Diputados aplazan hasta 2031 la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Morena defiende el tiempo adicional y oposición acusa falta de presupuesto
El legislador señaló que las entidades que estén preparadas podrán comenzar a aplicar el Código antes de la fecha límite establecida.
La Cámara de Diputados aprobó, con 363 votos a favor y 57 en contra, extender el plazo para implementar el nuevo ordenamiento judicial. Mientras Morena defendió que la medida permitirá preparar tribunales y capacitar al personal, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que faltan recursos para concretar la reforma.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó aplazar del 1 de abril de 2027 al 1 de julio de 2031 la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el argumento de que se requiere más tiempo para garantizar una implementación ordenada y eficiente del nuevo sistema de justicia.
El dictamen fue aprobado con 363 votos a favor y 57 en contra. La modificación amplía el plazo para que las autoridades judiciales federales y estatales realicen las adecuaciones necesarias para aplicar los procedimientos previstos en el Código Nacional.
La decisión generó posiciones encontradas entre los legisladores. Mientras Morena sostuvo que la ampliación permitirá preparar mejor a los tribunales, capacitar a jueces y personal judicial e incorporar herramientas tecnológicas, representantes del PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que el aplazamiento se plantee sin garantizar los recursos presupuestarios necesarios.
Morena defiende el aplazamiento para preparar los tribunales
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el morenista Julio César Moreno Rivera, afirmó que la ampliación del plazo busca crear las condiciones para que el nuevo sistema funcione correctamente desde el inicio.
El legislador señaló que las entidades que estén preparadas podrán comenzar a aplicar el Código antes de la fecha límite establecida.
Moreno Rivera sostuvo que la transformación de la impartición de justicia no depende únicamente de modificar las leyes, sino también de cambiar las prácticas y las condiciones de operación de los tribunales.
“Esta ampliación permite que juezas, jueces y personal judicial continúen capacitándose, conozcan a fondo los nuevos procedimientos y unifiquen criterios para ofrecer una atención más ágil y eficiente”, explicó.
De acuerdo con el diputado, el tiempo adicional también permitirá adecuar los espacios donde se desarrollarán los juicios orales, instalar salas de audiencias apropiadas y fortalecer las herramientas necesarias para garantizar que todas las partes involucradas puedan ser escuchadas en condiciones de igualdad.
El legislador defendió que la preparación de la infraestructura judicial es fundamental para que los procedimientos puedan desarrollarse con mayor eficiencia y para que las personas reciban una atención cercana, clara y oportuna.
Justicia digital, otro de los argumentos para extender el plazo
Otro de los puntos señalados por Morena fue la necesidad de incorporar tecnología a los procedimientos judiciales.
Moreno Rivera destacó que el Código Nacional contempla la posibilidad de realizar notificaciones electrónicas y utilizar sistemas de justicia digital, conforme a las disposiciones aplicables.
Según el diputado, estas herramientas podrían reducir los tiempos de comunicación entre las partes, evitar traslados innecesarios y facilitar el seguimiento de los procedimientos.
“Esto puede significar notificaciones más rápidas, menos traslados innecesarios y procedimientos más sencillos para las personas, pero para lograrlo necesitamos que los tribunales cuenten con sistemas adecuados y, principalmente, con personal preparado para utilizarlos”, señaló.
El presidente de la Comisión de Justicia agregó que la modernización no debe limitarse a digitalizar expedientes, sino que debe aprovechar la tecnología para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales.
PRI acusa falta de presupuesto para implementar la reforma
Desde la oposición, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Suárez Licona, cuestionó que las reformas legales se aprueben sin garantizar los recursos financieros necesarios para llevarlas a la práctica.
El legislador afirmó que, desde 2018, se han impulsado cambios legislativos que terminan convertidos en compromisos difíciles de cumplir debido a la falta de presupuesto para su implementación.
“Una reforma que no considera los recursos necesarios para su implementación o que los condiciona es a lo mucho una buena intención”, advirtió.
