Propone Consejero del INE fiscalizar actos anticipados de campaña y evitar engaños a la ciudadanía, rumbo a las elecciones de 2027

MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral enfrenta una discusión clave rumbo a las elecciones de 2027: cómo vigilar a partidos y aspirantes que ya comenzaron a posicionarse públicamente bajo figuras internas como “defensores”, “coordinadores estatales” o responsables partidistas, aunque los tiempos legales de precampaña todavía no comienzan.

El consejero Arturo Castillo planteó que el INE debe vigilar desde ahora los recursos que los partidos políticos usan en sus procesos internos rumbo a 2027, indicó en entrevista con El Sol de México.

Su propuesta busca revisar gastos, propaganda, eventos, promoción personalizada y uso de tiempos de radio y televisión, incluso si los partidos argumentan que se trata de actividades internas.

La idea central es que el INE no espere al inicio formal de las precampañas para detectar posibles irregularidades. Castillo sostiene que la autoridad electoral debe actuar de manera preventiva para proteger la equidad de la contienda.

En su planteamiento, el problema no está en que los partidos se organicen. El riesgo aparece cuando esas actividades internas se dirigen a la ciudadanía y comienzan a funcionar como campañas adelantadas.

Lo que alega el consejero de los “defensores” y “coordinadores”

En los últimos meses, distintos partidos han usado figuras como “defensores”, “coordinadores estatales” o responsables internos para perfilar aspirantes a cargos públicos.

En la práctica, estos nombramientos pueden tener un efecto político similar al de una precandidatura, sobre todo cuando vienen acompañados de eventos públicos, entrevistas, bardas, anuncios, propaganda en redes o presencia en marchas.

Castillo cuestiona que, si se trata de procedimientos internos, los partidos expongan la identidad y propuestas de esas personas ante la ciudadanía.

“Es decir, si presumiblemente se trata de procedimientos internos, en realidad habría poca justificación para que expusieran, por ejemplo, la identidad y las propuestas de los aspirantes a coordinadores, defensores o como les quieran llamar, porque si se trata de un proceso interno, creo que no tendría que ir dirigido a la ciudadanía”, señaló el consejero electoral.

Qué se votará en 2027

La discusión no es menor porque en 2027 México tendrá una elección amplia. Se renovarán 17 gubernaturas, diputaciones federales y locales, alcaldías, ayuntamientos y congresos estatales.

Por eso, los movimientos anticipados de los partidos pueden influir en la competencia incluso antes de que inicie formalmente el calendario electoral.

El punto central para el INE es evitar que algún partido o aspirante llegue con ventaja indebida cuando comiencen las precampañas y campañas oficiales.

El 27 de mayo, el Consejo General del INE discutió la propuesta de lineamientos presentada por Arturo Castillo. La mayoría de las consejerías no la avaló.

El proyecto fue rechazado con ocho votos en contra y tres a favor. Aun así, el tema no quedó cerrado, porque el propio INE reconoció que existe un vacío en los periodos no previstos expresamente por la ley.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ha señalado que una regulación de este tipo no puede aprobarse sin análisis y sin escuchar a los partidos políticos, porque son los directamente involucrados.

Esa postura divide al Consejo General. Para algunas consejerías, el INE debe esperar una reforma legislativa o construir consensos más amplios. Para Castillo, el instituto ya tiene facultades suficientes en fiscalización, radio y televisión para actuar antes de que el problema crezca.

Lo que busca regular su propuesta

1. Obligar a partidos y autoridades electorales locales a reportar actividades vinculadas con procesos internos rumbo a 2027.
2. Identificar propaganda, fiscalizar recursos desde una etapa temprana y limitar el uso de tiempos oficiales en radio y televisión cuando se tratara de promoción de aspirantes.
3. Sumar los gastos detectados a los topes de campaña si más adelante se comprobaba que esas actividades fueron actos anticipados.

En términos prácticos, esto significaría que una persona aspirante no podría iniciar una campaña adelantada, gastar antes de tiempo y luego llegar al proceso formal sin consecuencias.

El cambio de criterio del TEPJF

Uno de los puntos más polémicos es el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los actos anticipados de campaña.

Castillo recordó que, desde 2007, el Tribunal había considerado que los llamados expresos o implícitos al voto podían configurar actos de campaña o precampaña.

Bajo ese criterio, no era necesario decir literalmente “vota por mí” para que una conducta pudiera ser revisada como promoción electoral anticipada.

Sin embargo, el consejero criticó que, desde el proceso 2023-2024, el Tribunal haya endurecido el estándar y ahora exija un llamado expreso al voto para acreditar la infracción.

De manera crítica, Castillo resumió ese cambio con una frase: para que exista acto anticipado, “se tiene que utilizar la sagrada frase ‘vota por mí, y si no se utiliza la palabra, no hay acto anticipado’”.

Morena y eventos internos

El debate tomó fuerza después de que Morena realizó eventos para definir estrategias y perfilar “defensores” o “coordinadores” rumbo a las elecciones de 2027.

Una queja contra el partido llegó al Tribunal Electoral a partir de un video publicado en X, en el que Luisa María Alcalde hablaba de un evento interno.

La Sala Superior descartó que hubiera acto anticipado de campaña. Su argumento fue que no hubo llamados expresos al voto ni posicionamiento de personas específicas.

“Se trató de un evento interno del partido en el que no hubo llamados expresos al voto ni el posicionamiento de personas específicas”, resolvió la Sala Superior, según la información presentada.

Para Castillo, este tipo de criterios abre espacio para que los partidos adelanten promoción política sin rebasar formalmente la línea marcada por el Tribunal.

Aunque Morena ha estado en el centro del debate por el uso de figuras como “defensores” o “coordinadores”, el fenómeno no se limita a un solo partido.

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El PRI también ha realizado eventos públicos para definir estrategias y perfiles rumbo a 2027. Además, otros actores políticos han comenzado a levantar la mano para buscar cargos en estados donde se renovarán gubernaturas.

En actos públicos, conferencias de prensa, entrevistas e incluso desde el Congreso de la Unión, al menos 32 legisladores han manifestado interés en competir por alguna gubernatura.

Entre los nombres mencionados están Andrea Chávez por Chihuahua, Saúl Monreal por Zacatecas y Ruth González por San Luis Potosí.

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