DEA señala presunta protección de funcionarios al CJNG; México rechaza acusaciones y pide pruebas

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señaló que algunos funcionarios mexicanos estarían vinculados con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al presuntamente facilitar actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, segun información publicada por Infobae.

Terrance Cole, aseguró que la agencia enfocará sus acciones no solo contra integrantes de grupos criminales, sino también contra personas que desde cargos públicos permitan su operación.

Hasta ahora, los señalamientos corresponden a acusaciones de autoridades estadounidenses y no representan una sentencia judicial contra funcionarios mexicanos. El Gobierno de México ha rechazado estas afirmaciones y ha señalado que cualquier acusación debe estar acompañada de pruebas.

¿Qué dijo la DEA sobre los funcionarios mexicanos?

Durante una conferencia relacionada con la estrategia contra el tráfico de fentanilo en Estados Unidos, Terrance Cole afirmó que existe una relación entre organizaciones criminales y personas que desde instituciones públicas podrían facilitar sus operaciones.

Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones”, declaró el titular de la DEA.

El funcionario estadounidense explicó que la estrategia de la agencia contempla perseguir a integrantes de los grupos delictivos, así como a quienes presuntamente colaboren con ellos desde posiciones de poder.

La DEA ha colocado al CJNG entre las organizaciones criminales prioritarias por su participación en actividades relacionadas con drogas sintéticas, incluido el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Señalamientos sobre tráfico de drogas y lavado de dinero

Las autoridades estadounidenses han señalado que las organizaciones criminales utilizan distintas estructuras para mover recursos obtenidos de actividades ilícitas.

Entre los mecanismos investigados se encuentran:

• Empresas utilizadas presuntamente para ocultar recursos.
• Redes financieras para mover ganancias ilegales.
• Personas que podrían actuar como intermediarios.
• Uso de negocios legales para intentar dar apariencia de origen legítimo al dinero.

En investigaciones recientes, autoridades estadounidenses han identificado empresas presuntamente relacionadas con redes de lavado de dinero vinculadas al CJNG, incluyendo negocios de distintos sectores.

¿México está acusado oficialmente de proteger al CJNG?

No. Los señalamientos de la DEA se refieren a posibles vínculos de personas específicas, no a una acusación formal contra el Estado mexicano.

El Gobierno de México ha rechazado que exista una relación institucional con organizaciones criminales y ha defendido que mantiene acciones contra los grupos dedicados al narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió previamente a declaraciones similares de la DEA y afirmó que Estados Unidos debe presentar información comprobable sobre cualquier señalamiento.

Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización”, declaró la mandataria.

La relación entre México y Estados Unidos por el combate al narcotráfico

Los señalamientos ocurren en medio de una etapa de tensión entre ambos países por temas de seguridad, especialmente por el tráfico de fentanilo y las operaciones financieras de grupos criminales.

México y Estados Unidos mantienen mecanismos de cooperación en materia de seguridad, intercambio de información y combate al crimen organizado, aunque el Gobierno mexicano ha insistido en que dicha colaboración debe realizarse bajo principios de respeto a la soberanía.

Las autoridades estadounidenses deberán presentar, en caso de existir, elementos de prueba dentro de los procesos correspondientes para determinar responsabilidades individuales.

Hasta el momento, las declaraciones de la DEA representan señalamientos dentro de una estrategia de combate al crimen organizado, mientras que las autoridades mexicanas han solicitado información verificable sobre cualquier acusación contra funcionarios.

El desarrollo de estos casos dependerá de investigaciones judiciales y de la presentación de pruebas ante las autoridades correspondientes.