FGR reportó 20 veces menos fosas clandestinas que las fiscalías estatales y 13 veces menos que la prensa en 2025; informe de Artículo 19, Data Cívica y la Ibero revela discrepancias en las cifras oficiales y graves vacíos de información sobre cuerpos recuperados, identificación de víctimas y acceso a la justicia en México
El informe se elaboró mediante el cotejo de información publicada en medios nacionales y respuestas a solicitudes de acceso a la información dirigidas a fiscalías estatales y a la FGR.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) contabilizó en 2025 hasta 20 veces menos fosas clandestinas que las reportadas por las fiscalías estatales y 13 veces menos que las documentadas por medios de comunicación nacionales, de acuerdo con un informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas, iniciativa impulsada por Artículo 19, Data Cívica y el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
La investigación evidenció discrepancias importantes entre las cifras oficiales y los registros periodísticos sobre la localización de entierros clandestinos en el país, además de señalar la falta de información homologada para dimensionar la crisis de desapariciones y los desafíos forenses en México.
El informe se elaboró mediante el cotejo de información publicada en medios nacionales y respuestas a solicitudes de acceso a la información dirigidas a fiscalías estatales y a la FGR. Las organizaciones advirtieron que las diferencias entre los registros dificultan conocer la magnitud de los hallazgos y evaluar los resultados de las investigaciones.
De acuerdo con el documento, las inconsistencias también reflejan problemas de coordinación entre instituciones responsables de registrar las fosas clandestinas y los restos humanos localizados en ellas.
Fiscalías estatales reportaron 651 fosas clandestinas
De las 16 fiscalías estatales que respondieron a las solicitudes de información, las organizaciones contabilizaron 651 fosas clandestinas localizadas durante 2025.
Sonora concentró el mayor número de hallazgos, con 204 fosas, seguido de Chihuahua, con 86; Baja California Sur y Jalisco, con 71 cada uno.
En contraste, la FGR reportó únicamente 32 fosas clandestinas en seis entidades federativas: Tamaulipas, con 15; Jalisco, con seis; Guerrero, con cinco; Coahuila, con tres; Michoacán, con dos, e Hidalgo, con una.
Por su parte, los medios de comunicación nacionales documentaron 433 fosas clandestinas distribuidas en las 32 entidades del país.
Las diferencias entre las tres fuentes quedaron reflejadas en los siguientes registros:
| 16 fiscalías estatales que respondieron | 651 |
| Medios de comunicación nacionales | 433 |
| Fiscalía General de la República | 32 |
Las cifras corresponden a los registros recopilados por la investigación y no necesariamente representan un conteo exhaustivo de todas las fosas localizadas en México. En particular, la información de las fiscalías estatales corresponde a las 16 instituciones que respondieron las solicitudes, mientras que los registros de la FGR y la prensa se construyeron a partir de sus respectivas fuentes.
Sonora y Chihuahua concentran hallazgos reportados
Los datos recopilados por la Plataforma Ciudadana de Fosas muestran que Sonora y Chihuahua figuran entre las entidades con mayor número de entierros clandestinos localizados.
En los registros de las fiscalías estatales, Sonora encabezó la lista con 204 fosas, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar, con 86. Baja California Sur y Jalisco reportaron 71 cada uno.
En el caso de la información publicada por medios de comunicación, los estados con más hallazgos fueron Sonora, con 68; Chihuahua, con 60; Baja California Sur, con 44; Jalisco y Sinaloa, con 25 cada uno; Baja California, con 23, y Guanajuato, con 20.
En conjunto, estas siete entidades sumaron 265 registros periodísticos, equivalentes a 61.2% del total documentado por la prensa nacional durante 2025.
La diferencia entre los datos de las fiscalías y los publicados en medios también pone de manifiesto los desafíos para integrar registros completos y comparables sobre la localización de fosas clandestinas.
La falta de datos impide conocer qué ocurre después de localizar una fosa
Las organizaciones responsables del informe advirtieron que las discrepancias no se limitan al número de entierros clandestinos identificados. También existe una falta de información pública homologada y actualizada sobre las investigaciones posteriores, los procesos de identificación de restos humanos y el acceso de las víctimas a la justicia.
En un comunicado, señalaron que la ausencia de registros comparables impide conocer con precisión qué sucede después de que las autoridades localizan una fosa y dificulta evaluar la efectividad de las acciones gubernamentales.
El problema, de acuerdo con las organizaciones, involucra la coordinación entre las instituciones que localizan y procesan los hallazgos, así como la documentación de los cuerpos y restos recuperados.
La investigación también señala que la legislación mexicana asigna a la FGR funciones de coordinación relacionadas con los registros nacionales en materia de desaparición. Por ello, las diferencias entre los datos disponibles plantean interrogantes sobre la integración y actualización de la información.
Fiscalías reportaron 833 cuerpos y restos recuperados
Además de las fosas clandestinas, las fiscalías estatales que respondieron las solicitudes de información reportaron la recuperación de 833 cuerpos y restos humanos durante 2025.
Jalisco registró el mayor número, con 257; le siguió Sonora, con 239. Chihuahua y Baja California Sur reportaron 96 cada uno.
Sin embargo, las organizaciones encontraron deficiencias en la documentación de las características de las víctimas. Según el informe, los registros de las fiscalías únicamente incluyeron información sobre el sexo en 65.5% de los casos considerados en ese apartado.
Entre los registros que sí contaban con ese dato se identificaron 487 hombres y 59 mujeres.
La falta de información impide establecer con mayor precisión el perfil de las personas cuyos cuerpos o restos fueron recuperados, así como vincular los hallazgos con investigaciones de desaparición.
Michoacán concentró el mayor número de restos humanos reportados en otro rubro
El informe también identificó información específica sobre restos humanos recuperados en fosas clandestinas. En este apartado, 10 de las 16 entidades que respondieron las solicitudes reportaron un total de 226 restos humanos.
Michoacán concentró el mayor número, con 99; seguido de San Luis Potosí, con 37; Sonora, con 30, y Guerrero, con 28.
En conjunto, estas cuatro entidades representaron 73.5% del total de restos humanos reportados en ese rubro.
Las organizaciones hicieron una precisión fundamental: el número de restos no equivale necesariamente al número de víctimas, debido a que varios fragmentos o restos pueden corresponder a una misma persona.
Asimismo, advirtieron que 85.8% de los registros incluidos en este apartado carecía de información sobre el sexo de las víctimas, lo que evidencia vacíos adicionales en la documentación de los hallazgos.
Organizaciones piden registros homologados y actualizados
Para la Plataforma Ciudadana de Fosas, las diferencias entre los datos de las autoridades federales, las fiscalías estatales y los medios de comunicación muestran la necesidad de mejorar la coordinación institucional y garantizar que la información se registre de manera uniforme.
La disponibilidad de datos completos permitiría conocer no solo cuántas fosas clandestinas se localizan, sino también cuántos cuerpos y restos se recuperan, cuántas personas son identificadas y qué avances existen en las investigaciones ministeriales.
Sin esa información, sostienen las organizaciones, resulta difícil dimensionar la crisis forense y de desaparición en México y medir la respuesta de las instituciones encargadas de atenderla.
El informe pone así el foco en una problemática que va más allá de las diferencias estadísticas: la necesidad de contar con información pública verificable que permita dar seguimiento a los hallazgos, fortalecer las investigaciones y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las familias de personas desaparecidas.
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