Oposición exige el desafuero de Rubén Rocha Moya tras acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, mientras el Congreso local aprobó su licencia temporal de 30 días

El sábado, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia temporal de 30 días solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien pidió separarse del cargo en medio de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Esa acusación señala al mandatario y a otras nueve personas por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo conspiraciones para importar narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

De acuerdo con la cobertura publicada por El Financiero, la reacción no tardó en llegar desde la oposición. Tanto Movimiento Ciudadano (MC) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa rechazaron que la licencia sea suficiente y exigieron medidas de mayor alcance legal, entre ellas el desafuero del gobernador.

¿Qué argumentó Movimiento Ciudadano?

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, fue directo en su postura. A través de sus redes sociales, sostuvo que la licencia de Rocha Moya “es un paso, pero no es suficiente”.

“Mientras mantenga el fuero, la impunidad continúa. Él y todos los funcionarios implicados deben ser desaforados“, señaló Álvarez Máynez.

El argumento central de MC es que la licencia no elimina la protección constitucional que le impide a las autoridades mexicanas proceder penalmente de forma directa contra el gobernador. Sin el desafuero, la investigación de la FGR encuentra límites formales mientras Rocha Moya conserve su condición de servidor público con fuero.

¿Qué exigió el PRI Sinaloa?

La dirigencia del PRI en Sinaloa emitió un posicionamiento en el que calificó la crisis como “real y de gran magnitud”. El partido advirtió que la separación del cargo del gobernador y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también solicitó licencia provisional, es “apenas un primer paso frente a los señalamientos existentes”.

El PRI demandó tres cosas concretas a las instituciones:

• Esclarecimiento de los hechos y divulgación pública de los resultados.
• Investigaciones serias sin protección política para ningún involucrado.
• Transparencia total sobre quiénes están implicados y qué responsabilidades existen.

“No basta con discursos de defensa política; se requieren resultados claros”, subrayó el partido en su comunicado.

El PRI Sinaloa también advirtió que la entidad “no debe cargar con las consecuencias de decisiones, omisiones o posibles complicidades de sus autoridades”, y exigió que las instituciones mexicanas actúen “con autonomía, firmeza y sin protección política”.

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¿Qué dijo Rubén Rocha Moya al pedir su licencia?

En un video publicado en sus redes sociales, Rocha Moya afirmó que su decisión responde a una “profunda convicción republicana” y que la licencia tiene como objetivo “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”.

El gobernador con licencia se declaró inocente de los cargos contenidos en la acusación federal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el miércoles 30 de abril de 2025, que describe presuntas conspiraciones con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a territorio estadounidense.

“A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré”, afirmó.

Rocha Moya también descartó que la situación vaya a afectar al movimiento político al que pertenece. “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento”, dijo en referencia a Morena, el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quiénes más están acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos?

La acusación federal abarca a diez personas en total. Además de Rocha Moya y del alcalde Gámez Mendívil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó en la lista a los siguientes funcionarios y ex funcionarios, conforme al documento oficial:

• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
• Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
• Enrique Inzunza Cázarez
• Enrique Díaz Vega
• Dámaso Castro Zaavedra (grafía conforme al texto de la acusación federal)
• Marco Antonio Almanza Avilés
• Alberto Jorge Contreras Núñez
• José Antonio Dionisio Hipólito

La nota aclara que la acusación es un instrumento legal que establece cargos formales, pero no equivale a una sentencia condenatoria. Todos los acusados mantienen la presunción de inocencia conforme al derecho mexicano y al proceso legal que corresponda en cada jurisdicción.

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¿Qué sigue después de la aprobación de la licencia?

Con la aprobación del Congreso de Sinaloa, Rocha Moya quedó separado del cargo por un periodo de 30 días a partir de este sábado 2 de mayo. Durante ese tiempo, la FGR tiene margen para avanzar en su investigación.

En el caso del municipio de Culiacán, Miriam Ramos Villarreal asumió como sustituta del alcalde Gámez Mendívil tras la aprobación de su licencia provisional.

Lo que no queda resuelto con la licencia es la demanda de la oposición: el desafuero formal, que requeriría un proceso legislativo distinto y que hasta el cierre de esta nota no ha sido solicitado por ninguna fuerza con representación suficiente para impulsarlo en el Congreso de Sinaloa ni en la Cámara de Diputados federal.

¿Cómo afecta esto a Sinaloa?

El estado atraviesa desde mediados de 2024 una crisis de seguridad derivada del enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa. La acusación federal de Estados Unidos añade una dimensión institucional al conflicto: señala que autoridades del propio estado habrían tenido vínculos con esa organización criminal durante ese periodo.

La exigencia de la oposición de que haya rendición de cuentas real, no solo una licencia temporal, refleja la tensión entre la necesidad de mantener la gobernabilidad en Sinaloa y la presión legal y política derivada de una acusación sin precedente reciente en México por su alcance institucional.