FGR asegura que altos mandos de la Marina protegían a los Farías Laguna en su red de huachicol fiscal en aduanas y un contraalmirante fue asesinado para evitar que los exhibiera
La Fiscalía sostiene que los hermanos Farías Laguna operaban con respaldo institucional mientras avanzan investigaciones por contrabando de combustibles, asesinatos y presuntos actos de corrupción ligados a aduanas marítimas.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en documentos judiciales que el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando Farías Laguna, investigados por presuntamente encabezar una red de “huachicol fiscal” en aduanas del País, contaban con protección derivada de su parentesco con el entonces Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
La información forma parte de una solicitud de orden de aprehensión presentada por la FGR contra 15 empresarios, agentes aduanales y apoderados relacionados con la investigación.
El documento fue retomado en reportes periodísticos y también incluye referencias al asesinato del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en noviembre de 2024. La propia Fiscalía sostiene que el crimen habría tenido como finalidad impedir que se hicieran públicas denuncias relacionadas con la operación de los Farías Laguna.
Aunque la FGR menciona a Rafael Ojeda Durán dentro de la narrativa del caso, el ex Secretario de Marina no aparece como imputado en esta carpeta de investigación. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró el pasado 19 de febrero que no existe una línea de investigación abierta contra el ex funcionario por el caso relacionado con sus sobrinos.
¿Qué dijo exactamente la FGR sobre la supuesta protección a los Farías?
De acuerdo con el documento judicial, la Fiscalía sostiene que la red presuntamente liderada por los hermanos Farías Laguna operaba bajo un esquema de protección institucional.
La FGR escribió en su solicitud que los involucrados “contaban con protección derivada de su parentesco con el entonces Almirante Ojeda Durán”.
La acusación aparece dentro del contexto del asesinato del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima.
Según la Fiscalía, antes de ser asesinado, el mando naval sostuvo reuniones relacionadas con información sensible sobre la estructura que presuntamente operaba el contrabando de combustibles en aduanas marítimas.
¿Por qué la FGR relaciona el asesinato del Contralmirante Guerrero Alcántar con el caso?
La Fiscalía sostiene que Guerrero Alcántar habría compartido información sensible con personal de la Secretaría de Marina antes de su muerte.
En el documento judicial se menciona que el Contralmirante informó previamente sobre su periodo vacacional y los lugares donde permanecería, incluyendo Manzanillo y Mazatlán.
La FGR afirma que esa información “sólo era del conocimiento de personal de la Secretaría de Marina”, por lo que considera que eso facilitó su ubicación y posterior asesinato.
Dentro del expediente judicial, la Fiscalía sostiene:
“Dicha información sólo era del conocimiento de personal de la Secretaría de Marina, circunstancia que facilitó su ubicación y posterior ejecución”.
La dependencia también asegura que el objetivo habría sido “silenciarlo y evitar que se hiciera pública la estructura, operación y protección institucional” relacionada con la red de huachicol fiscal.
¿Qué es el llamado “huachicol fiscal” que investiga la FGR?
El término “huachicol fiscal” se utiliza para describir esquemas ilegales relacionados con la importación, transporte o comercialización de combustibles mediante evasión de impuestos, alteración de documentos aduanales o contrabando.
En esta investigación, la FGR indaga una presunta estructura que habría operado desde aduanas marítimas para facilitar el ingreso irregular de hidrocarburos.
La carpeta incluye señalamientos sobre:
- Presuntos sobornos a funcionarios
- Operaciones de contrabando de combustibles
- Uso de agentes aduanales y empresas
- Protección institucional
- Amenazas y violencia contra personas relacionadas con el caso
La Fiscalía afirma que el grupo investigado tenía “capacidad de corrupción y alto nivel de violencia”.
¿Qué pasó con la orden de aprehensión contra empresarios y agentes aduanales?
La solicitud de órdenes de aprehensión presentada por la FGR fue devuelta el 29 de marzo por la jueza federal Mariana Vieyra Valdez.
La juzgadora señaló presuntas deficiencias técnicas dentro de la solicitud ministerial, por lo que el trámite tuvo que regresar a la Fiscalía para ajustes procesales.
Hasta ahora, no se ha informado públicamente si la FGR volvió a presentar la solicitud corregida.
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¿Por qué la FGR también menciona otras muertes relacionadas con el caso?
La Fiscalía considera que existen elementos para sospechar de posibles “ajustes de cuentas” tras la muerte de otros dos mandos navales:
- El Capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez
- El Capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga
Oficialmente, las muertes fueron clasificadas como suicidio y accidente. Sin embargo, la FGR plantea dudas debido al contexto de violencia que atribuye a la organización investigada.
En el expediente judicial, la dependencia afirma:
“Quedan evidenciados los alcances, capacidad de corrupción y alto nivel de violencia utilizados por los integrantes de esta empresa criminal”.
La Fiscalía también sostiene que la organización presuntamente recurría a amenazas, coerción y homicidios contra quienes proporcionaban información sobre su operación.
¿Qué respondió Manuel Roberto Farías Laguna?
El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna ha rechazado las acusaciones.
En una quinta carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, el mando naval pidió la intervención del Gobierno federal y aseguró que se encuentra encarcelado sin pruebas “irrebatibles”.
Farías también acusó a la FGR y a la Secretaría de Marina de restringir información que, según él, serviría para acreditar su inocencia.
Dentro de la carta enviada a la Presidenta, escribió:
“Que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa”.
El militar sostiene que la reserva de información por motivos de seguridad nacional lo coloca en estado de indefensión.
¿Qué ocurrió con el túnel clandestino hallado en Nuevo León?
Mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el presunto huachicol fiscal, autoridades federales informaron recientemente sobre el desmantelamiento de un túnel clandestino conectado a instalaciones de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León.
En el operativo fueron asegurados:
- 205 mil 418 litros de hidrocarburos
- 23 tractocamiones
- 10 autotanques
- Una grúa
- Siete cajas secas
- Tres vehículos
- Un contenedor marítimo
El hallazgo forma parte de las acciones federales contra el robo y contrabando de combustibles en México.
¿Qué sigue en la investigación?
Hasta el momento, la FGR mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con la presunta red de contrabando de combustibles en aduanas.
Aunque la Fiscalía hace referencia a posibles vínculos de protección institucional, no existe públicamente una imputación formal contra Rafael Ojeda Durán dentro de esta carpeta.
El caso continúa bajo revisión judicial y podría avanzar conforme la Fiscalía corrija las observaciones hechas por la jueza federal sobre las órdenes de aprehensión solicitadas.
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