Locatarios de mercados en Oaxaca se plantan ante un programa municipal que genera incertidumbre sobre sus concesiones y exigen garantías por escrito para evitar que años de trabajo queden en riesgo por nuevos trámites
Los comerciantes se niegan a participar en el plan de regularización mientras no se aclaren sus alcances legales. Advierten que una actualización administrativa no debe convertirse en un motivo para desconocer sus derechos ni imponerles condiciones que carezcan de sustento jurídico
El temor a que años de trabajo queden sujetos a nuevas condiciones administrativas llevó a comerciantes de mercados públicos de Oaxaca a rechazar un programa municipal de regularización. Los locatarios sostienen que no participarán en el procedimiento mientras el ayuntamiento no garantice por escrito que sus concesiones y derechos adquiridos serán respetados.
Según información de El Universal de Oaxaca, la inconformidad se concentra en el Programa Municipal de Regularización y Actualización de Derechos de los Mercados Públicos y del Mercado de Abastos. Los comerciantes cuestionan que las reglas actuales no les ofrecen suficiente certeza sobre las consecuencias de realizar el trámite.
Su principal preocupación es que la actualización de expedientes termine abriendo la puerta a cobros que consideran irregulares o a decisiones que pongan en duda permisos otorgados previamente por el propio municipio. También objetan la incorporación de una denominada “constancia de concesión”, cuya base legal solicitan aclarar.
La postura de los locatarios no implica que sus concesiones hayan sido canceladas. Se trata de una advertencia ante un procedimiento cuyos alcances, afirman, deben precisarse antes de que acepten participar.
¿Por qué los comerciantes rechazan la regularización de mercados?
El programa fue aprobado por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez el 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información publicada por el medio. Los inconformes señalaron que conocieron públicamente la medida el 13 de octubre y cuestionaron el tiempo transcurrido entre su aprobación y su difusión.
Más allá de esas fechas, el punto central de la disputa es la falta de claridad que los comerciantes atribuyen a las reglas del procedimiento. A su juicio, no basta con solicitar documentos o integrar expedientes: también debe quedar establecido qué efectos tendrá el trámite sobre quienes ya cuentan con derechos reconocidos.
Los locatarios sostienen que algunas concesiones fueron otorgadas por el cabildo municipal y que los antecedentes de cada puesto deben examinarse de manera individual. Por ello, rechazan que una actualización administrativa pueda utilizarse para desconocer situaciones jurídicas existentes sin una revisión legal.
Su preocupación también alcanza a quienes llevan años trabajando en los mercados, pero no cuentan con un título formalizado. Para este grupo, los comerciantes piden que se analicen documentos, antecedentes, antigüedad y circunstancias particulares, en lugar de aplicar criterios discrecionales.
¿Qué garantías piden para conservar sus puestos?
Los comerciantes exigen que el ayuntamiento establezca expresamente que participar o abstenerse de participar en el programa no será, por sí solo, una razón para cancelar, revocar, limitar o desconocer una concesión.
La petición busca que cualquier decisión que afecte los derechos de un locatario esté respaldada por la legislación aplicable y se tramite mediante el procedimiento correspondiente. También reclaman que se respeten el derecho de audiencia y la obligación de las autoridades de explicar y fundamentar sus determinaciones.
En términos prácticos, quieren saber qué documentos deben presentar, qué autoridad revisará sus expedientes y qué consecuencias tendrá cada etapa del proceso. Consideran que estas respuestas deben conocerse antes de que los comerciantes queden sujetos a nuevos requisitos.
La exigencia es especialmente relevante para quienes sostienen su actividad económica en un puesto de mercado. Sin reglas claras, argumentan, una gestión administrativa podría generar incertidumbre sobre derechos que consideran previamente reconocidos.
La controversia por la nueva “constancia de concesión”
Otro de los puntos cuestionados es la denominada “constancia de concesión”. Los locatarios sostienen que ese documento no cuenta con un fundamento legal claro y exigen que el municipio precise su naturaleza, finalidad y efectos.
La discusión no se limita al nombre del documento. Los comerciantes quieren conocer si se trata de una constancia administrativa para actualizar información o si podría utilizarse como requisito para reconocer la vigencia de los derechos sobre un puesto.
Por eso, demandan que las autoridades distingan entre las tareas de las áreas administrativas y las decisiones que, por su naturaleza, corresponden al órgano municipal competente. En particular, piden aclarar cuándo una actuación requiere conocimiento, dictamen, autorización o resolución del cabildo.
También solicitan que la falta de un título formal no se resuelva automáticamente en perjuicio de quienes ocupan los espacios. Su propuesta es que cada caso se revise con base en los antecedentes disponibles y las disposiciones legales aplicables.
¿Qué dicen sobre la actualización de los mercados públicos?
Los comerciantes reconocen que los mercados necesitan expedientes actualizados y procedimientos transparentes. Su desacuerdo, aseguran, no radica en la organización administrativa como objetivo, sino en la necesidad de que cualquier medida respete los derechos existentes y se aplique con reglas verificables.
Desde esa perspectiva, piden al cabildo de Oaxaca de Juárez ejercer las atribuciones que le corresponden en materia de concesiones y evitar que los trámites queden sujetos a interpretaciones poco claras.
La disputa plantea dos asuntos que deben distinguirse: la facultad municipal de mantener en orden los registros de los mercados y la obligación de respetar los procedimientos legales cuando una decisión pueda afectar derechos particulares.
Los locatarios quieren que esa diferencia quede establecida por escrito antes de participar en el programa. Hasta que se aclaren sus alcances y existan garantías suficientes, mantienen su rechazo al procedimiento.
Por ahora, la información publicada no señala que el ayuntamiento haya cancelado las concesiones de los comerciantes inconformes. El reclamo se centra en obtener certeza jurídica para que la regularización no se convierta, por sí misma, en una causa para desconocer permisos o restringir derechos adquiridos.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Te recomendamos
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados