Antes de pedir licencia, Rubén Rocha Moya impulsó una iniciativa para que pudiera blindar los datos de su gobierno sobre el gasto público y reducir los controles ciudadanos en Sinaloa

SINALOA.- Mientras el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta una crisis política tras los señalamientos difundidos desde Estados Unidos contra él y parte de su círculo cercano, en el Congreso local permanece en análisis una iniciativa promovida por su administración que modificaría de forma profunda la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

De acuerdo con El Universal, la propuesta fue presentada oficialmente el pasado 16 de abril ante el Congreso de Sinaloa, según documentos legislativos y análisis realizados por organizaciones civiles del estado. Aunque el gobierno estatal argumentó que los cambios buscan homologar la legislación local con el marco federal y reducir costos administrativos, colectivos ciudadanos y organismos anticorrupción alertaron que la iniciativa podría limitar el acceso a información pública relacionada con el uso de recursos gubernamentales.

El caso tomó relevancia nuevamente debido a que la iniciativa avanzó con rapidez semanas antes de que Rocha Moya solicitara licencia y antes de que surgieran acusaciones desde EE.UU. contra él y nueve colaboradores y exfuncionarios de su gobierno. Diversas organizaciones consideran que el contexto político vuelve especialmente sensible cualquier modificación relacionada con transparencia y rendición de cuentas.

¿Qué cambios propone la iniciativa de transparencia impulsada por Rocha Moya?

De acuerdo con el análisis técnico realizado por la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS), la propuesta contiene al menos 20 puntos considerados preocupantes para el derecho de acceso a la información.

Entre los cambios señalados se encuentra la posibilidad de reservar comprobantes fiscales, recibos y documentos relacionados con el ejercicio del gasto público. También se amplían las causales para clasificar información como reservada.

Según el documento de ReCIAS, podrían mantenerse fuera del acceso ciudadano temas vinculados con:

• Seguridad nacional
• Estabilidad financiera
• Estudios y proyectos del Estado
• Procedimientos administrativos en curso
• Información cuya difusión pudiera interpretarse como daño al interés público

La organización sostiene que el lenguaje utilizado en varios apartados es amplio y ambiguo, lo que podría abrir espacios para interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades.

“Estos cambios reducen el alcance del derecho de acceso a la información y generan riesgos de regresividad y menor control ciudadano sobre el poder público”, expuso ReCIAS en su posicionamiento.

La red está integrada por agrupaciones como Coparmex, Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Sabuesos Guerreras, No se metan con nuestras hijas y Tacuichamona MX.

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¿Por qué organizaciones civiles consideran que habría un retroceso?

Uno de los principales cuestionamientos es que la iniciativa elimina o reduce mecanismos considerados fundamentales para la vigilancia ciudadana.

Entre los cambios criticados destacan:

• El aumento del plazo de respuesta a solicitudes de información, de 10 a 20 días
• La desaparición del Consejo Consultivo ciudadano
• La eliminación de conceptos como “gobierno abierto” y “transparencia proactiva”
• La reducción de obligaciones de transparencia para partidos políticos y sindicatos
• La desaparición de mecanismos locales de supervisión en municipios

Además, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Sinaloa también emitió observaciones sobre la propuesta.

En un comunicado, el CPC señaló que existe “falta de independencia del organismo garante y ausencia de mecanismos de participación ciudadana en el sistema propuesto”.

Para especialistas en acceso a la información, uno de los puntos más sensibles es la disminución de obligaciones para partidos políticos y sindicatos, ya que dejarían de transparentar información relacionada con:

• Contratos y convenios
• Financiamiento público y privado
• Listas de aportantes
• Tabuladores salariales
• Currículums de dirigentes y candidatos
• Estados financieros
• Inventarios patrimoniales
• Resoluciones disciplinarias

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¿Cómo avanzó la iniciativa dentro del Congreso de Sinaloa?

La propuesta avanzó rápidamente tras ser presentada.

Según el proceso legislativo documentado en el Congreso local:

• El 16 de abril ingresó oficialmente mediante la Secretaría General de Gobierno
• El 21 de abril recibió primera lectura
• Tres días después obtuvo segunda lectura

Actualmente permanece en fase de dictaminación en las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como en la de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.

La iniciativa fue presentada cuando la Secretaría General de Gobierno era encabezada por Yeraldine Bonilla, quien posteriormente asumió funciones como mandataria interina.

Hasta el cierre de la información citada, no se había obtenido una postura pública de María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

¿Qué relación tiene esta iniciativa con las acusaciones surgidas en EEUU?

La discusión pública sobre la reforma de transparencia se intensificó después de que autoridades estadounidenses señalaran presuntos vínculos con narcotráfico contra Rocha Moya y nueve colaboradores y excolaboradores de su administración.

Entre los mencionados se encuentran:

• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
• Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Gobierno

Particularmente, Díaz Vega se convirtió en uno de los personajes más cuestionados luego de que se difundieran acusaciones relacionadas con presuntas amenazas políticas durante el proceso electoral en el que Rocha Moya ganó la gubernatura.

Hasta ahora, las acusaciones conocidas públicamente provienen de información atribuida a autoridades estadounidenses y reportes periodísticos; no existe una sentencia judicial sobre esos señalamientos.

¿Por qué el manejo del dinero público ya era tema de debate en Sinaloa?

Antes de las acusaciones recientes, el gobierno de Rocha Moya ya enfrentaba cuestionamientos relacionados con transparencia y gasto público.

Entre los temas señalados públicamente se encuentran:

• Créditos y préstamos por alrededor de 4 mil 500 millones de pesos para obras públicas y pago de deudas
• Gastos de viáticos atribuidos a exfuncionarios
• Facturación de gastos durante viajes oficiales de integrantes del gabinete estatal

Estos antecedentes provocaron que organizaciones civiles consideraran especialmente delicada cualquier reforma que limite el acceso a documentos relacionados con recursos públicos.

Para colectivos ciudadanos, el debate no solo se centra en una modificación legal, sino en el momento político en que ocurre y en el impacto que podría tener sobre la capacidad de la sociedad para revisar cómo se ejerce el poder en Sinaloa.

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