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Solo 1% de las trabajadoras del hogar tiene contrato escrito en México; 96.6% permanece en la informalidad

Más de 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar en México y nueve de cada 10 son mujeres. Un nuevo informe advierte que los avances legales de los últimos años no se han traducido en contratación formal, acceso efectivo a la seguridad social ni condiciones laborales dignas.

Solo 1% de las trabajadoras del hogar tiene contrato escrito en México; 96.6% permanece en la informalidad

A pesar de las reformas legales impulsadas durante los últimos años para reconocer los derechos de las personas trabajadoras del hogar en México, apenas 1% cuenta con un contrato de trabajo por escrito, mientras 96.6% permanece en la informalidad, de acuerdo con el informe Sosteniendo el cambio: Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México, presentado por la red civil Unidas.

El documento señala que en México existen alrededor de 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales nueve de cada 10 son mujeres. El sector representa aproximadamente 10% del total de mujeres trabajadoras del país.

El diagnóstico plantea una brecha entre el reconocimiento jurídico de los derechos laborales y su aplicación cotidiana: aunque en los últimos años se establecieron obligaciones relacionadas con la seguridad social y la contratación, la mayoría de las trabajadoras continúa sin acceder plenamente a esas garantías.

¿Cuántas trabajadoras del hogar están afiliadas al IMSS?

Uno de los principales problemas identificados por el informe es el bajo nivel de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Néstor Genis, coordinador de Inclusión de Ethos y autor del estudio, señaló que la afiliación obligatoria al Seguro Social permanece estancada en alrededor de 60 mil personas, menos de 3% del total de trabajadores del hogar.

“La gran mayoría de las trabajadoras no están viendo reflejada toda esta nueva legislación en condiciones laborales dignas con trabajo justo, la gran mayoría sigue en la informalidad”, afirmó.

El dato resulta relevante porque el reconocimiento legal del derecho a la seguridad social no necesariamente garantiza que una persona esté efectivamente registrada ante el IMSS. Para las trabajadoras del hogar, la incorporación depende en buena medida de que quienes las emplean cumplan con sus obligaciones como patrones.

¿Qué cambió con las reformas para las trabajadoras del hogar?

El reconocimiento de los derechos laborales del sector tuvo un punto de inflexión en 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la exclusión de las trabajadoras del hogar del régimen de seguridad social era contraria al marco constitucional.

Posteriormente, en 2019, se modificó la Ley Federal del Trabajo para ampliar el reconocimiento de sus derechos y establecer obligaciones para los empleadores.

Entre los cambios se encuentra la obligación de formalizar la relación laboral y garantizar el acceso a la seguridad social.

Sin embargo, el informe de Unidas sostiene que la aplicación de estas disposiciones sigue siendo limitada.

El problema no se reduce a la ausencia de contratos. La informalidad también tiene consecuencias sobre atención médica, prestaciones, cotización para el retiro, protección ante riesgos laborales y estabilidad económica.

¿Cuánto dinero pierde el IMSS por la informalidad del sector?

El estudio estima que la evasión de las cuotas patronales correspondientes al IMSS representa una pérdida anual de aproximadamente 56 mil 671 millones de pesos.

Los autores y participantes del informe calificaron esta situación como una especie de “subsidio institucional” a los empleadores, debido a que la falta de cumplimiento de las obligaciones laborales reduce los costos de contratación para los patrones, mientras traslada los riesgos a las trabajadoras.

El diagnóstico plantea que la formalización del sector requiere mecanismos de vigilancia y cumplimiento que no dependan exclusivamente de que las propias trabajadoras conozcan o reclamen sus derechos.

¿Qué problema tiene el aseguramiento por día?

El informe también identifica problemas en el esquema de incorporación al IMSS “por día”, diseñado para personas que trabajan jornadas aisladas o para distintos empleadores.

De acuerdo con el estudio, este mecanismo puede generar una protección fragmentada, debido a que la cobertura queda vinculada a los días registrados por los empleadores.

La dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, María de la Luz Padua, cuestionó que el acceso a la seguridad social dependa de la cantidad de días que una persona trabaja en determinado domicilio.

“La seguridad social no puede depender de cuántos días a la semana trabajamos en una misma casa (…). Las leyes no pueden partir de una trabajadora ideal, tienen que responder a nuestra realidad”, sostuvo.

El planteamiento refleja una de las particularidades del sector: muchas trabajadoras laboran para varios hogares, con horarios y días distintos, por lo que su relación laboral no necesariamente se ajusta al modelo tradicional de una persona empleada de tiempo completo por un solo patrón.

¿Existe una brecha salarial entre hombres y mujeres en el trabajo del hogar?

El informe identifica también una brecha salarial de género de 34.8% en detrimento de las mujeres.

El sector presenta además una marcada segregación por tipo de actividad. De acuerdo con los datos citados en el estudio, los hombres tienden a concentrarse en tareas mejor remuneradas.

La diferencia también aparece en la formalización: mientras alrededor de 9% de los hombres trabajadores del hogar cuenta con contratación escrita, entre las mujeres la proporción es de apenas 1%.

Esto ocurre en un sector donde las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral, por lo que la informalidad tiene una dimensión de género particularmente marcada.

¿Qué propone el informe para mejorar las condiciones laborales?

La red Unidas plantea varias medidas para reducir la informalidad y hacer efectivo el acceso a los derechos laborales.

Entre sus recomendaciones destacan:

  • Crear mecanismos de subsidio que faciliten la incorporación a la seguridad social.
  • Reforzar la vigilancia sobre los empleadores.
  • Establecer consecuencias efectivas para quienes incumplan sus obligaciones laborales y fiscales.
  • Mejorar los mecanismos de afiliación al IMSS para quienes trabajan para múltiples empleadores.
  • Garantizar que la cobertura de seguridad social responda a las condiciones reales del trabajo del hogar.

El planteamiento de fondo es que la responsabilidad de formalizar estas relaciones laborales no recaiga únicamente en las trabajadoras.

Reconocer el valor económico del trabajo doméstico no cambia únicamente la conversación pública. También modifica la forma en que se entiende la economía familiar y la participación de millones de personas que sostienen hogares completos sin recibir un salario. | Foto: Imagen Generada con IA

Una reforma legal que todavía no se refleja en millones de hogares

El caso de las trabajadoras del hogar muestra la distancia que puede existir entre una reforma legal y su aplicación efectiva.

México avanzó desde 2018 en el reconocimiento de derechos que durante décadas habían quedado fuera de la protección laboral plena. La reforma de 2019 incorporó nuevas obligaciones para los empleadores y abrió el camino hacia la afiliación obligatoria al IMSS.

Pero, según el informe de Unidas, más de dos millones de personas continúan trabajando en condiciones de informalidad, con una proporción mínima de contratos escritos y una incorporación al Seguro Social que permanece por debajo de 3%.

Para las organizaciones participantes, el siguiente desafío no consiste solamente en modificar las leyes, sino en hacer que los derechos reconocidos en ellas se cumplan dentro de los hogares donde se desarrolla este trabajo.

La magnitud del sector convierte el problema en una cuestión laboral, económica y de seguridad social: se trata de millones de personas que realizan tareas esenciales para el funcionamiento cotidiano de otros hogares, pero que todavía enfrentan dificultades para acceder de manera efectiva a las mismas protecciones laborales reconocidas para otros trabajadores.

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