A dos meses de la muerte de “El Mencho”, la FGR solo ha procesado a dos escoltas y mantiene sin avances clave la investigación

CIUDAD DE MÉXICO.– A dos meses del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha logrado iniciar proceso judicial contra los dos escoltas que lo acompañaban cuando intentó darse a la fuga, sin que hasta ahora haya informado avances sustanciales en las investigaciones relacionadas con estos hechos.

Oseguera Cervantes fue herido por elementos del Ejército el pasado 22 de febrero en Tapalpa, cuando intentaba huir de un operativo militar. De acuerdo con información oficial, el capo murió durante su traslado en helicóptero a un hospital.

Durante el operativo, se registraron 252 bloqueos e incendios de vehículos y negocios en al menos 20 estados del país, principalmente en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, lo que evidenció la capacidad de reacción del grupo criminal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las fuerzas armadas fueron víctimas de 27 agresiones que calificó como “cobardes”, las cuales dejaron un saldo de 60 personas muertas —25 de ellas integrantes de la Guardia Nacional—, además de decenas de heridos y 70 detenidos en siete entidades.

El operativo incluyó un cerco terrestre y aéreo en las cabañas del “Tapalpa Country Club”, donde el líder del CJNG se hospedaba con una de sus parejas.

Al día siguiente, la FGR informó que había iniciado diligencias por delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que recibió las armas y cartuchos asegurados.

Además, la Fiscalía Especializada de Control Regional abrió 57 carpetas de investigación en 14 estados, 37 de ellas en Jalisco.

Los dos detenidos, identificados como Andrés “N” y Genaro “N”, fueron vinculados a proceso el 1 de marzo por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y permanecen en prisión preventiva en el penal del Altiplano. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, el cual vence en mayo próximo.

Sin embargo, desde entonces, la FGR no ha vuelto a emitir información pública sobre el caso, ni en comunicados oficiales ni en mensajes de sus voceros.

Escena del crimen contaminada

Días después del operativo, el diario El Universal reveló la existencia de documentos presuntamente extraídos de la cabaña del capo, entre ellos una supuesta “narconómina” y un mapa de control territorial del CJNG en Michoacán.

Fue hasta el 16 de marzo cuando la FGR reaccionó mediante el comunicado 122/2026, en el que reconoció que no aseguró de inmediato el lugar de los hechos por falta de condiciones de seguridad.

“La zona no ofrecía condiciones mínimas para el resguardo del personal ministerial”, indicó la dependencia, que posteriormente solicitó una orden judicial para catear seis inmuebles.

La Fiscalía también señaló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron a las cabañas sin orden de cateo, al forzar cerraduras durante el operativo.

Asimismo, acusó que personas no autorizadas ingresaron previamente a los inmuebles, lo que habría provocado la alteración de la escena.

Debido a ello, la FGR advirtió que no puede garantizar la autenticidad ni la cadena de custodia de los documentos difundidos, por lo que estos no podrán ser utilizados como prueba judicial, incluso si involucran a servidores públicos.

No obstante, la institución abrió una carpeta de investigación para determinar posibles irregularidades de funcionarios en la preservación del lugar.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado sobre el avance de estas indagatorias, ni ha aclarado si investiga la sustracción de evidencia o posibles vínculos entre funcionarios y el CJNG, lo que mantiene en incertidumbre el alcance real del caso.

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