Kenia López Rabadán pide cambiar la confrontación por colaboración con Estados Unidos y revisar el T-MEC con legalidad, mientras califica a Ernesto Ruffo Appel como “preso político” y denuncia el entramado institucional detrás del huachicol fiscal

MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, instó este martes a reconstruir la relación entre México y Estados Unidos con un mensaje a favor de la legalidad.

Al mismo tiempo, calificó al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel como un “preso político” y señaló que el huachicol fiscal opera gracias a una colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

En conferencia de prensa, la diputada panista subrayó la urgencia de cambiar la lógica de confrontación con el vecino del norte, ya sea por acciones antimigratorias o por la protección de narcopolíticos.

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Es necesario mandar un mensaje claro de sanción a los malos funcionarios, un mensaje de legalidad (...) que México vuelva a ser reconocido por el mundo en términos positivos, en términos estratégicos, de inversión”.

López Rabadán insistió en que los pueblos de México y Estados Unidos no son enemigos y que sus gobiernos tampoco deberían serlo.

Consideró positivo que la presidenta Claudia Sheinbaum haya aprovechado su viaje para presenciar la final del Mundial de Futbol y conversar con el presidente Donald Trump.

“Qué bueno, porque con ese tipo de viajes, más decisiones contundentes de aplicar la ley en México, se cambiará la confrontación por una colaboración importante”, afirmó.

“Por supuesto que hoy es un preso político”

La legisladora recordó que Ruffo Appel forjó la democracia mexicana como el primer gobernador de oposición en el país y destacó su participación para que los mexicanos contaran con una credencial para votar con fotografía.

“Por supuesto que hoy es un preso político y es muy lamentable para nuestro país que algo así haya sucedido”, sentenció.

La detención del exmandatario de Baja California ocurrió el pasado jueves 16 de julio en Ensenada, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Según la acusación, la empresa de Ruffo, Ingemar, declaraba volúmenes aproximados de 10 mil litros de combustible cuando en realidad cada carrotanque contenía más de 100 mil litros de hidrocarburo, en al menos 163 vehículos.

La FGR señala que Ruffo Appel, de 74 años, desempeñaba la función de “operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal”.

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López Rabadán expuso que el delito del huachicol fiscal depende de un entramado de autoridades municipales, estatales y federales, y no de una sola persona o empresa.

No se trata de un ciudadano, se trata de autoridades; hay que decirlo: más allá de quién, de qué partido, de qué nombre, es un hecho que, para que se viole la ley de esa manera, se requiere de un entramado institucional para ejecutar el huachicol fiscal”.

A diferencia del robo físico de ductos, esta práctica opera a través de documentos, clasificaciones aduaneras y complicidades institucionales.

Según estimaciones oficiales, el esquema le cuesta a México aproximadamente 9 mil millones de dólares al año

El secretario de Hacienda ha reconocido que el fenómeno ha rebasado los 100 mil millones de pesos durante los últimos años.

La investigación revela una red compleja que involucra a empresarios en ambos lados de la frontera, agentes aduanales, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y funcionarios federales.

El combustible se compra en Estados Unidos, se importa a México declarándolo como otro producto, y se vende a empresas que lo distribuyen a través de comercializadoras y transportistas, ofertándolo a un precio inferior al del mercado nacional.

En marzo de 2025, las autoridades decomisaron el buque Challenge Procyon en la aduana de Tampico con 10 millones de litros de diésel.

En julio de ese mismo año, se dio un segundo mega decomiso en Coahuila con 129 carros tanque que contenían más de 15 millones de litros de diésel y gasolina introducidos de manera ilegal.

La trama incluye a altos mandos de la Semar, que está a cargo de las aduanas del país desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a una red de más de 100 empresas relacionadas con el contrabando de combustible.

“Una jueza electa por los acordeones”

Cuestionada sobre si la detención de Ruffo Appel es una “cortina de humo” para ocultar casos de gobernadores en funciones señalados por vínculos con la delincuencia organizada, López Rabadán respondió que existen investigaciones internacionales al respecto y que se debe exigir ética y honorabilidad del gobierno mexicano.

Además, llamó la atención sobre que quien solicitó la detención de Ruffo fue una jueza electa por el voto popular, Alejandra Ramírez de la Vega, a quien calificó como “jueza del acordeón” por haber concedido la orden que previamente un juez de carrera había negado al considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) no fundamentó los delitos imputados.

Es terrible pensar que una jueza electa con los acordeones pueda tener algún interés distinto al de aplicar la ley. Es muy preocupante para el país”, finalizó la diputada.

Ruffo Appel será presentado ante la jueza en los próximos días para su audiencia de vinculación a proceso.