La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anuncia la excarcelación de más de 500 presos políticos bajo la Ley de Amnistía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció de manera oficial que un contingente superior a los 500 detenidos por motivos políticos será excarcelado. Esta medida se ejecuta al amparo de la Ley de Amnistía promulgada por la actual administración y bajo un escenario de constante presión diplomática por parte de Washington, tras el cambio de régimen ocurrido a principios de este año.

Incremento en la Cifra de Liberaciones

Durante su mensaje del viernes, la mandataria interina explicó que el volumen de excarcelaciones proyectado originalmente por el Poder Legislativo se incrementó significativamente para agilizar la despresurización de los centros penitenciarios:

“El presidente de la Asamblea Nacional (había anunciado) que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado (...) y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones”.

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— Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela.

Balance Oficial de la Ley de Amnistía

El marco jurídico de amnistía fue promulgado en febrero, pocas semanas después del derrocamiento de Nicolás Maduro derivado de una incursión militar estadounidense efectuada en enero. Según el corte informativo de la presidencia encargada, el impacto de la ley se desglosa de la siguiente manera:

• Beneficiarios totales: 8,740 personas han alcanzado algún tipo de beneficio legal.
• Excarcelaciones previas: De esa cifra total, 314 ciudadanos se encontraban formalmente en prisión y recuperaron su libertad en semanas anteriores.
• Situación jurídica general: El grueso de los beneficiados adicionales (más de 8,400 personas) mantenía procesos abiertos bajo medidas de libertad condicional y restricciones de movilidad.

El Contexto de los Presos Políticos en Venezuela

Durante el mandato anterior, miles de ciudadanos venezolanos fueron arrestados en el marco de manifestaciones de resistencia civil, operativos domiciliarios o en sus propios centros laborales, siendo procesados penalmente bajo cargos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.

A pesar del optimismo del gobierno interino por los nuevos alcances de la ley, las organizaciones civiles mantienen reservas. La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal reportó que, de acuerdo con sus auditorías de derechos humanos, todavía existen poco más de 450 personas detenidas por razones estrictamente políticas en los diferentes penales del país, por lo que instan a mantener el proceso de revisión de expedientes sin excepciones.

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