Gobierno de CDMX exige entrega de la Casa de Cultura Alfonso Reyes; Rojo de la Vega acusa “venganza política”

Ciudad de México.— La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, solicitó formalmente la entrega de la Casa de Cultura Alfonso Reyes, ubicada en la colonia Vista Alegre, situación que calificó como una presunta “venganza política”. Ante esta determinación, la funcionaria anunció que recurrirá a las vías legales para defender la permanencia del recinto bajo la administración de la demarcación.

De acuerdo con la alcaldesa, la solicitud fue notificada mediante un oficio en el que se exige entregar el inmueble, pese a que, aseguró, la Casa de Cultura se encuentra bajo responsabilidad de la alcaldía desde 2009.

“Después de todas estas mejoras, el gobierno de la Ciudad de México nos envió un oficio donde exige que hay que entregar esta casa”, expresó Rojo de la Vega al referirse a las acciones realizadas en el espacio.

La edil también llamó a la administración capitalina a revisar la documentación relacionada con el inmueble y buscar una solución mediante el diálogo. Advirtió que, si las autoridades rechazan esa posibilidad y recurren a procedimientos administrativos para desplazar a la alcaldía por motivos políticos, deberán explicar públicamente las razones de su decisión.

Rojo de la Vega anuncia defensa legal del recinto

El desacuerdo entre ambas administraciones coloca en el centro de la discusión la responsabilidad sobre la Casa de Cultura Alfonso Reyes y el futuro de las actividades culturales que deberían desarrollarse en sus instalaciones.

Rojo de la Vega sostiene que la alcaldía tiene a su cargo el recinto desde hace más de una década y cuestiona que el Gobierno capitalino solicite su entrega después de las mejoras realizadas en el inmueble.

Por ello, la alcaldesa adelantó que responderá por la vía legal, mientras pidió a las autoridades de la Ciudad de México revisar los documentos que permitan esclarecer la situación administrativa y jurídica de la propiedad.

Hasta el momento, con la información disponible, no se detallan los fundamentos jurídicos específicos del oficio, las condiciones en las que se solicita la entrega ni la respuesta oficial del Gobierno capitalino a los señalamientos de la alcaldesa.

Vecinos y talleristas ya habían denunciado el cierre del espacio

La controversia por el futuro de la Casa de Cultura Alfonso Reyes no comenzó con la solicitud de entrega del inmueble. Desde agosto, usuarios, talleristas y vecinos manifestaron su rechazo al cierre del recinto y a la posibilidad de que su administración o uso quedara en manos de la Fundación del Doctor Simi, organización que participó en la rehabilitación del espacio.

Las inconformidades surgieron ante la preocupación de que un lugar destinado a actividades culturales pudiera cambiar de orientación y dejar de funcionar como un espacio accesible para la comunidad.

La participación de la fundación en los trabajos de rehabilitación también generó cuestionamientos sobre el destino del inmueble y las condiciones bajo las cuales se utilizarían sus instalaciones una vez concluidas las obras.

El principal reclamo de los inconformes ha sido conocer con claridad los acuerdos entre las autoridades y la organización, así como garantizar que el recinto mantenga una función cultural y comunitaria.

Reabren la Casa de Cultura, pero persisten las quejas por falta de actividades

El pasado 29 de septiembre se realizó la reapertura de la Casa de Cultura Alfonso Reyes. Sin embargo, el acto no puso fin a las inconformidades de los habitantes de la zona.

Tras la reapertura, se colocaron lonas relacionadas con el programa Colonia Simi, en las que se anunciaban servicios como un comedor comunitario y consultorios.

La presencia de estos anuncios alimentó las dudas de vecinos y usuarios sobre el destino del inmueble, particularmente respecto a la continuidad de los talleres y las actividades culturales que motivaron la creación y utilización del recinto.

Como documentó este diario el 3 de octubre, habitantes de la zona denunciaron que, pese al acto oficial de apertura, el inmueble continuaba sin actividades culturales y con el acceso restringido.

La situación generó cuestionamientos sobre el alcance real de la reapertura y sobre si el espacio volvería a cumplir con las funciones culturales que esperaba la comunidad.

Más de mil 180 personas exigen transparencia

En medio de la controversia, más de mil 180 personas se habían sumado a una iniciativa para recuperar la Casa de Cultura Alfonso Reyes y exigir transparencia sobre el uso que se dará al inmueble.

La movilización refleja la preocupación de quienes consideran que el recinto debe conservar su función como espacio de encuentro, aprendizaje y participación comunitaria.

Entre las principales exigencias se encuentran el esclarecimiento de los acuerdos relacionados con la rehabilitación, la definición de las responsabilidades administrativas y la garantía de que los usuarios puedan acceder a actividades culturales.

Para los vecinos inconformes, la discusión no se limita a determinar qué autoridad administrará el inmueble, sino que también comprende el tipo de servicios que se ofrecerán y el papel que tendrá la comunidad en las decisiones sobre su futuro.

El futuro de la Casa de Cultura Alfonso Reyes, en disputa

La solicitud del Gobierno capitalino para que la alcaldía entregue el recinto abre un nuevo capítulo en la disputa por la administración y el uso de la Casa de Cultura Alfonso Reyes.

Por un lado, Rojo de la Vega sostiene que la demarcación tiene antecedentes de responsabilidad sobre el inmueble y anuncia que defenderá su posición legalmente. Por otro, las denuncias ciudadanas mantienen la atención sobre la necesidad de transparentar los acuerdos relacionados con la rehabilitación y el funcionamiento del espacio.

La controversia también plantea interrogantes sobre la continuidad de las actividades culturales y la participación de organizaciones privadas en la recuperación de instalaciones de uso comunitario.

Mientras se aclara la situación jurídica y administrativa, vecinos, talleristas y usuarios mantienen su exigencia de que el recinto vuelva a operar con actividades culturales y que las autoridades expliquen públicamente las decisiones que determinarán su futuro.