Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca; es el tercer ataque contra políticos en el estado en menos de cinco días
El homicidio ocurrió en una zona céntrica de Santiago Pinotepa Nacional y fue condenado por el PRD, que exigió una investigación con perspectiva de género, en un contexto de violencia política reciente que también dejó a dos alcaldes atacados en distintas regiones de Oaxaca.
Isela Lizbeth González López, contadora y asambleísta estatal del PRD en Oaxaca, fue asesinada a balazos el 12 de junio de 2026 en calles céntricas de Santiago Pinotepa Nacional.
El ataque ocurrió en una zona de alta afluencia y generó una inmediata condena política y social por tratarse de un crimen contra una mujer con actividad pública.
La información fue confirmada por la dirigencia estatal del PRD, que calificó el hecho como un “acribillamiento” y exigió a las autoridades una investigación con perspectiva de género, al advertir que la violencia feminicida persiste y se agrava en la región Costa del estado.
Condena del PRD y exigencia de investigación con protocolo de feminicidio
Tras el homicidio, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Oaxaca difundió un pronunciamiento público en el que describió el asesinato como “un acto brutal de violencia extrema contra una mujer y un grave atentado contra la dignidad y los derechos humanos de las oaxaqueñas”.
El partido demandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una indagatoria inmediata, diligente y exhaustiva, apegada al Protocolo de Feminicidio, así como la identificación plena de los responsables y un castigo ejemplar conforme a la ley. Advirtió que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad.
Llamado a medidas de prevención y a la sociedad oaxaqueña
En el mismo comunicado, el PRD exhortó a autoridades estatales y federales a implementar medidas concretas de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres. También convocó a la sociedad oaxaqueña a sumar esfuerzos contra la violencia machista y feminicida.
La dirigencia partidista expresó condolencias a la familia de González López y reiteró su postura: “La vida de las mujeres es inviolable y debe ser protegida por encima de cualquier interés”.
Escalada de violencia política en Oaxaca en menos de una semana
El asesinato de González López se suma a otros ataques contra figuras políticas en Oaxaca registrados en días consecutivos, lo que ha encendido alertas por la seguridad en distintas regiones del estado.
El 11 de junio, el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue baleado en calles del centro del municipio.
El edil y un trabajador del ayuntamiento resultaron lesionados, sin riesgo para su vida. La FGEO informó la detención del probable autor material, identificado con las iniciales I. C. F. J., tras señalamientos de testigos, así como el aseguramiento de la motocicleta utilizada.
La captura ocurrió en menos de 24 horas y continúan las investigaciones para ubicar a un segundo implicado y posibles autores intelectuales.
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Asesinan a alcalde de San Miguel Amatitlán pese a pedir protección
Dos días después, el 13 de junio, Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado a balazos frente a su domicilio en la zona centro del municipio, en la región Mixteca.
El edil, de 53 años y militante del PAN, había solicitado protección al Estado por temor a su seguridad, petición que —según informó— no fue atendida.
No era la primera agresión: el 22 de mayo fue interceptado en la carretera Ahuatlán–Oaxaca, en territorio de Santiago Petlalcingo, donde hombres armados lo bajaron del vehículo, lo amenazaron y lo golpearon.
Bravo Martínez gobernaba San Miguel Amatitlán en su tercer periodo. Hasta el cierre de esta nota no se reportaban personas detenidas ni un móvil confirmado por su asesinato.
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Un patrón que preocupa a distintas regiones del estado
Los tres hechos ocurrieron en menos de cinco días y en regiones distintas de Oaxaca: Sierra Sur, Mixteca y Costa.
Organizaciones políticas y sociales han insistido en que la respuesta institucional sea rápida, transparente y con enfoque de derechos humanos, para evitar que la violencia —en especial contra mujeres y autoridades locales— continúe escalando sin consecuencias.
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