Estudio de la UNAM revela cómo el crimen organizado utiliza la Inteligencia Artificial para clonar voces de familiares en extorsiones telefónicas y optimizar rutas de tráfico de drogas para evadir controles policiales

MÉXICO.- Un estudio elaborado por Juan Manuel Aguilar-Antonio, profesor e investigador de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), documentó el uso de la Inteligencia Artificial por parte de redes criminales de alto riesgo. La investigación, desarrollada dentro del programa EL PAcCTO 2.0 con apoyo financiero de la Unión Europea, detalla cómo las organizaciones delictivas en México incorporaron herramientas digitales avanzadas para optimizar el tráfico de personas o sustancias y sofisticar fraudes telefónicos.

El documento fue presentado formalmente en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN). El diagnóstico advierte que la tecnología no reemplaza la violencia física ni el control territorial del crimen organizado, sino que amplía el alcance de sus operaciones y dificulta la labor de las instituciones de seguridad.

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¿Cómo utilizan los cárteles la Inteligencia Artificial en sus operaciones?

El análisis identifica que grupos con estructuras consolidadas, entre los que cita al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa, aplican soluciones de algoritmos de navegación y predicción de riesgos bajo un esquema denominado Smart Routing o ruteo inteligente. Esta herramienta les permite estimar tiempos de cruce, evaluar amenazas y eludir puntos de inspección policial para trasladar drogas y personas con menor margen de exposición. Dichos servicios tecnológicos suelen contratarse mediante intermediarios o brokers digitales regionales.

En el aspecto financiero, la investigación señala la integración de modelos de Inteligencia Artificial con criptomonedas y tecnología blockchain, atribuida especialmente al Cártel de Sinaloa. Esta combinación complica el rastreo del dinero por parte de las autoridades y facilita transferencias hacia proveedores internacionales.

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¿Cuáles son los riesgos directos para la ciudadanía?

En el ámbito de los delitos contra la población, las organizaciones delictivas emplean modelos de lenguaje y programas de clonación de voz para coordinar extorsiones, fraudes afectivos y suplantación de identidad. Al replicar la voz de familiares, los agresores crean escenarios falsos de secuestros, accidentes o emergencias con el fin de ejercer presión económica inmediata sobre las víctimas.

Asimismo, los grupos delictivos utilizan la Inteligencia Artificial para ejercer una vigilancia digital que fortalece su control en las zonas donde operan. Esto abarca el monitoreo de información y el rastreo de personas para mantener disciplina interna e identificar perfiles específicos.

¿De qué manera realizan el reclutamiento de jóvenes?

La investigación expone que las redes delictivas aprovechan los algoritmos de recomendación de plataformas de videos cortos, como TikTok, para difundir contenidos que idealizan lujos y festejos. Mediante el uso de etiquetas específicas, logran conectar con sectores jóvenes vulnerables e iniciar procesos de captación digital. El autor vincula esta estrategia con la crisis de desapariciones en el país, citando el caso de El Rancho Izaguirre.

Esta digitalización modificó los perfiles que contratan organizaciones como el CJNG. Además de los integrantes operativos tradicionales, las estructuras buscan ahora perfiles técnicos especializados como programadores, contadores, expertos en finanzas y químicos.

¿Qué proponen las autoridades académicas para frenar esta amenaza?

Para enfrentar un delito automatizado, el estudio de la UNAM plantea cuatro líneas estratégicas para fortalecer al Estado:

• Actualización del marco normativo: Regular los vacíos legales que aprovecha el avance tecnológico.
• Fortalecimiento institucional: Dotar de mayor capacidad operativa, de investigación y tecnológica a los cuerpos policiales y judiciales.
• Cooperación internacional: Promover la colaboración regional efectiva ante delitos coordinados a nivel transnacional.
• Garantía de derechos: Proteger los derechos humanos durante la aplicación de medidas de seguridad digital.