Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, acepta ser testigo cooperante en EEUU

Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, fue presentado este viernes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que le imputan las autoridades estadounidenses. De acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de El Universal, el exfuncionario aceptó colaborar como testigo cooperante, con posibles medidas de protección si se determina que su vida corre peligro.

Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo de 2026 desde Hermosillo, Sonora, cruzando por la Garita de Nogales hacia Arizona. Desde allí quedó bajo custodia del US Marshals Service y su expediente fue radicado en Nueva York, permaneciendo recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) con registro número 62685-512. Antes de su traslado, un juez federal en Michoacán había otorgado un amparo que buscaba frenar su detención y extradición, aunque Mérida Sánchez aceptó voluntariamente el procedimiento.

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Acusaciones formales en su contra

La acusación judicial presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York detalla que Mérida Sánchez habría participado en una conspiración con el cártel conocido como Los Chapitos para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Entre los señalados en la misma causa se encuentran el propio gobernador con licencia de Sinaloa y otros nueve funcionarios o exfuncionarios.

El documento judicial precisa que durante 2023 y 2024, Mérida Sánchez habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos de Los Chapitos y, a cambio, proporcionaba avisos anticipados de operativos de las fuerzas del orden en laboratorios y casas de seguridad del cártel, permitiendo que evacuaran personal y drogas antes de las redadas. Además, según la acusación, Mérida Sánchez y otros funcionarios habrían entregado información sobre investigaciones en curso y operativos planeados por el Ejército o la Armada mexicana.

Como resultado de estos delitos, el gobierno estadounidense exige que los acusados pierdan cualquier propiedad o ganancia obtenida de estas actividades ilícitas, conforme a la legislación federal sobre sustancias controladas.

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