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Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán bloquean autopistas y carreteras para exigirle a Claudia Sheinbaum que atienda la crisis de salud y contaminación que atribuyen a la planta geotermoeléctrica de Los Azufres

El CSIM exige la renuncia de la directora de la CFE, protección para el lago de Zirahuén y la liberación de una defensora ambiental, en medio del Segundo Informe de Gobierno

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán bloquean autopistas y carreteras para exigirle a Claudia Sheinbaum que atienda la crisis de salud y contaminación que atribuyen a la planta geotermoeléctrica de Los Azufres

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán iniciaron este martes una jornada de movilización que incluye bloqueos en autopistas, carreteras y las instalaciones de la planta geotermoeléctrica Los Azufres. Según información de Infobae, la protesta —encabezada por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM)— busca exigir al Gobierno federal atención a una crisis de salud y contaminación que las comunidades atribuyen a la operación de esta instalación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La jornada ocurre justo el día en que la presidenta Claudia Sheinbaum rinde su Segundo Informe de Gobierno, lo que da un peso adicional al mensaje que buscan enviar los pueblos originarios.

¿Quién está detrás de la movilización?

El CSIM está integrado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y comunidades afromexicanas. La organización explica que el objetivo central de la protesta es defender lagos, ríos y territorios, además de exigir paz, seguridad y justicia para las comunidades originarias.

Según el consejo, las autoridades federales y estatales no han cumplido los acuerdos previamente pactados con los pueblos, lo que motivó esta nueva jornada de movilización.

¿Dónde están los bloqueos?

Las acciones se concentran en cuatro puntos principales:

  • La autopista Morelia-Guadalajara, a la altura de la caseta de Panindícuaro.
  • La autopista Morelia-Uruapan, en la caseta de Zirahuén.
  • La vía Uruapan-Lázaro Cárdenas, en la caseta de Taretan.
  • La carretera federal Lázaro Cárdenas-Colima, cerca de la comunidad afromexicana de El Ticuiz.

También hay presencia directa en las instalaciones de la geotermoeléctrica Los Azufres. El movimiento asegura que todas las acciones se realizan de forma pacífica, y el CSIM ofreció disculpas anticipadas a la población michoacana por las afectaciones que puedan generar los cierres viales.

Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán bloquean la autopista Morelia-Guadalajara, una de las cuatro vías cerradas este martes como parte de la movilización. (@CNI_Mexico)

¿Por qué llegaron a este punto?

De acuerdo con el consejo indígena, la falta de respuestas oficiales los dejó sin otra alternativa para exigir el respeto a sus derechos colectivos. Ya el pasado 23 de agosto, las comunidades habían anunciado movilizaciones en la zona de Los Azufres, acusando falta de atención institucional ante los daños a la salud y al entorno que vinculan con el funcionamiento de la planta.

Piden la renuncia de la directora de la CFE

Uno de los reclamos centrales del pliego es la renuncia de Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE. El CSIM basa esta exigencia en lo que califica como indolencia e incapacidad de la funcionaria para atender las denuncias planteadas desde las comunidades cercanas a la planta.

Zirahuén, en riesgo de desaparecer

El pliego también exige la creación de un Comité interinstitucional para proteger el lago de Zirahuén. El CSIM advierte que, de no tomarse medidas, el cuerpo de agua podría desaparecer en un plazo de 20 años.

La exigencia de libertad para una defensora ambiental

Las comunidades piden también la liberación de María Cruz Paz Zamora, a quien identifican como guardiana de los bosques. El comunicado cuestiona la criminalización de defensoras ambientales y sostiene que, en Michoacán, defender los bosques puede costar la libertad o la vida.

Rechazo a la consulta sobre la ley de derechos indígenas

El CSIM también se pronunció en contra de la consulta que se ha llevado a cabo sobre la ley general de derechos de los pueblos indígenas. La organización exige que el proceso siga estándares internacionales y que sean las asambleas generales —no solo las autoridades— quienes participen en las decisiones sobre sus territorios.

Para el consejo, la iniciativa en discusión sería discriminatoria, impondría trámites innecesarios a la autodeterminación de los pueblos y representaría un retroceso en la defensa territorial. Por ello, piden consultas apropiadas con cada comunidad, respetando sus formas de organización.

En su comunicado, el CSIM exige la renuncia de la directora de la CFE, la protección del lago de Zirahuén y la liberación de la defensora ambiental María Cruz Paz Zamora. (@CNI_Mexico)

Juicio político contra un presidente municipal

La movilización incluye también la exigencia de juicio político contra el presidente municipal de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza. El consejo lo acusa de crear grupos de choque en la comunidad de El Ticuiz y de actuar en contra de la autonomía de los pueblos afromexicanos.

Inseguridad y el Plan Michoacán

En materia de seguridad, los pueblos expresan su inconformidad frente a la impunidad y la violencia que persisten en el estado. El comunicado sostiene que el Plan Michoacán no ha respondido a las necesidades reales de las comunidades y reclama que el Gobierno federal escuche sus planteamientos de forma directa.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los pueblos indígenas en su informe?

El mismo día de la movilización, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a los pueblos indígenas durante su Segundo Informe de Gobierno. La mandataria destacó que su administración ha “iniciado una nueva etapa” con la modificación del Artículo II de la Constitución, que reconoce a esta población como sujetos de derecho público.

La presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno este martes 1 de septiembre en el Palacio Nacional. | Captura de pantalla

Sheinbaum sostuvo que las comunidades deben definir el uso de los fondos públicos mediante sus propios acuerdos, tomando las decisiones en asamblea y sin intermediarios en la asignación de los recursos.

La presidenta también informó que su Gobierno restituyó 13 mil hectáreas de tierras comunales a los pueblos rarámuri, yaqui, seri, wixárika, o’dam y otomí, como parte de los compromisos dirigidos a comunidades con reclamaciones territoriales activas.

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