Morena quiere posponer la elección de jueces hasta 2028 y endurecer los filtros de candidatos porque en 2025 ganaron perfiles que el propio partido reconoce como cuestionados
El oficialismo prepara una reforma constitucional que rediseña el modelo de elección judicial antes de su segunda prueba. El diseño cuenta con el visto bueno de la presidenta Sheinbaum, aunque públicamente se presentará como una iniciativa legislativa
¿Qué salió mal en la elección judicial de 2025?
La autocrítica dentro de Morena existe, aunque se expresa en eufemismos. La elección inédita de jueces, magistrados y ministros celebrada en 2025 dejó resultados incómodos para el oficialismo: baja participación ciudadana, campañas sin sustancia y, sobre todo, la llegada a cargos clave de perfiles sin la experiencia ni la solidez técnica esperadas.
Según reportó El País, fuentes cercanas al proceso reconocen en privado que el objetivo de la nueva reforma es evitar que se repita el desorden de 2025 y blindar la legitimidad del mecanismo antes de su segunda gran prueba.
En algunos casos, perfiles que ganaron cargos fueron cuestionados incluso dentro del propio oficialismo.
¿Por qué se quiere posponer la siguiente elección hasta 2028?
El primer y más relevante cambio propuesto es trasladar la siguiente elección judicial al primer domingo de junio de 2028, para que no coincida con las elecciones federales intermedias de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, diputaciones y miles de cargos locales.
El diagnóstico interno es claro: mezclar ambas elecciones complica operativamente los comicios, diluye la deliberación pública sobre los candidatos judiciales y somete el proceso a dinámicas partidistas.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados y uno de los principales promotores de la reforma, lo plantea en términos institucionales: separar las fechas permitirá que la ciudadanía evalúe a los aspirantes con mayor detenimiento y reducirá la presión política sobre un poder que debe ser independiente.
Pero en privado, voces del oficialismo admiten razones más concretas: evitar los acordeones para inducir el voto, el voto desinformado que caracterizó la jornada anterior y el galimatías operativo que enfrentaría el INE si administra ambas elecciones al mismo tiempo.
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¿Qué cambios se proponen para los perfiles de los candidatos?
Aquí está el corazón del problema. La reforma plantea sustituir criterios como las cartas de recomendación de vecinos por mecanismos homogéneos de evaluación técnica. Los cambios concretos son:
Exámenes de conocimientos obligatorios para todos los aspirantes. Certificaciones emitidas por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Requisitos más estrictos de experiencia: 10 años para aspirantes a ministros y 7 años para magistraturas de circuito.
La intención es cerrar el paso a candidaturas improvisadas o impulsadas por capital político más que por trayectoria jurídica. En 2025, la amplitud de candidaturas y la falta de filtros efectivos derivaron en una oferta de candidatos casi imposible de procesar para el electorado.
¿Qué pasa con los comités de evaluación?
Otro cambio clave es la eliminación de los tres comités de evaluación, uno por cada poder de la Unión, para sustituirlos por un Comité Único de Evaluación integrado por nueve personas, con tres designaciones por cada poder.
La medida busca homogeneizar criterios, concentrar la responsabilidad en un solo órgano y evitar las disparidades y discrecionalidad que ocurrieron en 2025.
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¿Qué pasa con los candidatos con vínculos partidistas?
La enmienda incorpora una cláusula que prohíbe haber sido militante o dirigente de un partido político en el año previo a la convocatoria. La disposición responde a una crítica recurrente: la politización de las candidaturas judiciales.
Sin embargo, la pregunta queda en el aire: ¿un año es suficiente para garantizar una verdadera desvinculación partidista?
Además, se propone reducir el número de candidaturas por puesto, lo que permitiría un escrutinio más riguroso pero también implica un mayor control en la fase de selección, donde se define quién llega a la boleta.
¿Hay cambios también en la estructura del Poder Judicial?
Sí. El paquete de reformas va más allá del proceso electoral. Incluye una reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos secciones: administrativa y jurisdiccional, con el objetivo de agilizar la resolución de casos y reducir el rezago. También plantea mejorar la coordinación entre el órgano de administración, el Tribunal de Disciplina Judicial y la propia Corte.
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¿Por qué estos cambios no se incluyeron antes?
La pregunta incómoda dentro del oficialismo es por qué estos ajustes no se incorporaron en el llamado Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum. La respuesta apunta al ambiente de tensión que se vivió con los aliados del oficialismo, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, lo que llevó a descartar cambios que pudieran complicar las negociaciones.
Ramírez Cuéllar evita mirar atrás. “Ya lo pasado, pasado”, dijo cuando se le cuestionó sobre la omisión.
¿Quién está detrás de esta reforma realmente?
Aunque el proyecto será presentado formalmente por senadores y diputados de Morena, fuentes legislativas coinciden en que su diseño cuenta con el visto bueno y la intervención directa de la presidenta Sheinbaum. La narrativa pública será de "perfeccionamiento" y “ajustes técnicos”.
El reto político es doble. Morena deberá construir consensos no solo con sus aliados, sino también con integrantes del Poder Judicial, incluidos ministros y magistrados que han sido críticos del modelo.
“Estamos construyendo consensos. Queremos platicar con todos, conversar también con los ministros de la Corte, con los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial”, ha sostenido Ramírez Cuéllar.
La promesa de “perfeccionar” la democratización judicial podría chocar con la percepción de que se trata, en realidad, de un intento por corregir un mal experimento.
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