta a los requerimientos de los auditores.

Miguel Ángel Vega García

Titular del Órgano Interno de Control en Sedatu

Fue omiso en atender las denuncias de falsificación de firmas denunciadas por el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio, y del director de Ordenamiento Territorial, Armando Saldaña; también fue omiso al no haber actuado ante las irregularidades cometidas.

Ramón Sosamontes

Jefe de la Oficina de la Secretaría en Sedesol y Sedatu

Hombre de la mayor confianza de Rosario Robles. Firmó en 2015 tres convenios con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) por un monto total de 603 millones de pesos. Por esos contratos, quien fungía como vocero, Gustavo Rodríguez, fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública.

Juan Carlos Lastiri Quirós

Subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol

Firmó un convenio multianual por 338 millones de pesos con la Universidad Politécnica de Tlaxcala que derivó en 2015 en una denuncia penal. 

Javier Arrambide Olvera

Director de Programas de Delegaciones en Sedesol y director de Área en Sedatu

Firmó un convenio con la Universidad Politécnica de Quintana Roo, el cual fue investigado por la ASF.
     
Marcos Salvador Ibarra Infante

Director General Adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol y Director General de Coordinación de Delegaciones en Sedatu.

Firmó en 2015 un convenio con la Universidad de Zacatecas y cuatro convenios, entre 2015 y 2016, con la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

José Antolino Orozco Martínez

Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios en Sedesol y Jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en Sedatu.

Firmó cuatro convenios por 621 millones de pesos. En su declaración ministerial, acusó a Rosario Robles de haber incurrido en conductas irregulares. 
   
Simón Pedro de León Mojarro

Titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol

Firmó convenios con la Universidad de Zacatecas y la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Engañados

Enrique González Tiburcio

Coordinador de Asesores en la Sedesol y Subsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu

Denunció ante el OIC de Sedatu la falsificación de su firma en un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica Francisco I Madero, pese a ello se le acusó judicialmente por el desvío de 185.8 millones de pesos que se cometió al amparo de ese contrato.

Armando Saldaña Flores

Director General de Ordenamiento Territorial en Sedatu

Denunció la falsificación de su firma en un convenio con la Universidad Politécnica del Estado de Hidalgo por 224 millones de pesos. Sin embargo, se le vinculó a proceso por el desvío cometido a través de ese contrato.
 

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