La industria móvil solicitó cancelar de inmediato el registro obligatorio de líneas porque costará más de cuatro mil millones de pesos a los operadores y el padrón sin datos biométricos será inútil para frenar delitos de seguridad digital tras el fracaso del cumplimiento de la meta oficial

El registro obligatorio de líneas móviles impulsado por el Gobierno y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió un nuevo frente de tensión con la industria, que advierte costos millonarios, riesgos operativos y una baja efectividad para fines de seguridad pública. Operadores y asociaciones del sector sostienen que el modelo actual obliga a asumir gastos elevados sin ofrecer un mecanismo robusto de validación de identidad.

Según información publicada por El Financiero, directivos del sector y especialistas en telecomunicaciones consideran que el esquema fue diseñado con vacíos técnicos que comprometen su utilidad real. La principal crítica es que el padrón no incorpora datos biométricos, por lo que la verificación de los usuarios queda limitada a una selfie en registros remotos o a la presentación de una identificación oficial y la CURP en trámites presenciales.

¿Qué objeta la industria al registro obligatorio de líneas móviles?

La crítica más dura vino de Mony De Swaan Addati, presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), que agrupa a más de 20 prestadores del servicio. El directivo advirtió que, tal como fue planteado, el padrón no debería continuar.

México

México permite que algunos usuarios registren su celular sin huellas ni biométricos en tiendas pero la medida no aplica para todas las compañías antes del plazo del 30 de junio de 2026

“Yo tiraría el registro a la basura, así como está planteado no lo seguiría. El registro tal y como está tiene huecos por demasiados lados para que termine siendo un mecanismo eficiente y al mismo tiempo están dañando al ecosistema de telecomunicaciones móviles”, afirmó.

A esta postura se sumó Ernesto Piedras, director general de The CIU, quien alertó que el conflicto regulatorio ya está tensando la relación entre autoridades y empresas. En su análisis, el gobierno está trasladando a los operadores los costos, riesgos operativos y el desgaste reputacional sin ofrecer garantías de efectividad en materia de seguridad pública.

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¿Cuánto costará a los operadores cumplir con el padrón?

La industria calcula que el nuevo esquema costará más de cuatro mil millones de pesos. El mayor gasto provendrá del proceso de validación de identidad de los usuarios, que obliga a desarrollar plataformas tecnológicas, sistemas de consulta, mecanismos de autenticación y almacenamiento seguro para más de 160 millones de líneas móviles en el país.

De ese monto, alrededor de 22 millones de pesos corresponderían solo a la plataforma central, de acuerdo con reportes de la CRT. El resto recaería directamente en empresas como Telcel, AT&T, Telefónica, Altán Redes y en los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que además tendrían que contratar servicios mayoristas adicionales para cumplir con la regulación.

El sector advierte que este impacto económico no es menor, sobre todo para los OMV, que dependen de procesos ágiles de alta y de una base de clientes de prepago con alta rotación. En ese segmento, cualquier fricción adicional puede ralentizar la captación de usuarios o elevar los costos comerciales.

¿Por qué preocupa que no se usen datos biométricos?

La principal alarma técnica es que el modelo vigente no incorporó biométricos, a pesar de que ese elemento habría permitido una comprobación más sólida de identidad. Bajo el esquema actual, la única verificación en trámites remotos es una foto o selfie, mientras que en registros presenciales basta con presentar una identificación oficial y la CURP.

Para la industria, esto elimina el componente que podría blindar el sistema frente a suplantaciones o registros irregulares. De Swaan, también expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), advirtió que cuando una medida de esta magnitud se toma como una decisión política y no como una política pública técnica, se abre “un boquete” a la seguridad.

En ese punto, el sector considera que el gobierno ignoró advertencias especializadas y avanzó con un modelo que puede ser costoso e ineficiente al mismo tiempo. La preocupación no es solo regulatoria. También alcanza la protección de datos y la confianza de los usuarios en el manejo de información sensible.

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¿Qué relación tiene este registro con Estados Unidos?

Otro de los cuestionamientos planteados por De Swaan es que el padrón, en su diseño actual, no cumpliría con los estándares y objetivos considerados en los acuerdos de cooperación con Estados Unidos sobre seguridad y trazabilidad de líneas telefónicas.

El exregulador sostuvo que la demanda de fortalecer la identificación de usuarios tiene lógica en el marco de la relación bilateral, pero aseguró que México no está instrumentando correctamente el mecanismo. Esa afirmación proviene de su análisis y no de una resolución pública de alguna autoridad bilateral, por lo que se trata de una postura atribuida.

Su preocupación central es que se está priorizando el cumplimiento formal por encima de la construcción de un sistema sólido, interoperable y con garantías reales para la protección de datos personales.

¿Se está cumpliendo la meta de registro antes del plazo límite?

Hasta el 19 de abril, la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, reportó el registro de 30.2 millones de líneas, lo que equivale a apenas 18.9 por ciento del universo nacional de más de 160 millones.

La funcionaria reconoció que, para completar el padrón antes del 30 de junio, sería necesario registrar en promedio 1.5 millones de líneas diarias. Sin embargo, el ritmo real está entre 320 mil y 352 mil líneas por día, muy por debajo de la meta.

El avance también es desigual entre empresas:

• AT&T reporta un progreso de 29 por ciento
• Bait lleva 28 por ciento
• Telcel alcanza 19 por ciento
• Movistar registra 16 por ciento

Estas cifras muestran distintos niveles de adopción entre usuarios y refuerzan la percepción de que el calendario oficial es difícil de cumplir en las condiciones actuales.

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¿Cómo puede afectar este esquema al mercado y a los usuarios?

La AMOMVAC recordó que, durante el primer trimestre, los operadores registraron una desaceleración en la incorporación de nuevos usuarios. Aunque el sector no atribuye de manera exclusiva ese resultado al padrón, sí advierte que el nuevo requisito añade fricción a la contratación y puede afectar la dinámica comercial del mercado móvil.

Para los usuarios, el debate no solo gira en torno al trámite adicional, sino a la certeza de que la información personal será resguardada con estándares suficientes. Para las empresas, el problema es doble: deben invertir miles de millones de pesos en infraestructura y procesos sin que exista una garantía clara de que el sistema impedirá fraudes, suplantaciones o vulneraciones de seguridad digital.

El mensaje que hoy lanza la industria es que el problema no se resolvería con una prórroga. En su opinión, el diseño del registro obligatorio debe replantearse de fondo si el objetivo es construir un mecanismo útil, proporcional y técnicamente sostenible.