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Audomaro Martínez, jefe de inteligencia de AMLO, ocultará su declaración patrimonial hasta 2029 y argumentó que revelar sus bienes podría poner en riesgo la seguridad nacional

La reserva también incluye las declaraciones patrimoniales de funcionarios del CNI y fue cuestionada por excomisionados del INAI, quienes señalaron que podría existir una versión pública de estos documentos.

El general en retiro Audomaro Martínez Zapata, quien fue director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, firmó personalmente la reserva por cinco años de su declaración patrimonial, por lo que sus bienes no podrán consultarse públicamente hasta septiembre de 2029.

El argumento utilizado fue que revelar esta información podría poner en riesgo la seguridad nacional y facilitar que integrantes de la delincuencia organizada lo amenacen, extorsionen o atenten contra su vida.

De acuerdo con una resolución del CNI de la que EL UNIVERSAL posee copia, Martínez Zapata firmó el documento el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de concluir el sexenio anterior.

La medida también incluyó las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Centro, bajo el argumento de que hacer pública esta información podría “potenciar” riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.

¿Por qué se reservó la declaración patrimonial?

La resolución CNI/CT/080/24/01 establece una reserva por cinco años para que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del CNI no sean públicas a través de Declaranet ni del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

El documento sostiene que existe un “riesgo real” al divulgar esta información, debido a que identificar a los funcionarios y conocer sus datos patrimoniales podría facilitar acciones de integrantes de la delincuencia organizada.

Según la resolución, esa información podría utilizarse para amenazar o extorsionar a los servidores públicos, con el objetivo de obtener datos privilegiados sobre las operaciones que realiza el CNI.

“Su divulgación permitiría que miembros de la delincuencia, al identificarlos, procedan a amenazarlos o extorsionarlos, a fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada respecto de las operaciones que realiza”.

El CNI también argumentó que la exposición de estos datos podría poner en riesgo la vida y libertad de los funcionarios y sus familiares, al facilitar que grupos delictivos los identifiquen y realicen acciones ilícitas en su contra.

La reserva también alcanza a funcionarios del CNI

La medida no se limitó a la declaración de Martínez Zapata. La resolución establece que las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas del CNI quedarían reservadas durante el mismo periodo.

El organismo sostuvo que conocer la identidad y el patrimonio de quienes trabajan en el Centro podría generar otros riesgos para sus actividades.

El documento señala que existiría un “riesgo demostrable” de que esa información fuera utilizada por personas interesadas en afectar el sistema de investigación e información del CNI, así como sus capacidades frente a amenazas a la seguridad nacional.

También plantea que los funcionarios podrían ser coaccionados para obtener información sensible sobre las actividades del Centro o para interferir en las acciones que realizan.

¿Cuándo podrá conocerse el patrimonio de Audomaro Martínez?

Debido a que la reserva fue establecida por cinco años y se firmó el 27 de septiembre de 2024, la información patrimonial del general en retiro podrá conocerse hasta septiembre de 2029, de acuerdo con la resolución citada.

El documento también argumenta que el derecho de acceso a la información “no es absoluto” y que la legislación contempla excepciones, entre ellas las relacionadas con información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional.

Excomisionados del INAI cuestionan la decisión

La reserva fue cuestionada por Adrián Alcalá Méndez, último comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y por la excomisionada Julieta del Río Venegas.

Alcalá reconoció que la legislación contempla una causal para reservar información relacionada con organismos de seguridad como el CNI. Sin embargo, consideró que la explicación utilizada en este caso no es suficiente.

“La causal es legítima o es válida, porque está establecida en la ley, pero la motivación es insuficiente”.

El excomisionado señaló que no debería bastar con argumentar que todas las personas que trabajan en el CNI realizan actividades relacionadas con la seguridad nacional.

También cuestionó que información patrimonial que, desde su perspectiva, debe ser pública permanezca reservada.

“Cuando ocultas algo de tu patrimonio despiertas sospechas, dudas cuando es un tema ya superado”.

Julieta del Río: debe existir una versión pública

Por su parte, Julieta del Río señaló que las reservas patrimoniales no deberían aplicarse únicamente por pertenecer a una institución de seguridad.

La excomisionada sostuvo que las declaraciones patrimoniales son públicas y que, cuando existen datos que deben protegerse, la legislación contempla la elaboración de una versión pública.

“Vamos a seguir insistiendo que una declaración patrimonial no pone en riesgo a ninguna persona”.

Del Río señaló que la información que pueda afectar la vida privada o los datos personales debe protegerse, pero cuestionó que se reserve la totalidad de una declaración patrimonial.

El caso deja así dos argumentos enfrentados: por un lado, el CNI sostiene que revelar el patrimonio de sus funcionarios puede generar riesgos para su seguridad y para las actividades de inteligencia; por otro, los excomisionados consultados por EL UNIVERSAL consideran que la pertenencia a una institución de seguridad no debería impedir que exista una versión pública de las declaraciones.

Mientras la reserva permanezca vigente, los bienes patrimoniales declarados por Audomaro Martínez Zapata no estarán disponibles públicamente hasta septiembre de 2029.

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