Confirma Santiago Nieto que UIF investiga a delegados

CIUDAD DE MÉXICO.-Las autoridades financieras investigan por presunto lavado de dinero a funcionarios del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto.

La Secretaría de la Función Publica "ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas, y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular", dijo Nieto en declaraciones a la prensa mexicana.

Confirmó que la UIF a su cargo ha estado viendo con la Función Pública temas "respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas", y sostuvo que ha se han presentado las denuncias correspondientes.

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Al tomar posesión el 1 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador designó en cada uno de los 32 estados de México a delegados responsables de los programas federales en las entidades, personas que fueron llamados superdelegados por tener comunicación directa con el Ejecutivo nacional.

Nieto explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera continúa "trabajando en la revisión de eventuales casos, o posibles, de lavados de dinero, relacionados con gobernadores y ex gobernadores, y vamos a seguir con esa línea".

El pasado 6 de noviembre, Nieto confirmó que la UIF ha trabajado con la Función Pública "en casos donde hemos detectado algún tipo de irregularidad, incluso en el actual Gobierno".

Nieto confirmó entonces que su unidad investigaba al que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Gerardo Ruiz Esparza, por cargos de corrupción al haber favorecido la operación de la empresa OHL en el Estado de México, donde fue titular de Comunicaciones.

El titular de la UIF confirmó que hay investigaciones al menos sobre un ex funcionario del Gobierno anterior y también de otro personaje de la actual administración, pero dijo que se reservaba los datos por "el sigilo de las investigaciones".

En mayo pasado, el delegado del Gobierno de López Obrador en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, fue acusado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de estar detrás de una red de empresas farmacéuticas beneficiadas por contratos gubernamentales.

Según la acusación, una red de nueve empresas es controlada por Lomelí, no obstante que solo reconoce oficialmente en su declaración patrimonial a cuatro de ellas.

Lomelí renunció el 12 de julio y MCCI aseguró que además de él había otros funcionarios públicos investigados en el caso.

La Secretaría de la Función Pública anunció entonces que se tenían abiertas siete investigaciones contra el exdelegado por presuntas conductas irregulares.