Jueza validó detención de 10 funcionarios mexiquenses acusados de fraude y venta de plazas docentes con 168 altas irregulares en nómina educativa

Una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México calificó como legal la detención de 10 funcionarios y exfuncionarios mexiquenses investigados por su presunta participación en un esquema de venta de plazas docentes, abuso de autoridad y fraude dentro del sector educativo estatal.

La información fue publicada originalmente por La Jornada, con base en la audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la causa penal 1288/2026, realizada en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Durante la audiencia, la juzgadora impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual se mantendrá mientras se resuelve su situación jurídica.

De acuerdo con el expediente citado por el medio, el caso involucra 168 altas de presuntos docentes y 324 movimientos en la nómina de la Secretaría de Educación del Estado de México, realizados entre enero y noviembre de 2025.

Qué resolvió la jueza sobre la detención de los funcionarios

La jueza de control determinó que la detención de los 10 funcionarios y exfuncionarios fue legal.

Con esa resolución, el proceso continuará en etapa inicial para definir si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

La audiencia fue programada para continuar este domingo 28 de junio. En esa diligencia se resolverá si los acusados enfrentan proceso penal o si son puestos en libertad por falta de elementos.

Mientras llega esa decisión, permanecerán bajo prisión preventiva justificada.

De qué delitos acusan a los funcionarios mexiquenses

El Ministerio Público acusa a los imputados de los delitos de abuso de autoridad y fraude.

La investigación sostiene que habrían participado en un esquema para incorporar a la nómina educativa a personas que fueron registradas como docentes sin cumplir los requisitos legales ni administrativos.

De acuerdo con la imputación, esas altas se realizaron en centros educativos inactivos o inexistentes, principalmente en secundarias con turnos vespertinos y nocturnos que no operaban desde años anteriores.

La Fiscalía mexiquense sostiene que este mecanismo permitió obtener un lucro millonario mediante pagos quincenales depositados a tarjetas bancarias.

Cómo operaba el presunto esquema de venta de plazas docentes

De acuerdo con el expediente citado por La Jornada, entre enero y noviembre de 2025 fueron dadas de alta 168 personas como docentes.

Para ello, se habrían realizado 324 movimientos en la nómina de la Secretaría de Educación estatal.

La investigación señala que varias personas recibieron más de una plaza, aunque no cumplían con los requisitos para ocupar esos cargos.

El presunto mecanismo funcionaba así:

• Se registraba a personas como docentes.
• Se les asignaban plazas en centros de trabajo inactivos o inexistentes.
• Se generaban pagos quincenales a tarjetas bancarias.
• Las tarjetas habrían sido recogidas por integrantes del esquema.
• El dinero era retirado en cajeros automáticos.
• Una parte menor se entregaba a las personas registradas como maestras.
• El resto, según la imputación, era repartido entre quienes participaban en la operación.

Según el Ministerio Público, algunas personas recibían entre 2 mil y 4 mil pesos por quincena, aunque aparecían con salarios superiores a 30 mil pesos mensuales.

En algunos casos, los ingresos registrados habrían alcanzado hasta 70 mil pesos al mes.

Quiénes son los funcionarios señalados en la causa penal

Entre los imputados se encuentra Óscar N., exdirector general de Personal y exsubsecretario de Administración durante el sexenio de Alfredo del Mazo Maza.

También fueron señalados funcionarios en activo de la Dirección General de Personal (DGP) y del Subsistema de Educación Básica de la Secretaría de Educación estatal.

Entre los nombres mencionados en la imputación se encuentran:

• Areli N., directora de Remuneraciones de Personal.
• Yunuen N., subdirectora de Actualización de la Base de Datos.
• David N., director de Sistema de Tecnologías de la Información.
• Christopher N., subdirector de Desarrollo Tecnológico.
• Diego Emmanuel N., jefe del Departamento de la Base de Datos de Nómina.
• Juan Alberto N., delegado administrativo de la Dirección General de Personal.
• Fabiola Lidia N., analista de la misma dependencia.
• Daniel Arturo N., delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica.
• Alfredo N., exdelegado administrativo del Subsistema de Educación Básica.

