SCJN frenó un cobro de 5 mil 810 millones de pesos que el gobierno de Miguel Ángel Mancera reclamó al ISSSTE, al concluir que los inmuebles federales destinados a la salud pública no deben pagar predial
El fallo establece que los gobiernos locales no pueden cobrar este impuesto de forma automática y que deben probar primero que los inmuebles no se usan para servicios de salud, dejando sin efecto la demanda presentada cuando Mancera fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
En 2017, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera promovió una demanda para exigir al ISSSTE el pago de 5 mil 810 millones de pesos por impuesto predial, impuesto sobre nóminas y derechos por suministro de agua, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 a 2013.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que los inmuebles del ISSSTE están exentos del pago del impuesto predial, al tratarse de bienes del dominio público federal destinados a la prestación de servicios públicos, como la salud.
¿Qué determinó la Corte sobre el cobro millonario?
Al analizar el amparo, el Pleno de la Corte —por seis votos a favor— decidió revocar la sentencia de un Tribunal Colegiado, conceder el amparo al ISSSTE y devolver el expediente para que se revise si la autoridad fiscal capitalina probó correctamente que los inmuebles del Instituto no estaban destinados al servicio público.
La Corte fue clara: la carga de la prueba corresponde a la autoridad fiscal, y no al ISSSTE, como se había sostenido previamente.
Es decir, el gobierno local debe demostrar que un inmueble federal no cumple funciones públicas si pretende cobrar impuestos.
Impuesto sobre nóminas y agua: resoluciones distintas
En el caso del impuesto sobre nóminas, la Corte ordenó que el Tribunal Colegiado vuelva a analizar los argumentos del ISSSTE. Sin embargo, no concedió la exención respecto al pago por derechos de suministro de agua, al considerar que ese concepto sí puede ser exigible.
Un monto que supera presupuestos completos
El adeudo que el gobierno capitalino buscaba cobrar supera los 5 mil millones de pesos, una cifra mayor incluso al presupuesto anual de instituciones como el Senado de la República y la propia Suprema Corte. Además, equivale a más del 20% de la recaudación total de predial proyectada para la Ciudad de México en 2026.
No es un caso aislado
En 2024, la Corte resolvió un asunto distinto en el que sí avaló el cobro de más de 3 mil 575 millones de pesos por impuesto predial a la Comisión Federal de Electricidad, por la Central Hidroeléctrica Malpaso, en Chiapas, estableciendo que el cobro depende del uso y régimen jurídico de cada inmueble federal.
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