Vinculan a proceso a cuatro detenidos por la protesta del agua en Guadalajara; enfrentarán el juicio en libertad mientras investigan a 17 policías por presuntos abusos
Teodoro Torres, Juan Darío Muñoz, Alexis Guzmán y Samuel Morales enfrentan acusaciones por lesiones y agresiones contra autoridades. Sus abogados denunciaron presuntas irregularidades en las detenciones, mientras la Fiscalía de Jalisco investiga posibles abusos policiales.

Cuatro hombres detenidos durante la protesta por la calidad del agua en Guadalajara fueron vinculados a proceso por lesiones y delitos contra representantes de la autoridad, tras una audiencia de más de cuatro horas celebrada en Puente Grande, Jalisco.
El juez Francisco Javier Castellanos determinó que Teodoro Torres, Juan Darío Muñoz, Alexis Guzmán y Samuel Morales podrán enfrentar el proceso penal en libertad, aunque deberán presentarse periódicamente ante el juzgado durante seis meses. La investigación complementaria tendrá un plazo de cuatro meses, de acuerdo con información publicada por El Financiero el 16 de octubre.
Los cuatro fueron detenidos tras los enfrentamientos registrados el 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro, durante una movilización para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua en la zona metropolitana.
Abogados denuncian presuntas irregularidades y tortura
Durante la audiencia, las defensas señalaron posibles violaciones a los derechos humanos de los detenidos, entre ellas presuntos actos de tortura, inconsistencias en los registros de arresto y falta de pruebas suficientes para acreditar su participación en las agresiones denunciadas.
Raúl Ernesto Villalvazo, abogado de Teodoro Torres, señaló que analiza las opciones legales para impugnar la decisión judicial o presentar denuncias por los presuntos abusos.
“Esa decisión nosotros sí la tenemos... ya sea que la apelemos ante el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco o nos vayamos a un juicio de garantías”, declaró, según el reporte de El Financiero.
Por su parte, Sandra Millán, abogada de Samuel Morales y Juan Darío Muñoz, afirmó que no ha visto videos en los que sus representados aparezcan lanzando objetos contundentes o agrediendo a policías. También cuestionó que esas grabaciones no se hayan presentado durante el debate judicial, de acuerdo con la información publicada.
Las acusaciones de las defensas forman parte de los señalamientos que deberán esclarecerse por las vías legales correspondientes. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria: el procedimiento continúa mientras se investigan los hechos y se determina si existen elementos para llevar a los imputados a juicio.
Samuel Morales, el repartidor detenido durante la movilización
Entre los cuatro imputados está Samuel Morales Navarro, un repartidor de plataforma de 24 años cuyo caso recibió atención pública después de que él y su madre denunciaron presuntas agresiones durante su detención.
Según un reportaje de El Financiero, Morales afirmó que esperaba un pedido en su motocicleta cuando fue derribado y detenido por policías antimotines. Su familia también denunció lesiones y dificultades para localizar la motocicleta que utiliza como herramienta de trabajo.
La defensa sostiene que no se han mostrado pruebas que acrediten que el joven participó en las agresiones atribuidas a los detenidos. Estas afirmaciones corresponden a la versión de sus representantes legales y deberán contrastarse con los elementos que presenten las autoridades.
Fiscalía de Jalisco abre 14 investigaciones contra policías
En paralelo al proceso contra los manifestantes, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió 14 carpetas de investigación por posibles abusos cometidos por policías durante la protesta.
Además, 17 elementos estatales fueron separados de sus funciones mientras Asuntos Internos investiga su actuación, según el reporte de El Financiero.
Las investigaciones buscan esclarecer las denuncias sobre el uso de la fuerza durante los arrestos y las presuntas agresiones sufridas por personas detenidas. Por separado, las acusaciones contra los cuatro manifestantes seguirán su curso judicial.
La protesta del 11 de octubre surgió por las quejas ciudadanas sobre la calidad del agua en Guadalajara y su zona metropolitana. Los enfrentamientos y las detenciones posteriores ampliaron el conflicto, que ahora incluye tanto las demandas por el servicio de agua como exigencias de rendición de cuentas por la actuación policial.
Los dos frentes siguen abiertos: los cuatro hombres deberán cumplir las medidas cautelares impuestas por el juez, mientras las autoridades investigan las denuncias contra los agentes estatales. La responsabilidad penal de los imputados y la de los policías señalados tendrá que determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
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