Diputados aprueban reforma a la Ley Aduanera para combatir huachicol fiscal y subvaluación de mercancías; multas llegarán hasta 100% del valor comercial
La Cámara de Diputados aprobó modificaciones para fortalecer las revisiones aduaneras cuando existan diferencias en el valor declarado de las mercancías y estableció multas de entre 50% y 100% para determinadas infracciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos. La oposición advirtió sobre posibles afectaciones a importadores y pequeñas empresas.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera impulsada para fortalecer los controles contra el huachicol fiscal, el contrabando y la subvaluación de mercancías, prácticas que, de acuerdo con los argumentos de los legisladores que respaldaron el dictamen, afectan la recaudación pública y generan condiciones de competencia desleal.
El proyecto obtuvo 334 votos a favor en lo general y contempla nuevas herramientas para que las autoridades aduaneras puedan revisar operaciones en las que el valor declarado de una mercancía resulte inferior al de bienes idénticos o similares.
La reforma todavía debe ser analizada por el Senado de la República.
¿Qué cambia con la reforma a la Ley Aduanera?
Uno de los principales cambios se relaciona con la subvaluación de mercancías, una práctica mediante la cual un importador declara ante la autoridad un valor inferior al que realmente corresponde con el propósito de reducir las contribuciones que debe pagar.
La reforma elimina el umbral fijo que actualmente limita determinados procedimientos de revisión y amplía la capacidad de la autoridad para detectar diferencias en los valores declarados.
El planteamiento oficial es que las autoridades puedan identificar con mayor rapidez operaciones en las que existan indicios de subvaluación y determinar si corresponde iniciar un procedimiento de comprobación.
Legisladores de Morena y sus aliados defendieron la medida como una herramienta para combatir las llamadas “trampas fiscales” en las aduanas y mejorar la recaudación.
¿Qué multas contempla para el huachicol fiscal?
La reforma incorpora un régimen específico para hidrocarburos y petrolíferos.
Cuando se presenten determinadas infracciones relacionadas con información inexacta, incompleta o falsa en documentos y declaraciones aduaneras, las multas podrán ubicarse entre 50% y 100% del valor comercial de las mercancías.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, sostuvo que los hidrocarburos y petrolíferos han sido utilizados de manera recurrente en esquemas de contrabando y huachicol fiscal.
“Quien utilice operaciones aduaneras para facilitar esquemas ilícitos relacionados con combustibles deberá enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño que ocasiona al país”.
El diputado José Antonio López Ruiz, del PT, señaló que la reforma no crea nuevos impuestos, sino que busca fortalecer los mecanismos para verificar el pago de contribuciones y cuotas compensatorias.
¿Por qué la oposición cuestionó la reforma?
Aunque los partidos de oposición señalaron que están a favor de combatir el contrabando y la evasión fiscal, cuestionaron los mecanismos que utilizará la autoridad aduanera.
El diputado del PRI Christian Mishel Castro Bello advirtió que las medidas precautorias podrían generar costos importantes para empresas que realizan operaciones legales de comercio exterior.
“Una medida preventiva no debe convertirse en una sanción anticipada”.
El legislador argumentó que una mercancía retenida durante un procedimiento puede generar costos adicionales, afectar cadenas de suministro y poner en dificultades especialmente a pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos capacidad financiera para soportar retrasos o litigios prolongados.
La crítica coincide con otro de los cuestionamientos formulados durante el debate: que una diferencia de valor no necesariamente significa que exista fraude, pues puede explicarse por descuentos por volumen, liquidaciones, acuerdos comerciales u otras condiciones legítimas de una operación.
¿Qué dijo el PAN sobre las multas al huachicol fiscal?
El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó que el combate al huachicol fiscal se concentre en el incremento de sanciones económicas.
A su juicio, las organizaciones dedicadas al contrabando de combustibles podrían tener capacidad para absorber multas de ese tamaño, por lo que planteó que la estrategia debe alcanzar a toda la estructura involucrada en estas operaciones.
Durante su intervención también formuló acusaciones contra Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y contra el empresario Jorge Amílcar Olán, a quienes vinculó políticamente con presuntos esquemas de contrabando de combustibles.
Estas afirmaciones corresponden a señalamientos realizados desde la tribuna legislativa y no deben confundirse con una determinación judicial de responsabilidad. El debate parlamentario sobre la reforma incluyó diversas acusaciones entre legisladores de oposición y oficialismo.
¿La reforma podría afectar a empresas que sí cumplen?
Este fue uno de los principales puntos de discusión durante el debate.
La oposición sostuvo que ampliar las facultades de revisión y embargo precautorio puede generar incertidumbre para importadores que realizan operaciones legales.
Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que una diferencia en el precio pueda ser suficiente para activar mecanismos que afecten una carga, mientras que Téllez y Castro Bello señalaron riesgos para las cadenas productivas y el comercio exterior.
Del lado del oficialismo, los argumentos se centraron en que las nuevas herramientas buscan evitar que quienes declaran valores artificialmente bajos obtengan ventajas frente a empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.
El debate, por tanto, no se limitó al combate al huachicol fiscal: también giró alrededor del equilibrio entre facultades de fiscalización, certeza jurídica y continuidad de las operaciones comerciales.
¿Cuándo entraría en vigor la reforma?
El dictamen aprobado contempla que las modificaciones entren en vigor a partir del 1 de enero de 2027, de acuerdo con la información publicada sobre el proyecto.
Antes de ello, el Senado deberá discutir y, en su caso, aprobar el decreto.
La reforma forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la fiscalización de las operaciones de comercio exterior. Su aplicación implicará no sólo nuevas sanciones, sino también mayores facultades de revisión para las autoridades aduaneras.
El desafío será determinar cómo se aplican esas facultades en la práctica: endurecer los controles contra el contrabando y la subvaluación sin convertir los procedimientos precautorios en obstáculos para empresas que realizan operaciones legítimas.
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