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Con 53 votos a favor y 13 en contra, un organismo internacional de magistrados expulsa a la CONATRIB por su respaldo a la reforma judicial que cambió la forma de elegir jueces en México

La Unión Internacional de Magistrados tomó la decisión durante su asamblea anual, después de considerar insuficientes las explicaciones de Rafael Guerra, presidente de la representación mexicana. La salida abre la posibilidad de que otra organización de jueces solicite ocupar el lugar de México en el organismo

Con 53 votos a favor y 13 en contra, un organismo internacional de magistrados expulsa a la CONATRIB por su respaldo a la reforma judicial que cambió la forma de elegir jueces en México

La representación de los tribunales superiores de justicia de México quedó fuera de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), una organización que promueve la independencia judicial, luego de que sus integrantes consideraran insuficientes las explicaciones sobre el respaldo de la delegación mexicana a la reforma judicial. La decisión se tomó durante la asamblea anual del organismo, con 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones.

Según información de El País, la medida afecta a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), cuyo presidente, Rafael Guerra, también encabeza el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La discusión se centró en el apoyo público que la organización expresó en 2024 a la reforma constitucional que introdujo la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.

La UIM había cuestionado desde ese año el nuevo modelo judicial mexicano. Durante la reunión más reciente, invitó a Guerra a explicar la postura de la CONATRIB, pero la mayoría de los participantes no consideró convincentes sus argumentos. La organización mexicana no había respondido a la solicitud de comentarios de El País al momento de publicar su información.

¿Por qué expulsaron a la representación judicial mexicana?

El conflicto comenzó cuando la CONATRIB respaldó públicamente la reforma judicial promovida durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En junio de 2024, Rafael Guerra defendió la necesidad de transformar el Poder Judicial y sostuvo que sus integrantes debían acompañar ese proceso.

La postura generó inconformidad dentro de la UIM, que considera la independencia de los jueces un principio esencial para el funcionamiento de los sistemas judiciales. En agosto de ese mismo año, el organismo pidió a las autoridades mexicanas reconsiderar el proyecto de reforma.

La controversia llegó a una decisión definitiva durante la asamblea anual. De acuerdo con Marcello Gallo, secretario general del grupo iberoamericano dentro de la UIM, Guerra planteó la importancia de privilegiar el diálogo, pero no respondió de manera satisfactoria a las objeciones relacionadas con el comunicado de apoyo a la reforma.

Gallo explicó a El País que, para la organización, la independencia judicial no admite grados ni puede separarse de los principios que deben regir a los jueces. La votación reflejó que la mayoría de los integrantes no consideró suficientes las explicaciones presentadas por la delegación mexicana.

¿Qué cuestiona el organismo sobre la elección popular de jueces?

Uno de los principales desacuerdos tiene que ver con la sustitución de integrantes de la judicatura que habían llegado a sus cargos mediante el sistema anterior. La reforma estableció la elección popular de jueces y magistrados y, en 2025, se celebró una primera jornada electoral judicial en la que se renovó aproximadamente la mitad de los cargos contemplados en ese proceso.

La otra parte de la judicatura quedó pendiente de la siguiente convocatoria, prevista para 2028. Este cambio ha generado un debate sobre la preparación de las personas electas, las condiciones para ejercer sus funciones y las garantías necesarias para evitar presiones externas sobre las resoluciones judiciales.

Desde la perspectiva de Gallo, una alternativa habría sido aplicar el nuevo mecanismo a las vacantes futuras, sin reemplazar de manera generalizada a quienes ya ocupaban los puestos bajo el sistema anterior. El representante de la UIM calificó el cambio como una destitución encubierta, una valoración que corresponde a su postura sobre la reforma.

Las objeciones no se limitaron a la organización internacional. Tras la primera elección judicial, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también recomendó no replicar el modelo en los mismos términos.

¿Qué pasará con la representación de México en la UIM?

La Unión Internacional de Magistrados admite una sola delegación por país. Por esa razón, mantener a la CONATRIB e incorporar simultáneamente a otra organización mexicana con una postura diferente no era una opción dentro de sus reglas.

En una discusión anterior, la Federación Latinoamericana de Magistrados optó por una solución distinta: incluir tanto a la CONATRIB como a la JUFED, organización que agrupa a jueces de carrera. Esa fórmula permitió que convivieran representaciones con posiciones diferentes frente a la reforma.

La UIM no puede aplicar el mismo esquema, por lo que la salida de la CONATRIB abre la posibilidad de que la JUFED solicite su incorporación. Sin embargo, la información publicada no confirma que esa admisión ya se haya aprobado.

El organismo reúne a delegaciones de 92 países y tiene entre sus objetivos promover la independencia de la judicatura. La expulsión, por tanto, modifica la representación mexicana dentro de esa organización, pero no equivale a una sanción contra todos los jueces del país ni implica que México haya sido expulsado de otros organismos internacionales.

Rafael Guerra, en el centro de la controversia

La decisión también tiene repercusiones para Rafael Guerra, quien preside la CONATRIB y encabeza el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desde 2018. Su gestión ha continuado durante tres mandatos, según la información publicada por El País.

Guerra intentó contender por un cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no superó el primer filtro del proceso de selección, relacionado con el promedio académico requerido. Después de no avanzar, permaneció al frente del tribunal capitalino.

La expulsión de la CONATRIB se suma a las controversias alrededor de la reforma judicial y de la postura de quienes la respaldaron desde las instituciones judiciales. El punto central de la disputa internacional es si el nuevo sistema garantiza condiciones suficientes para preservar la autonomía de los jueces.

Por ahora, la decisión confirmada es la salida de la CONATRIB de la Unión Internacional de Magistrados. La eventual incorporación de la JUFED y los efectos que este cambio pueda tener en la representación mexicana dependerán de los siguientes pasos del organismo.

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