Alejandro “Alito” Moreno enfrenta una solicitud de desafuero relacionada con un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche busca que el senador pueda ser procesado por señalamientos de peculado y uso indebido de atribuciones; un expediente anterior de 2022 ya fue declarado sin materia.
CIUDAD DE MÉXICO.-Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, mantiene abierto en la Cámara de Diputados un procedimiento derivado de una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche. El expediente está relacionado con un probable desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión como gobernador del estado, entre 2015 y 2019.
La petición fue presentada el 23 de julio de 2025 y señala presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones. De acuerdo con información sobre el expediente, las investigaciones abarcan cuatro carpetas relacionadas con contrataciones y pagos que presuntamente carecieron de respaldo documental o material. Las acusaciones no equivalen a una sentencia ni acreditan por sí mismas responsabilidad penal.
El caso vuelve a cobrar relevancia porque el procedimiento permanece bajo análisis de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y podría avanzar cuando se reanuden plenamente los trabajos legislativos. Información publicada este 14 de agosto señala que la solicitud presentada y ratificada en 2025 es actualmente la que permanece vigente contra Moreno.
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La primera solicitud de desafuero quedó sin materia en 2025
El expediente vigente no debe confundirse con una primera solicitud de declaración de procedencia presentada en 2022 por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche.
El informe de actividades de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados establece que el 1 de agosto de 2025 los integrantes de la Sección Instructora aprobaron por unanimidad declarar sin materia aquella solicitud. La determinación fue publicada posteriormente en la Gaceta Parlamentaria.
La nueva petición presentada en julio de 2025 siguió una ruta distinta y se relaciona específicamente con investigaciones por el presunto manejo irregular de 83.5 millones de pesos.
Moreno ha rechazado reiteradamente los señalamientos y sostiene que las investigaciones impulsadas desde Campeche forman parte de una persecución política. También ha afirmado haber obtenido resoluciones judiciales favorables en procedimientos anteriores.
¿Qué papel tiene la FGR en las acusaciones contra Alito Moreno?
Una parte de la confusión alrededor del caso proviene de que en 2022 también se reportó la existencia de una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con Moreno.
En aquel momento se informó de posibles delitos como tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Sin embargo, esa indagatoria federal debe distinguirse de la solicitud de desafuero por 83.5 millones de pesos, que fue promovida por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.
Además, el 13 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ubicó el procedimiento actualmente discutido en el ámbito de la Fiscalía de Campeche y del Congreso, al ser cuestionada sobre las investigaciones y el eventual retiro del fuero del dirigente priista.
Por ello, no es preciso presentar el expediente de los 83.5 millones como una acusación formulada directamente por la FGR.
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Qué tendría que ocurrir para retirar el fuero a Alito Moreno
La existencia de una solicitud de declaración de procedencia no significa que Moreno haya perdido el fuero ni que exista una declaración de culpabilidad.
El procedimiento requiere que la Cámara de Diputados determine si existen condiciones para retirar la inmunidad procesal que tiene como senador y permitir que las autoridades continúen penalmente en su contra.
En términos generales, el caso atraviesa tres planos distintos:
- Investigación penal: la fiscalía reúne y presenta los elementos relacionados con los presuntos delitos.
- Declaración de procedencia: la Cámara de Diputados determina si procede retirar el fuero.
- Proceso penal: en caso de retirarse la inmunidad, correspondería a las autoridades judiciales determinar responsabilidades.
La Sección Instructora todavía debe continuar con el análisis de la petición vigente. Información publicada el 14 de agosto señala que el órgano legislativo había solicitado documentación adicional a las autoridades de Campeche y que el expediente seguía pendiente de resolución.
Las detenciones que volvieron a colocar el caso bajo atención
El expediente también ha recuperado visibilidad tras las recientes detenciones de personas relacionadas con el entorno político y administrativo de Moreno durante su periodo como gobernador.
Entre ellas se encuentra Luis Antonio Espinosa Campos, relacionado profesionalmente con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente priista, así como Carlos Alberto Medina Hernández, exfuncionario de Comunicación Social del gobierno de Campeche. Ambos aparecen en investigaciones estatales por presuntos desvíos de recursos; su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
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Por ahora, el dato central es que Alejandro Moreno no ha sido desaforado por este expediente. La petición por los 83.5 millones de pesos continúa en el terreno legislativo y las acusaciones deberán recorrer el procedimiento correspondiente antes de que pueda establecerse una responsabilidad penal.
RESUMEN
- Alejandro “Alito” Moreno enfrenta una solicitud de desafuero vinculada con un probable desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gobierno en Campeche.
- La petición vigente fue presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche en julio de 2025.
- Una solicitud anterior, correspondiente a 2022, fue declarada sin materia por la Sección Instructora el 1 de agosto de 2025.
- La investigación federal reportada en 2022 y el actual expediente de desafuero en Campeche son asuntos que deben distinguirse.
- La Sección Instructora todavía debe resolver el procedimiento vigente; un desafuero no equivaldría por sí mismo a una declaración de culpabilidad.
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