La identidad completa de los imputados no fue difundida bajo ese formato en la información judicial referida, por lo que se mantiene la reserva correspondiente.

Cómo se detectaron las irregularidades en la nómina educativa

El caso comenzó a tomar forma cuando el director general de secundarias del Gobierno estatal detectó que se habían asignado docentes a centros de trabajo inactivos.

Después de identificar esa irregularidad, dio aviso a sus superiores.

Posteriormente, en marzo de 2026, Guillermo Calderón Vega, entonces director jurídico de la Secretaría de Educación estatal, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A partir de esa denuncia, el Ministerio Público recabó testimonios de trabajadores del Subsistema de Educación Básica y de la Dirección General de Personal.

Estas áreas eran relevantes porque una elaboraba los expedientes de alta de docentes y la otra incorporaba los registros al sistema de nómina.

Qué declaró el testigo que se acogió a criterio de oportunidad

Uno de los testimonios centrales fue el de José Manuel Popoca Estrada, trabajador de la delegación administrativa del Subsistema de Educación Básica.

De acuerdo con La Jornada, Popoca se acogió a un criterio de oportunidad para revelar cómo operaba el presunto esquema.

El testigo declaró que fue invitado a participar en la red después de conocer su funcionamiento dentro del Subsistema de Educación Básica y la Dirección General de Personal.

También señaló que el esquema habría comenzado desde 2021 y que generaba alrededor de 10 millones de pesos mensuales para quienes participaban en él.

Popoca murió el 3 de abril de 2026 por causas que aún no han sido aclaradas públicamente.

Qué argumentaron las defensas de los imputados

Durante la audiencia, los imputados se reservaron el derecho a declarar.

Sus abogados defensores cuestionaron los señalamientos del Ministerio Público y afirmaron que las acusaciones eran genéricas.

También sostuvieron que no se individualizó la presunta participación de cada imputado ni se explicó qué beneficio económico habría recibido cada uno.

La defensa argumentó que la formulación de imputación no detalló de manera suficiente el papel específico de cada persona dentro del presunto esquema.

Estos planteamientos serán parte de los elementos que la jueza deberá valorar al resolver si dicta vinculación a proceso.

Qué falta por resolver en el proceso judicial

La siguiente etapa será la continuación de la audiencia inicial, fijada para el domingo 28 de junio.

En esa diligencia, la jueza deberá decidir si los datos de prueba presentados por el Ministerio Público son suficientes para vincular a proceso a los imputados.

Si son vinculados, el proceso penal continuará y se abrirá un plazo para la investigación complementaria.

Si la jueza considera que no hay elementos suficientes, los imputados podrían ser puestos en libertad, sin que ello necesariamente impida nuevas investigaciones si surgen datos adicionales.

El caso es relevante porque involucra la nómina pública del sector educativo, uno de los rubros de mayor impacto presupuestal y social en cualquier entidad.

La presunta incorporación de falsos docentes no solo implica un posible daño económico.

También afecta la confianza en los procesos de contratación, asignación de plazas y administración de recursos públicos destinados a educación básica.

Además, el caso apunta a una posible red interna que, según el Ministerio Público, habría operado durante varios años dentro de áreas administrativas encargadas de validar expedientes y procesar pagos.

La validación de las detenciones y la imposición de prisión preventiva justificada no implican una sentencia condenatoria.

Los 10 funcionarios y exfuncionarios señalados deberán enfrentar la siguiente etapa de la audiencia, donde se resolverá si son vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad y fraude.

El avance del caso será clave para conocer el alcance real de la presunta red de venta de plazas docentes, el posible daño a la nómina educativa y la responsabilidad individual de cada persona investigada.