Despido de 109 policías de Uruapan desata disputa entre autoridades de Michoacán, luego que gobernador desmintiera a Grecia Quiroz
El origen de la controversia está en la salida de 109 elementos de la Policía Municipal de Uruapan y en la discusión sobre quién tomó la decisión.
La baja de 109 elementos de la Policía Municipal de Uruapan provocó un intercambio de señalamientos entre autoridades municipales y estatales de Michoacán. La presidenta municipal, Grecia Quiroz, responsabilizó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) por la salida de los uniformados, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rechazó esa versión y sostuvo que la decisión corresponde al ayuntamiento.
Durante una conferencia de prensa, Ramírez Bedolla afirmó que las declaraciones de la alcaldesa son falsas y aseguró que el Gobierno de Michoacán no tiene atribuciones laborales sobre las corporaciones policiales municipales. El SESESP también negó haber ordenado, solicitado o recomendado la baja de los agentes.
El caso tiene además un componente relacionado con la acreditación de los policías. De acuerdo con el titular del SESESP, César Erwin Sánchez, los elementos deben cumplir determinados requisitos para poder desempeñarse legalmente como integrantes de una corporación municipal, entre ellos aprobar los controles de confianza y acreditar la formación inicial, indicó Telediario.
¿Por qué fueron dados de baja 109 policías de Uruapan?
El origen de la controversia está en la salida de 109 elementos de la Policía Municipal de Uruapan y en la discusión sobre quién tomó la decisión.
Grecia Quiroz señaló al SESESP como responsable de la baja de los uniformados. Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rechazó esta acusación y afirmó que el gobierno estatal no cuenta con facultades laborales para decidir sobre el personal de las policías municipales.
El mandatario estatal sostuvo que la administración del personal corresponde al gobierno municipal.
La postura fue respaldada por el SESESP. Su titular, César Erwin Sánchez, aseguró que la dependencia no solicitó, instruyó ni recomendó la baja de los policías.
De esta manera, el conflicto se centra en una cuestión específica: si la salida de los elementos fue consecuencia de una determinación estatal o de una decisión administrativa del Ayuntamiento de Uruapan.
¿Qué dijo Alfredo Ramírez Bedolla sobre los policías?
El gobernador michoacano afirmó que las declaraciones de Grecia Quiroz son falsas y negó que el Gobierno de Michoacán tenga competencia laboral sobre los cuerpos policiales de los municipios.
Ramírez Bedolla también señaló que los 109 policías no realizaron los exámenes de control de confianza, pero agregó que esto ocurrió porque las propias autoridades municipales de Uruapan no los enviaron a realizar esos procedimientos.
La declaración coloca el cumplimiento de los requisitos de acreditación en el centro de la discusión.
La posición del gobierno estatal es que no correspondía al SESESP determinar la permanencia laboral de los agentes, sino que la administración municipal debía encargarse de su personal y de los procedimientos necesarios para que los elementos cumplieran con los requisitos establecidos.
¿Qué respondió el SESESP?
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública rechazó haber intervenido para ordenar la separación de los 109 policías.
César Erwin Sánchez, titular del organismo, reiteró que la administración del personal policial municipal es competencia de cada ayuntamiento.
Su explicación también permitió distinguir entre dos asuntos que forman parte de la controversia: la acreditación de los policías y la relación laboral de los agentes con el municipio.
El SESESP puede intervenir en los procesos relacionados con los requisitos de seguridad pública, pero, de acuerdo con la versión expuesta por su titular, eso no significa que tenga facultades para decidir directamente sobre las altas o bajas laborales de los policías municipales.
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¿Qué requisitos debe cumplir un policía municipal en Michoacán?
De acuerdo con la explicación proporcionada por César Erwin Sánchez, un elemento de una corporación municipal debe cumplir dos requisitos principales para estar debidamente acreditado y desempeñar sus funciones:
- Aprobar el examen de control de confianza ante el organismo correspondiente.
- Acreditar el curso de formación inicial impartido por la institución competente en materia de profesionalización policial.
Estos procedimientos buscan comprobar que los integrantes de las corporaciones cumplen con las condiciones requeridas para ejercer funciones de seguridad pública.
Por ello, la falta de alguno de estos requisitos puede tener consecuencias sobre la situación de un elemento dentro de una corporación. Sin embargo, la controversia actual no debe confundirse: una cosa es cumplir con los requisitos para estar acreditado y otra es determinar quién tiene las facultades para establecer la relación laboral de un policía con el ayuntamiento.
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¿El gobierno estatal puede despedir a policías municipales?
Este es uno de los puntos centrales del conflicto. La postura expresada por Alfredo Ramírez Bedolla y por el SESESP es que el Gobierno de Michoacán no tiene atribuciones laborales sobre los cuerpos policiales municipales.
Bajo esta versión, la responsabilidad administrativa relacionada con el personal de la Policía Municipal de Uruapan corresponde al ayuntamiento.
Esto explica por qué el gobierno estatal rechazó las declaraciones que atribuyen directamente al SESESP la decisión de separar a los 109 agentes.
No obstante, la discusión pública surgió precisamente porque la presidenta municipal de Uruapan sostiene una versión distinta sobre la intervención estatal.
¿Qué está confirmado y qué forma parte de la disputa?
Con la información disponible, pueden distinguirse varios puntos:
Está confirmado en las declaraciones de las autoridades que:
- 109 policías de Uruapan fueron dados de baja.
- Grecia Quiroz atribuyó la responsabilidad al SESESP.
- Alfredo Ramírez Bedolla rechazó esa acusación.
- El SESESP negó haber ordenado, solicitado o recomendado la baja.
- El gobierno estatal sostiene que la administración del personal policial municipal corresponde al ayuntamiento.
- El SESESP señala que los policías deben cumplir con controles de confianza y formación inicial.
Lo que permanece como parte de la confrontación política es la atribución de responsabilidad por la baja de los 109 elementos.
Las versiones de la presidenta municipal y del gobierno estatal son distintas, por lo que la acusación de una parte contra la otra debe presentarse como tal y no como un hecho acreditado.
¿Qué sigue para los policías dados de baja?
El punto pendiente es determinar la situación administrativa y laboral de los 109 elementos, así como las razones documentadas para su separación.
También será relevante conocer si los policías fueron sometidos o no a los procedimientos de control de confianza, qué autoridades fueron responsables de gestionar esos trámites y bajo qué fundamento se determinó su baja.
Mientras esas cuestiones no sean aclaradas mediante documentación oficial, el caso seguirá marcado por las versiones encontradas entre el Ayuntamiento de Uruapan y el Gobierno de Michoacán.
Por ahora, el gobierno estatal mantiene que la responsabilidad administrativa sobre el personal de la Policía Municipal corresponde al ayuntamiento, mientras que el SESESP niega haber ordenado la separación de los uniformados.
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