Tribunal falló en contra de Pegasus, el software de espionaje en México, y desclasificarán datos

MÉXICO. — El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó de manera definitiva la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a entregar las versiones públicas de los contratos firmados para el uso del software de espionaje Pegasus.

Esta resolución judicial se produce tras cuatro años de litigio impulsado por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la cual promovió un juicio de amparo ante la negativa de las autoridades militares para transparentar los acuerdos financieros celebrados en 2018 y 2019.

Según datos publicados por el diario El Universal, la decisión desestima los argumentos de la dependencia federal sobre la supuesta imposibilidad de hacer pública esta información, abriendo el plazo legal para la desclasificación de los documentos.

¿Qué contratos debe transparentar la Secretaría de la Defensa Nacional?

El fallo exige la publicación de las versiones públicas de dos contratos específicos vinculados con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., contratada para el suministro del denominado “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.

Los detalles clave de estas contrataciones abarcan los siguientes puntos:

• Folios de los contratos: Identificados con los registros DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018.
• Monto involucrado: El costo acumulado de ambos convenios supera los 140 millones de pesos.
• Objeto de la contratación: Adquisición de licencias y servicios de monitoreo remoto de comunicaciones.
• Incumplimiento previo: Las autoridades militares negaron inicialmente la existencia de estos documentos en solicitudes de acceso a la información y posteriormente desacataron las resoluciones emitidas por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Cronología del caso: De la investigación “Ejército Espía” al fallo definitivo

La vía legal para transparentar el uso de este programa informático ha tomado varias etapas de fiscalización e investigaciones civiles:

1. 2017 - Primeras denuncias: R3D y la organización Artículo 19 documentaron 76 intentos de infección con Pegasus contra periodistas y activistas, ocurridos entre 2015 y 2016 bajo la gestión de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
2. 2022 - Investigación “Ejército Espía”: R3D publicó la investigación que reveló el uso ilegal del programa por parte de las Fuerzas Armadas para intervenir teléfonos de defensores de derechos humanos y periodistas, sacando a la luz los dos contratos de 2018 y 2019.
3. 2023 - Orden del INAI: El órgano garante de la transparencia ordenó entregar las versiones públicas, pero la dependencia reservó la información en su totalidad en 2024.
4. 2024 - Amparo ganado: El Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la protección de la justicia a la sociedad civil. La secretaría impugnó la resolución alegando reservación por seguridad nacional.
5. 2026 - Ratificación del Tribunal: El Primer Tribunal Colegiado desestimó los recursos militares y ratificó la obligación ineludible de entregar la información.

La importancia del fallo para la transparencia y la rendición de cuentas

Especialistas de la sociedad civil señalan que el cumplimiento de esta sentencia representa una prueba relevante para el compromiso gubernamental con la apertura de información pública.

En entrevista para El Universal, José Flores, integrante de R3D, explicó el alcance de esta resolución:

Hay una deuda histórica, el uso de Pegasus se remonta a sexenios pasados. Celebramos la decisión que tomó el Tribunal, además se refutó el argumento a la Sedena, que decía que era imposible transparentar esta información y se le reiteró que ya se excedió el plazo que tenían para presentar estos contratos y que entraron en desacato.”

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El activista enfatizó la oportunidad institucional que ofrece este momento procesal:

Creo que se puede demostrar mucha voluntad política haciendo entrega de estos contratos. La presidenta va a presentar un decreto impulsando mayor transparencia y pues qué mejor momento que este para demostrar que ese decreto van a ser más que palabras.”

Asimismo, la organización recordó que el uso de este tipo de tecnología ha sido documentado en investigaciones como la intervención de comunicaciones en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Una vez notificada formalmente la sentencia, corre el plazo legal para que las Fuerzas Armadas pongan las versiones públicas a disposición de la ciudadanía.