A casi 20 años de Represión de San Salvador Atenco, víctimas denuncian impunidad y ausencia de policías procesados

Ciudad de México.– A casi 20 años de la represión policiaca en San Salvador Atenco, Estado de México, y a ocho años de la condena contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay un solo policía procesado por los hechos, denunciaron víctimas del caso.

Edith Rosales, una de las mujeres que llevó su caso ante instancias internacionales, afirmó que persiste la impunidad, pese a que varias de las víctimas fueron encarceladas tras los hechos ocurridos en mayo de 2006.

“El Estado no ha cumplido con su responsabilidad de investigar y juzgar a los responsables y el caso permanece en la impunidad”, señaló tras una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia realizada de forma virtual.

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Acusan omisiones de autoridades

Durante la audiencia, respaldadas por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, las víctimas denunciaron que tanto autoridades del Estado de México como la Fiscalía General de la República han evadido responsabilidades.

Según Rosales, las instituciones han incurrido en falta de coordinación y retrasos, sin presentar un plan claro de investigación ni garantizar el derecho de las víctimas a participar en el proceso.

Fallas en investigación y falta de justicia

De acuerdo con lo expuesto, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) no ha logrado llevar ante la justicia a 19 expolicías federales señalados, incluidos mandos medios.

Las víctimas también denunciaron errores en las acusaciones y señalaron que no se ha investigado la cadena de mando ni a los autores intelectuales de la represión.

Además, el Ministerio Público solo ha reconocido formalmente a tres de las 11 mujeres como víctimas, lo que limita el acceso a justicia para el resto.

Denuncian revictimización y falta de atención

Las afectadas también criticaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por su “indolencia y negligencia” en la atención médica y psicológica ordenada por la Corte.

De acuerdo con testimonios, solo cuatro de las 11 mujeres continúan recibiendo atención, mientras que otras han tenido que cubrir sus propios gastos médicos, sin recibir reembolsos oportunos.

“Hemos recibido un trato revictimizante”, denunció Yolanda Muñoz, al señalar retrasos incluso en pagos menores.

Medidas de no repetición, pendientes

Entre las obligaciones incumplidas, las organizaciones señalaron que el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual no ha logrado consolidarse ni generar protocolos efectivos.

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Asimismo, denunciaron la falta de avances en la creación de un observatorio independiente de la Guardia Nacional, medida ordenada para evitar abusos en el uso de la fuerza.

Advirtieron que este pendiente cobra mayor relevancia ante cambios recientes, como la integración de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y la falta de controles efectivos sobre su actuación.

Exigen justicia y cumplimiento de la sentencia

Las víctimas insistieron en que, tras dos décadas, el Estado mexicano no ha garantizado verdad, justicia ni reparación integral.

“Después de 20 años seguimos pidiendo algo que debería ser una certeza: seguridad, trato digno y una vida libre de violencia”, expresó Norma Jiménez.

Tras la audiencia, se prevé un nuevo intercambio de información entre el Estado y las víctimas, mientras la Corte IDH podría convocar a una audiencia pública para evaluar el grado de incumplimiento.

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