Suárez Licona señaló que el retraso puede prolongar la espera de las personas que recurren a los tribunales para resolver conflictos familiares y patrimoniales.
Entre los casos afectados mencionó las disputas por la custodia de menores, las pensiones alimenticias y los litigios entre particulares relacionados con sus bienes.
El diputado cuestionó cuánto tiempo más tendrán que esperar los ciudadanos para contar con un sistema de justicia que responda de manera oportuna a sus necesidades.
Su postura fue que, sin una asignación presupuestaria suficiente, ampliar el plazo no garantiza que las condiciones para aplicar el nuevo Código estén listas en 2031.
Movimiento Ciudadano advierte que se necesitan 10 mil millones de pesos anuales
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, también criticó la decisión y sostuvo que el aplazamiento responde a la falta de recursos para poner en marcha el nuevo sistema de justicia.
El legislador señaló que durante los últimos años no se han destinado fondos suficientes para financiar la infraestructura, los sistemas tecnológicos y la capacitación que requiere la implementación del Código.
Además, afirmó que el Proyecto de Presupuesto para 2027 no contempla los recursos que, a su juicio, serían necesarios para avanzar en ese proceso.
“Pasan los años, pasó así 23, 24, 25 y 26 y no hay recursos suficientes para que este Código de avanzada pueda implementarse. No se destina presupuesto en el pasado y no se considera en el Proyecto de Presupuesto 2027 los recursos necesarios para que de verdad se pueda implementar”, manifestó.
De Hoyos Walther sostuvo que se requieren al menos 10 mil millones de pesos anuales para que el sistema de justicia previsto en el Código pueda operar adecuadamente.
El legislador consideró que posponer nuevamente la fecha de entrada en vigor sin garantizar el financiamiento necesario prolonga la incertidumbre sobre la aplicación efectiva de la reforma.
La cifra de 10 mil millones de pesos corresponde a la estimación expuesta por el diputado durante el debate y debe distinguirse de una asignación presupuestaria aprobada oficialmente.
¿Qué cambia con el aplazamiento del Código Nacional?
La modificación extiende el periodo disponible para que las autoridades judiciales preparen la transición hacia procedimientos civiles y familiares regulados por un ordenamiento nacional.
El objetivo de esta reforma es establecer reglas procesales comunes en materias como los conflictos familiares, las controversias civiles y los procedimientos ante los tribunales, con el propósito de avanzar hacia una aplicación más uniforme de la justicia en el país.
Para implementar el Código, las autoridades necesitan adaptar instalaciones, capacitar a jueces y trabajadores judiciales, actualizar sistemas informáticos y establecer mecanismos que permitan realizar actuaciones procesales mediante herramientas digitales cuando corresponda.
La fecha aprobada, el 1 de julio de 2031, establece un nuevo límite para completar la implementación. Sin embargo, la reforma contempla que las entidades que estén preparadas puedan comenzar a aplicar el ordenamiento antes de ese momento, conforme a las disposiciones correspondientes.
La disputa por el plazo y los recursos
La aprobación del aplazamiento dejó en evidencia dos posiciones sobre la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia.
Por un lado, Morena defendió que ampliar el plazo permitirá preparar mejor a los tribunales y evitar que el Código comience a aplicarse sin la infraestructura ni la capacitación necesarias.
Por otro, el PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que el tiempo adicional no resolverá por sí solo los problemas de implementación si no se acompaña de recursos suficientes y compromisos presupuestarios concretos.
El desafío será determinar si la ampliación permite completar las adecuaciones necesarias o si, como advierten los legisladores de oposición, la falta de financiamiento vuelve a retrasar una reforma que busca modificar la forma en que se tramitan y resuelven los conflictos civiles y familiares.
En última instancia, la implementación del Código será determinante para que sus disposiciones se traduzcan en procedimientos más accesibles y eficientes para quienes acuden a los tribunales en busca de una resolución judicial.
Reduce la repetición sobre el aplazamientoDistingue mejor las posturas legislativas
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