41 servidores públicos enfrentan inhabilitaciones de hasta 10 años y multas superiores a 22.4 millones de pesos por faltas graves y no graves tras investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

México — La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó el 16 de agosto que 41 personas servidoras públicas fueron sancionadas por faltas administrativas graves y no graves cometidas en dependencias y entidades del Gobierno federal.

Las medidas incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones, suspensiones, una amonestación pública y sanciones económicas que, en conjunto, superan los 22.4 millones de pesos, según el Comunicado 094 y la publicación oficial de Buen Gobierno.

Los hechos sancionados no ocurrieron todos en 2026. El desglose oficial comprende conductas registradas entre 2017 y 2025 en instituciones como CFE, Pemex, Birmex, Semarnat, IMSS, Guardia Nacional, SAT, Conagua, Profeco y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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De las 41 personas incluidas en el informe, 18 fueron sancionadas por faltas graves y 23 por faltas no graves. Las primeras fueron resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que las segundas correspondieron a las unidades de responsabilidades y órganos internos de control.

¿Qué sanciones recibieron los servidores públicos?

Las sanciones van desde una suspensión de tres días hasta la destitución e inhabilitación durante 10 años.

Entre las medidas reportadas se encuentran:

• Inhabilitaciones de tres meses, uno y 10 años.
• Suspensiones de entre tres y 60 días.
• Tres destituciones, dos de ellas acompañadas de inhabilitación.
• Una amonestación pública.
• Sanciones económicas individuales de entre 114 mil y 12.2 millones de pesos.

Las medidas se determinaron de acuerdo con la gravedad de cada falta, el daño causado, el beneficio obtenido y las funciones que desempeñaba la persona involucrada.

¿Cuáles fueron las multas más altas?

Las dos sanciones económicas más elevadas correspondieron a personal de la Dirección de Tecnologías de la Información de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex.

El TFJA impuso inhabilitaciones por 10 años y multas de 12.2 millones y 8.7 millones de pesos por autorizar, entre 2018 y 2019, el pago de cinco facturas sin comprobar que se prestaron todos los servicios contratados para un sistema de gestión gubernamental. El perjuicio reportado fue de 20 millones de pesos.

Los demás casos con sanciones económicas fueron:

• Semarnat: destitución, inhabilitación por 10 años y sanción de 700 mil pesos por autorizar un pago sin contar con atribuciones.
• CFE: inhabilitación por 10 años y sanción de 450 mil pesos por conducir un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, lo que provocó su pérdida total.
• CFE: inhabilitación por 10 años y sanción de 273 mil pesos por recibir 13 pagos excedentes de prima vacacional sin notificarlos ni devolverlos.
• Banjército: inhabilitación por 10 años y sanción de 124 mil pesos por la venta de 37 mil cajas de archivo con documentación institucional.
• Secretaría de Cultura: inhabilitación por 10 años y sanción de 114 mil pesos por presentar listas de asistencia falsas para cobrar un salario no devengado.

El comunicado habla de sanciones económicas impuestas, pero no informa si las cantidades ya fueron pagadas o recuperadas.

¿Por qué hubo más inhabilitaciones de 10 años?

Además de los casos acompañados por multas, el TFJA impuso una inhabilitación de 10 años a un servidor público de CFE por omitir cuentas bancarias y el origen de recursos en sus declaraciones patrimoniales de 2017, 2018 y 2020.

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Según el informe, las omisiones estaban relacionadas con un incremento personal y familiar de 5.4 millones de pesos que no fue explicado ni justificado.

También se dictaron inhabilitaciones de tres meses por utilizar vehículos o vales de gasolina de CFE para fines ajenos al servicio, intervenir en la contratación de una hija dentro del IMSS y participar sin atribuciones en la cancelación de una licitación del servicio de limpieza del AICM.

¿Qué faltas no graves fueron sancionadas?

Las sanciones por faltas no graves abarcaron incumplimientos en el trabajo, manejo inadecuado de recursos, faltas de respeto, acoso y conductas contrarias a las reglas de seguridad.

En Pemex, un trabajador recibió una inhabilitación de un año por un procedimiento inadecuado durante trabajos de corte y soldadura que provocó un incendio. Otro fue suspendido 30 días por descargar 15 mil litros de combustible en una estación equivocada.

En IMSS-Bienestar se ordenó la destitución e inhabilitación por tres meses de un trabajador por acoso sexual contra una guardia de seguridad y faltas de respeto contra otra persona.

La Guardia Nacional destituyó a una persona que presentó un certificado de bachillerato sin validez para tramitar una licencia de portación de armas. Otros tres integrantes fueron suspendidos por salir de su destacamento, conducir una radiopatrulla a exceso de velocidad, chocar y abandonar el vehículo y las armas bajo su resguardo.

También hubo sanciones por comentarios sexuales y denigrantes dirigidos a estudiantes, hostigamiento a compañeras de trabajo, insultos relacionados con creencias religiosas, uso de credenciales no oficiales para obtener privilegios y presentarse a trabajar con aliento alcohólico.

¿Qué significa que un servidor público sea inhabilitado?

Una inhabilitación impide temporalmente que la persona desempeñe empleos, cargos o comisiones en el servicio público. También puede impedirle participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las secretarías y los órganos internos de control resuelven las faltas no graves. El TFJA es la autoridad encargada de imponer sanciones por faltas graves.

La misma ley permite aplicar una o varias medidas compatibles, como suspensión, destitución, inhabilitación y sanción económica.

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¿Las sanciones ya son definitivas?

El comunicado confirma que las sanciones fueron impuestas, pero no indica si todas quedaron firmes o si alguna ya fue impugnada.

En los casos no graves, la persona sancionada puede presentar un recurso de revocación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. Las resoluciones del tribunal por faltas graves también pueden ser apeladas dentro de ese plazo.

Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”, señaló Buen Gobierno.

¿Dónde se pueden denunciar faltas de servidores públicos?

La Secretaría invitó a reportar actos contrarios a la legalidad, el respeto y la integridad mediante la plataforma oficial denuncias.gob.mx.

La presentación de una denuncia inicia una revisión, pero no significa que la persona señalada sea responsable. La autoridad debe investigar los hechos, reunir pruebas y seguir el procedimiento establecido en la ley.